El Gobierno nacional viene sosteniendo, en distintas intervenciones públicas de funcionarios, que un objetivo del año es achicar la inflación que tanto afecta a los argentinos.
La quinta suba en los precios de los combustibles en menos de dos meses de este año, no parece ser precisamente una buena señal para cumplir con ese objetivo trazado.
Cada suba en las tarifas de combustibles repercute automáticamente en muchos rubros de la economía del país, en especial en provincias como Misiones donde de por sí ya se paga mucho más que en la zona central del país.
Lo preocupante es el impacto que puede darse en el rubro de comestibles de la canasta básica, debido a la suba de costos de fletes en el transporte, porque alejará cada vez más a las familias de una alimentación mínima.
Además, sigue siendo inentendible cómo la petrolera del Estado -que marca la punta de lanza antes que las demás en cada incremento- no puede en su planificación al menos avisar a los consumidores que se aplicarán ajustes en los precios.
¿Cuál es el sentido de tomar desprevenidos a los conductores de vehículos directamente frente al surtidor con las nuevas tarifas, más que generar bronca por la desagradable sorpresa?
El Gobierno debería explicar si, a la par de cada aumento, le baja los subsidios que se aportan en miles de millones a las petroleras, que salen de la recaudación de impuestos de todos los argentinos.
Algo queda en claro ante cada incremento tarifario: el costo de vida en el país seguirá subiendo y los combustibles también, aunque se haga en menores porcentajes en poco tiempo. Y sin previo aviso como hasta ahora.
