Cuando se sancionó la Ley de Presupuesto nacional 2021, el artículo 72 prorrogó el Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano (de hasta 60 kilómetros de servicio) del interior del país.
Se asignaron unos 20 mil millones de pesos para distribuir en todo el año a las 24 jurisdicciones. Ayer se publicó en el Boletín Oficial la resolución 29/2021 del Ministerio de Transporte de la Nación por la cual se estableció la distribución de esos recursos, de manera mensual, con muchas exigencias si las provincias pretenden acceden al millonario Fondo compensador.
A Misiones le asignaron en las planillas un total de 986 millones de pesos (en 12 cuotas), de los cuales se remitirán los recursos de enero a marzo por casi 300 millones de pesos. Es que Transportes exige tener antes del 28 de febrero una serie de información para definir los siguientes depósitos de dinero.
Es que será “condición imprescindible y necesaria para la percepción de las acreencias del Fondo de Compensación al Transporte Público urbano y suburbano del interior del país que se devenguen a partir del segundo trimestre del año 2021, que las jurisdicciones beneficiarias conjuntamente con los operadores de los servicios alcanzados por dicho Fondo, hayan suscripto el compromiso de adhesión y cumplido con los requerimientos necesarios para la puesta en marcha de la instalación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)” pero el nacional.
Ese mismo sistema al que Misiones y el Grupo Z (que es el que se lleva la mayor y enorme porción de subsidios) le vienen escapando con diferentes excusas, para seguir operando con la SUBE Misionera que opera Servicios Urbanos, una empresa del mismo empresariado.
Como se viene explicando desde hace varios años, los mismos que se mantuvo la laxitud provincial y nacional hacia el Grupo Z, la SUBE que opera Transporte de la Nación con un fideicomiso del Banco de la Nación obligará a declarar datos más fidedignos en cuanto a unidades, choferes, recorridos, pasajeros y boletos vendidos, etc. Y será mucho más práctica su adquisición, recarga y beneficios para viajar en cualquier lugar del país y en cualquier tipo de transporte.
Misiones debe poner otra parte
Volviendo a los primeros recursos que llegarán a modo “pago a cuenta”, en enero Transporte remitirá a Misiones 147,9 millones de pesos en subsidios; y en febrero y marzo serán 73,9 millones cada uno. En el primer trimestre serán entonces 295,8 millones de pesos.
Los restantes 690,2 millones quedarán pendientes del cumplimiento de la Provincia en remitir convenio de la SUBE Nacional y una serie de datos más.
Para tener una noción de la importante suma de dinero que se volcará en subsidios, al probable cercano momento de debatirse una suba de boletos, Transporte obliga a cada provincia a que se comprometan a asumir un esquema de pagos representativo de, como mínimo, un monto igual al 50% de las compensaciones abonadas por el Estado nacional.
Esto significa que Misiones deberá poner en el año como mínimo $493 millones, una cifra similar a la que ponía cuando la gestión de Mauricio Macri decidió cortar los subsidios al transporte urbano e interurbano sobre el cierre de su mandato.
Desde hace algunos días, comenzó a circular la versión de un posible descongelamiento de las tarifas del cuestionado servicio transporte público en Posadas pero, oficialmente, no hubo avances en ese sentido. Los precios de los boletos venían congelados desde el inicio de la pandemia, ya que Nación remitía más subsidios a través del Fondo COVID-19.
Qué datos quiere Nación para seguir enviando el dinero
En la misma resolución 29, el Ministerio de Transporte incorporó varios anexos donde se listaron informaciones que se exigen a las provincias si quieren seguir recibiendo los fondos compensadores de subsidios para las empresas prestatarias del transporte urbano e interurbano.
Será para “…la redeterminación de los parámetros y coeficientes de distribución, que resultará de cumplimiento prioritario y obligatorio para la continuidad de la asistencia a las jurisdicciones”.
Entre otras, pide: listado de la totalidad de Operadores de Servicio Público de cada jurisdicción; el parque móvil habilitado para las prestaciones; los actos administrativos de autorización donde se detallen los servicios que presta cada operador; “el kilometraje mensual real recorrido sobre las trazas autorizadas (los que deberán surgir de sistemas de conteo electrónico siempre basados en sistemas de seguimiento vehicular mediante el uso de un módulo de posicionamiento global – GPS, con su correspondiente documentación de respaldo que incluirá los recorridos georreferenciados)”, exige la resolución.
Finalmente pide que se informen las revisiones técnicas obligatorias de las unidades que están circulando.
Esa información deberá ser actualizada cada 30 días al sistema online de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que deberá realizar la auditoría de los datos que serán remitidos por las provincias, según la metodología que el organismo determine.
