Un 64,1% de los menores de 18 años vive en hogares donde el dinero que ingresa no le alcanza a la familia para procurarse un conjunto básico de servicios y bienes materiales; es decir, son personas pobres por ingresos.
Y si se considera a los niños y adolescentes que, además de estar en esa condición, sufren algún déficit de acceso a derechos sociales considerados primarios (como habitar una vivienda de cierta calidad, contar con servicios como el de agua corriente, vivir en un hábitat saludable o asistir al sistema educativo), los afectados son el 60,4% del total.
Un año atrás, esos indicadores, de pobreza por ingresos en el primer caso y de pobreza multidimensional en el segundo, eran de 59,5% y 54,6%, respectivamente, siempre considerando a la población de 0 a 17 años de edad.
Los datos son el reflejo estadístico del empeoramiento de las condiciones de vida que sufren cientos de miles de personas en un año de pandemia y muy fuerte caída de la actividad económica y del empleo en el que, además, no cedieron viejos problemas de la Argentina, como la inflación.
Son números que surgen de una nueva edición de la encuesta del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que abarca a un conjunto de centros urbanos (no es equiparable, por su alcance, a la medición del Indec).
La mayor cantidad de pobres, que ya rondarían los 20,3 millones de personas, se disparó en medio de la pandemia de coronavirus, que impactó muy fuerte sobre la actividad económica.
Los resultados también muestran que la indigencia en niños y adolescentes (viven en hogares donde el ingreso no alcanza siquiera para la alimentación más básica) llegó este año a 16%,mientras que en 2019 era de 14,8%.
Una de las conclusiones del trabajo, que contempla datos correspondientes al cuatrimestre comprendido entre julio y octubre, es que el 44,2% de la población total está bajo la línea de pobreza en los centros urbanos representados por el relevamiento; es un índice superior al de 2019 (entonces fue de 41%), un año en el que había tenido una suba significativa desde el 34% de 2018.
En rigor, con pandemia y cuarenta de por medio, todos los indicadores sociales y del mundo del trabajo registraron un deterioro, en un escenario social que ya estaba debilitado.
El índice de población de todas las edades con pobreza multidimensional (población con insuficiencia de ingresos y con al menos una carencia de derechos sociales) resultó de 41%, contra el 37,5% de un año atrás.
“Hubo una profundización de las desigualdades y un aumento tanto de la pobreza por ingresos como de la pobreza estructural”, señaló el sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio, en una charla con periodistas en la que presentó los datos de la encuesta.
Por pobreza estructural los informes de la UCA se refieren a la condición de vivir en hogares con ingresos insuficientes, sumada a la realidad de verse afectado por tres o más déficit en aspectos como la alimentación, la vivienda, el hábitat y el acceso a la educación y al mundo del trabajo.
Salvia aclaró que la medición hecha por la UCA arroja habitualmente un índice de pobreza por ingresos más elevado que el del Indec, porque la muestra que se toma es diferente.
Desde 2016, cuando fueron reconstruidos en el organismo oficial de estadística (intervenido políticamente entre 2007 y 2015) el índice de inflación y los valores de las canastas básicas que representa el umbral de la indigencia y de la pobreza, la medición privada toma esos valores oficiales para hacer las estimaciones de la pobreza por ingresos. Ese parámetro, entonces, sí resulta el mismo que considera el Indec, según explicó Salvia.
En cuanto al alcance de la muestra de la UCA, este año hubo 5728 hogares participantes, en los que viven en 17.920 personas, de las cuales 4220 son niños. El relevamiento abarca a los centros urbanos con 80.000 habitantes o más; entre ellos, la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán – Tafí Viejo y Gran Mendoza.
Entre los indicadores que se refieren a la pobreza multidimensional (cuestiones que no tienen que ver directamente con el dinero ingresado al hogar) está el de inseguridad alimentaria.
Sufren esa condición quienes de manera involuntaria redujeron la porción de comida o tuvieron episodios de hambre por problemas económicos. La población afectada por esa carencia representó el 10,4% del total este año. En 2019 el índice había sido de 9,3% y en 2010, de 7,6%.
En cuanto a otra de las dimensiones de los derechos sociales, el informe muestra que el déficit de asistencia al sistema educativo (se considera aquí a quienes tienen entre 4 y 17 años) aumentó de 4,1% a 5,7% entre 2019 y 5,7%.
En este punto y si se mira el mediano plazo, se revela una mejora en la última década, ya que en la edición 2010 de la encuesta el indicador había sido de 8%.
De todas maneras, este es un aspecto que en 2020 fue afectado de manera significativa por la falta de presencialidad en las clases por las medidas tomadas a partir de la pandemia.
Y, más allá de que el nivel de aprendizaje de los estudiantes se vio alterado por ese hecho, el indicador de la encuesta de la UCA también puede haberse visto influenciado por sesgos vinculados a la forma en que se hicieron las consultas.
Según Salvia, al haber sido todas las encuestas telefónicas, puede existir un sesgo de “deseabilidad positiva”, dado por personas que responden según lo que desean que ocurra y no según lo que en realidad ocurre. Es un sesgo que no existiría o que al menos se vería minimizado en una situación de encuesta de modalidad presencial.
El informe también advierte que, dadas las medidas de aislamiento obligatorio dispuestas por el Gobierno, se generó una crisis de oferta y demanda de bienes, servicios y mano de obra, lo cual altera la manera de evaluar determinados indicadores, como los de actividad laboral y los de demandas de servicios de salud de las personas.
En materia laboral, el 35,2% de la población abarcada por la encuesta vive en hogares donde ningún integrante tiene una ocupación en la que se cumplan los derechos de la seguridad social. En 2019 esa tasa era de 33%, similar a la del año del inicio de la serie, 2010 (33,2%).
El mapa general de la población muestra que el 26,1% no sufre pobreza ni carencias no monetarias, mientras que otro 41% es pobre y tiene al menos un déficit en el cumplimiento de derechos básicos vinculados a la calidad de vida.
El 29,7%, en tanto, no es pobre por ingresos pero sí sufre privaciones no monetarias y, finalmente, el 3,2% es pobre por ingresos y no tiene carencias en materia de vivienda, hábitat o seguridad alimentaria, por ejemplo.
En cuanto a la dinámica del último año, el deterioro de la situación social y laboral hizo que un 12,8% de la población pasara a tener déficit en alguna dimensión de los derechos sociales, cuando en 2019 no lo tenía. Esta última situación tuvo mucha mayor gravedad en el conurbano bonaerense (esa transición afectó al 16,4% de la población) que en la ciudad de Buenos Aires (el índice resultó de 3%).
Vinculada con la particularidad de tratarse de tiempos de cuarentena, una de las conclusiones del estudio indica que en el cuatrimestre considerado (julio a octubre) la situación económica y ocupacional resulta menos grave respecto de los meses previos, cuando el confinamiento era más estricto.
“Sin embargo, no hay evidencias claras de una recuperación importante -se advierte-. Solo destacan algunas medidas parciales de compensación en materia de consumo interno y asistencia social. La reactivación no parece ser un sendero factible en el corto plazo”.
¿Y hacia adelante, entonces? El panorama que se plantea es desalentador: “En tanto se mantenga la actual política recesiva, solo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral”, como también de las desigualdades estructurales.
“Un cambio de rumbo estructural no solo necesitará de fuertes inversiones e impulso a las exportaciones, sino también de políticas que reactiven el mercado interno, apoyen a las micro empresas y mejoren su productividad”, se señala.
Más allá de esa necesidad de dar soluciones sostenibles que permitan sacar de la pobreza a las personas por la vía del trabajo, el informe de la UCA señala que en el último año cuarentena mediante, creció de 43,8% a 55,5% el índice de la población que recibe asistencia alimentaria o ingresos por algún programa social.
En hogares, la participación avanzó de 33,4% a 47,4%. Si no existieran o hubieran existido los programas Alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia, la Asignación Universal por Hijo, las pensiones contributivas y otros planes, la pobreza sería de 53,1% en lugar de 44,2%. Y la tasa de indigencia sería de 27,9% en lugar de 10%.
Además de los ya mencionados, los centros urbanos alcanzados por el relevamiento de la UCA son Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipoletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.
Gráficos: Infobae.
Fuente: lanacion.com.ar
