Fronteras en conflicto por crisis sociosanitaria

La problemática tiene sus variantes en las formas de subsistencia de los mercados informales y la movilidad transfronteriza cuestiones que, en contexto de pandemia, se agravaron. El dato sale de un estudio en provincias limítrofes del norte.

18/11/2020 06:25

TRIPLE FRONTERA. Puerto Iguazú enclavada entre Paraguay y Brasil fue parte del estudio.

Investigadores y autoridades del CONICET y del Ministerio de Seguridad de la Nación presentaron ayer a través de YouTube el “Diagnóstico sobre percepción de seguridad en la población que habita la frontera norte argentina”. Se trata de un estudio realizado en 2018 cuyos resultados recién ahora se hicieron públicos y del cual participaron científicos sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones.

Se hizo a demanda del Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Mauricio Macri, y fue financiado por el BID, en el marco de la implementación del plan Fronteras Seguras que consistía en la bajada de tecnologías de control para esas regiones del país (cámaras, identificación biométrica) y el requerimiento para ello era tener un estudio cualitativo sobre la percepción de la seguridad de los habitantes de la frontera en el norte argentino.

Su resultado fue un monitoreo cualitativo llevado adelante en Puerto Iguazú (Misiones) y en las ciudades de La Quiaca (Jujuy); Salvador Mazza y Aguas Blancas (Salta), donde a pesar de la distancia entre unas y otras se detectaron problemáticas comunes.

“Si bien no hubo objeciones a la implementación de la tecnología, lo que nosotros hicimos fue exponer una serie de situaciones que tenían y tienen que ver con las agendas locales de las zonas de fronteras, por ejemplo las necesidades, situaciones de riesgo y de vulnerabilidad y que dejaban en evidencia que la problemática de seguridad es mucho más amplia”, dijo a PRIMERA EDICIÓN la docente de la Facultad de Humanidades María del Rosario Millán, quien participó del trabajo como investigadora junto a otros compañeros del Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESerH).

“No nos restringimos sólo a las políticas de control de delitos, sino que trabajamos desde la idea de ‘Seguridad Humana’. Relevamos todo aquello que pensábamos tenía que ver con las necesidades sociosanitarias, que fue el principal problema que identificamos”, especificó Millán para quien la importancia de exhibir el estudio radica en que a partir de él se pueden proponer políticas públicas que atiendan cada situación particular.

Criminalidad y delitos

La presentación tuvo entre los oradores a la actual ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic quien entonces fue parte del equipo de estudio, junto a otras autoridades nacionales y del CONICET. “Nosotros recabamos esas necesidades y pudimos hacer una serie de recomendaciones que tenían que ver con cómo implementar políticas públicas con respecto a las necesidades sociosanitarias y de acceso a los servicios con problemáticas de tenencia de tierra”, especificó la experta. (Ver notas vinculadas).

Asuntos prioritarios
El estudio resalta las condiciones sociosanitarias en las ciudades relevadas, ya que ello supone un mayor riesgo para la población y porque ocupan prioritariamente la atención.

 

Qué contempla

El Diagnóstico de percepción sobre la seguridad en la frontera norte, que recién ahora se hace público es el primer trabajo de Vinculación Tecnológica para el área de Ciencias Sociales en Misiones, que se hace desde el Centro Científico Tecnológico del Nordeste. Es un informe cualitativo sobre cómo percibe la población local la seguridad/inseguridad y retrata muchos de los problemas que conforman la agenda de demandas y necesidades desde el punto de vista de las poblaciones.

Sistematiza información existente relativa a criminalidad, considerando aquellos delitos significativos ligados a las categorías de violencia, ilícitos y seguridad, dentro de los que se contemplan homicidios, robos, tráfico de personas, de estupefacientes y contrabando (mercancía que atraviesa la frontera sin pagar tasas fiscales de importación).

 

“No son lugares de delincuencia”

De acuerdo a la detallada explicación de María Millán, en las conclusiones del informe se explicó, “contrariamente a relatos instalados en los medios, que señalan a las fronteras como el espacio propicio para la delincuencia, el terrorismo, el contrabando y el narcotráfico, lo que encontramos en cada uno de los lugares visitados son condiciones de existencia en las que determinadas prácticas mercantiles posibilitan las garantías mínimas para la subsistencia de sus habitantes”.

El estudio permitió en ese sentido vislumbrar un panorama diverso, con semejanzas y diferencias entre estos cuatro lugares (y también con otros lugares de frontera) al mirarlos comparativamente.

El diagnóstico revela aquellos parámetros básicos que, desde la población, resultan significativos en la percepción de seguridad y vulnerabilidad frente a situaciones consideradas riesgosas y vinculadas con la calidad de vida personal, comunitaria y medioambiental.

En tal sentido se resaltan las condiciones sociosanitarias vinculadas con la calidad de la atención a la salud y los fenómenos que requieren de un enfoque epidemiológico.

 

Reclaman políticas integrales

Tras más de dos horas de emisión por el canal de YouTube del Instituto de Estudios Sociales y Humanos, durante sus exposiciones los expertos compartieron no sólo los resultados del diagnóstico, sino que realizaron propuestas específicas a problemas puntuales.

En ese sentido reclamaron la implementación de políticas públicas orientadas a atender las condiciones sociosanitarias, el acceso a los servicios, la diversificación de fuentes laborales y especialmente la prevención y atención de situaciones de violencia de género, una de las grandes cuestiones observadas en la investigación.

En relación con las políticas de seguridad, consideran necesario el desarrollo de políticas integrales que no se limiten a priorizar los procedimientos punitivos y de control; y que atiendan, desde una perspectiva de derechos humanos, las condiciones de los procesos judiciales y carcelarias y las consecuencias de las acciones represivas.