Se concretó la segunda audiencia de conciliación a la cual tenían que presentarse los representes de la fábrica de pellets de madera GP Energy y los demandantes; sin embargo los segundos no se acercaron a la convocatoria. Por esta razón, desde la empresa esperan que avance el proceso, ya que en la actualidad siguen trabajando en horario reducido debido a la orden judicial que le impide funcionar entre las 20 y las 6.
Se debe recordar que el Juzgado Civil y Comercial 1 de Puerto Rico dio lugar a un recurso de amparo por “ruidos molestos” que había sido presentado por una familia que se instaló -recientemente- en una casa construida en un terreno cercano a la planta industrial, que se encuentra ubicada fuera de la zona residencial de Capioví.
Claudio “Kike” Aguirre, gerente de GP Energy, dijo a PRIMERA EDICIÓN que “ellos no se presentaron. No fueron. Estuvo el abogado por parte de la Municipalidad y nosotros”. Agregó que la preocupación de la empresa “es el tiempo”.
En lo que respecta a cómo sigue la causa, explicó que “tenemos dos líneas, por un lado juicio y el recurso de amparo”. Ante esto, expuso que “le dimos toda la información (con los datos) a la abogada de la parte demandante. Ahora tiene diez días hábiles para contestar y pasado ese tiempo, el juez nos vuelve a convocar a una audiencia que será obligatoria y tendrá una penalización de cinco salarios mínimo, vital y móvil en caso de faltar”.
Indicó que “en caso de no arreglarse en esa instancia, el letrado cuenta con la facultad de seguir pidiendo pruebas y de convocar a un perito oficial para que realice la medición oficial”. Sin embargo, la preocupación desde la firma radica en el tiempo que llevará este proceso, ya que “de ser así no se solucionará este año porque empieza la feria”, reconoció.
Parte demandante
Desde la parte demandante habían indicado que “no hay ninguna animosidad contra la empresa: nuestra demanda no es para que GP Energy deje de trabajar ni que cierre, sino que haga las adecuaciones necesarias para reducir la generación de ruido”.
Para esto, acudieron a la ordenanza 219/03, que en su artículo 505 interpretan que se “prohíbe el trabajo de 20 a 6 de aserraderos, talleres mecánicos y toda industria que genere ruidos que trasciendan los límites de la propiedad. “En esa ordenanza es que se basa la resolución del juez”, habían indicado.
Familias
“Tenemos 16 familias que están trabajando con nosotros de forma directa, pero de forma indirecta son más de 300 personas”, dijo Aguirre. Mañana a las 18 se concentrarán bajo la consigna de “justicia y seguridad jurídica para trabajar”.
Las reuniones anteriores
Por otro lado, Claudio Aguirre, gerente de la empresa, recordó que “el juez había llamado a una audiencia de conciliación hace unos 15 días atrás. En esa si asistieron todas las partes”.
Al mismo tiempo adicionó que -en esa ocasión- “nosotros nos comprometimos en hacer una serie de mejoras para disminuir el ruido; mientras que ellos verían la manera de insonorizar un poco la casa; para que el ruido no les afecte tanto”.
Luego de ese encuentro, había quedado establecido que el juez se presentaría in situ para la constatación de las mejoras.
“Nosotros hicimos las mediciones del antes y el después con el decibelímetro para ver cuántos decibeles teníamos”, deslizó el gerente.
De esta manera, explicó que “el juez se presentó y vio que habíamos cumplido con lo que nos habíamos comprometido.
Pero, la parte demandante no había realizado lo que se comprometió; por eso se le pidió al juez que hiciera las mediciones dentro de la casa porque todavía no había constatado el ruido”.
