ARA San Juan: a tres años del hundimiento

El 15 de noviembre de 2017 el submarino argentino y sus 44 tripulantes desaparecían en las aguas del Océano Atlántico. El 17 de noviembre de 2018, dos días después de que se cumpliera el primer aniversario, la nave fue hallada a 500 kilómetros de la costa y a 907 metros de profundidad. Una historia que aún hoy exige respuestas.

15/11/2020 12:21

Uno de los hechos más trágicos y dolorosos de la historia argentina reciente ha sido sin dudas el hundimiento en el Océano Atlántico del submarino ARA San Juan.

Era el más nuevo de los submarinos de la Armada Argentina, una fuerza que integraba junto al ARA Salta y el ARA Santa Cruz, este último del mismo modelo que el buque hallado el sábado 17 de noviembre de 2018 a 500 kilómetros de la costa y a 907 metros de profundidad, dos días después de que se cumpliera el primer aniversario de su desaparición y la de sus 44 tripulantes.

El 13 de noviembre de 2017 zarpó desde Ushuaia con destino a Mar del Plata.

El San Juan perdió contacto a las 7.19 del 15 de noviembre de 2017, ocho horas después de que su jefe de operaciones informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, provocado presuntamente por el ingreso de agua por el sistema de ventilación mientras navegaba en medio de un fuerte temporal, en el marco de una patrulla de mar para tratar de identificar pesqueros ilegales.

Dos días después del primer aniversario de la desaparición, los restos de la embarcación fueron encontrados por el buque noruego Seabed Constructor, perteneciente a Ocean Infinity, una firma estadounidense especializada en rescates y exploraciones subacuáticas, contratada por el Gobierno nacional para llevar adelante la búsqueda con dispositivos capaces de operar en profundidades de hasta 6 mil metros.

La localización se produjo en un área muy próxima al lugar en que se había registrado el último contacto y al sitio en el que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares reportara durante los primeros días de búsqueda un “evento anómalo, singular, corto, violento, y no nuclear, consistente con una explosión”.

De esta manera, el buque clase TR-1700 de la Armada Argentina, de 66 metros de largo, fue detectado completamente deformado e implosionado a 460 kilómetros al este de las costas de Chubut, tras un proceso de búsqueda que se extendió a lo largo de un año y que contó con el apoyo de las marinas de cerca de 20 países que llegaron hasta nuestras aguas con el único propósito de ayudar.

El hallazgo fue comunicado en los primeros minutos del sábado 17 de noviembre por parte de la Armada a las autoridades nacionales, y también a los familiares, muchos de los cuales se encontraban en la ciudad de Mar del Plata, convocados días antes desde todo el país para un homenaje a los submarinistas que había encabezado el Presidente Mauricio Macri en la Base Naval de la localidad balnearia, asiento natural del San Juan.

 

Los hechos

La Armada y el Ministerio de Defensa hicieron pública la noticia a la 1:05 de ese mismo día, a través de las redes sociales, y en cuestión de horas, capturó la atención a nivel mundial, tal como había ocurrido al producirse la desaparición.

La información detallada oficialmente señaló que el casco resistente del buque hundido se encontraba “en una sola pieza, totalmente deformado, colapsado e implosionado” y sin “aberturas de consideración”, con partes de la hélice enterradas y restos de tuberías, cadenas y pedazos de chapas desperdigados en un radio de 80 metros.

Estos indicios reforzaron la hipótesis de que el buque sufrió una “implosión cercana al fondo”, producto de la presión a una profundidad superior a los 900 metros.

El estado del casco refutó numerosas versiones que especulaban con situaciones como un ataque con misiles por parte de una fuerza extranjera, y que se sumaban a cientos de noticias falsas sobre supuestos hallazgos, difundidas especialmente en los días iniciales de la búsqueda.

La localización de los restos significó para los familiares de los 44 submarinistas un punto de cierre para más de doce meses en los que el dolor por la tragedia se combinó con la angustia por la falta de rastros y con el pedido constante -que incluyó marchas, petitorios y un acampe de más de 50 días en Plaza de Mayo- para que el buque fuera encontrado: la aparición reforzó a su vez para todos ellos el reclamo por verdad y justicia.

Tras su localización, se tomaron 67.000 imágenes en alta definición, que ya se encuentran en manos de la jueza federal Marta Yáñez, a cargo de la investigación en Caleta Olivia, que busca determinar las causas del hundimiento y las eventuales responsabilidades penales.

 

Juicio civil

A pocos días de cumplirse el tercer aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan, el expediente judicial llevado adelante por la Jueza Federal de Caleta Olivia Marta Yáñez está siendo sometido a revisión por el tribunal de alzada con sede en Comodoro Rivadavia que integran los doctores Javier Leal de Ibarra ( Presidente) Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman.

Allí tendrán que decidir si el criterio que ha utilizado Yáñez a la hora de dictar procesamientos ha sido correcto o si por el contrario corresponde dictar la falta de mérito (tal como sugiere al menos una de las defensas).

Las querellas por su parte pedirán agravar las imputaciones a los procesados e incluir a otro grupo de funcionarios civiles y militares, incluido el expresidente de la Nación Mauricio Macri por el presunto encubrimiento del hundimiento del submarino.

Esto luego de que un miembro de la Armada aseguró ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que desde el 5 de diciembre de 2017 el Gobierno de Cambiemos sabía dónde estaba la embarcación.

La querella -patrocinada por los abogados Valeria Carreras, Lorena Arias y Fernando Burlando- presentó la semana pasada la denuncia penal ante los tribunales federales de Comodoro Py por encubrimiento agravado contra Macri y Aguad, entre otros.

El primer paso de la querella fue solicitar que se certifiquen los dichos del contraalmirante Enrique López Mazzeo en la audiencia de la semana pasada desarrollada ante el tribunal de apelaciones de Comodoro Rivadavia encabezado por el camarista Javier Leal de Ibarra.

La denuncia fue presentada en los tribunales porteños del barrio de Retiro porque los acusadores consideran que fue en esta jurisdicción que el entonces Gobierno nacional privó a las familias de obtener información verdadera sobre el hundimiento del ARA San Juan, cuyo último contacto había sido el 15 de noviembre de 2017, hecho en el cual murieron 44 tripulantes.

 

El testimonio de López Mazzeo

Ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, López Mazzeo reconoció que el 5 de diciembre de 2017 se conocía la ubicación del submarino, gracias al dato aportado por el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile y que, incluso, se requirió autorización para que Gran Bretaña provea el ROV (robot) para ingresar al cañadón, información que, según sostiene la querella, fue ocultada por miembros del Gobierno y de la Armada.

La audiencia llevada a cabo en Comodoro Rivadavia tuvo por objetivo tratar las apelaciones de las partes acusadas y acusadoras contra el fallo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que procesó por “estrago culposo agravado por el resultado de muerte” a seis altos mandos de la armada, pero desvinculó a Macri y Aguad de los hechos.

En esa audiencia, López Mazzeo afirmó que si se revisa toda la documentación se podrá observar que cuando firmó “el cierre del caso SAR (por la búsqueda y rescate)” ya tenían “detectada la posición del submarino” y por eso habían “coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo”, según se recordó en la denuncia.

“Más allá de la prerrogativa que tiene un procesado para poder incluso mentir al ejercer su defensa, la afirmación viene a dar veracidad a un rumor sobre el tema”, sostuvo la abogada Carreras en el texto de la denuncia penal.

En la misma denuncia, se agregaron elementos de prueba como una mención extraída de un sitio oficial de Chile en el que se reprodujeron las declaraciones del Capitán de Navío César Miranda, comandante del buque Cabo de Hornos, quien en diciembre de 2017 señaló: “En el marco de las incesantes labores y de los múltiples contactos establecidos, realizamos un hallazgo de un objeto a 940 metros de profundidad a través de los ecos del buque”.

 

Juicio militar

El almirante Marcelo Eduardo Srur, exjefe de la Armada durante el gobierno de Mauricio Macri, será sometido a un juicio castrense junto con otros siete exoficiales de la fuerza, imputados por “infracciones gravísimas” ocurridas antes, durante y después del hundimiento del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo. Otro de los que estará en el banquillo será el contralmirante Enrique López Mazzeo.

En el juicio militar, la sanción más grave que pueden recibir es la destitución y la consecuente baja de la fuerza, lo que les haría perder todos los beneficios de que gozan hoy como personal retirado. Lo que se va a juzgar en el proceso castrense, tiene que ver con las graves deficiencias que tenía el ARA San Juan al momento de la partida.

Esos problemas ya habían sido evidenciados en una misión anterior a la que realizaban el 15 de noviembre de 2017, fecha en la que se perdió contacto con la nave.

También se analizarán las irregularidades, ocultamientos y negligencias que se cree que habrían ocurrido durante las tareas de búsqueda del submarino, que se prolongaron, según la versión oficial ahora puesta en crisis por López Mazzeo, hasta el 16 de noviembre de 2018, cuando se anunció oficialmente del hallazgo. Las posibles sanciones penales, por supuesto, seguirán siendo analizadas por la Justicia civil.

El Consejo de Guerra quedará constituido el próximo 20 de noviembre en el Edificio Libertador, Azopardo 250, sede del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor General del Ejército y del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas. Además del almirante Srur, deberán comparecer el contralmirante Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, otros cinco oficiales que, como él, están también procesados en la causa que lleva la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y el capitán de navío Carlos Ferraro, quien estuvo al frente del Proyecto Submarinos.

Los otros cinco imputados en la causa civil y ahora también en la militar, son el capitán de navío Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de Submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, exjefe del Departamento de Operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, exjefe del Departamento de Logística de la fuerza submarina.

A los seis oficiales procesados en la causa civil se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”. Ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, donde ahora está la causa, el fiscal federal Norberto Bellver, se sumó al pedido de las querellas y adelantó que solicitará que se cite a declarar como imputados en la causa civil al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad, y al almirante Marcelo Srur.

La convocatoria del Consejo de Guerra se hizo ahora en el marco del legajo disciplinario ordenado en su momento, luego del hundimiento, por el exministro de Defensa Oscar Aguad. Este primer anuncio público fue hecho por la gestión encabezada por el actual ministro de Defensa, Agustín Rossi.

 

Los héroes misioneros

Eliana Krawczyk y Jorge Isabelino Ortíz eran los dos tripulantes misioneros que navegaban en el ARA San Juan. Sus historias todavía conmueven en la provincia por ende son recordados y homenajeados en múltiples ámbitos al ser considerados héroes de nuestra tierra que entregaron la vida al servicio de la patria.

Krawczyk, oriunda de Oberá, era la jefa de operaciones del submarino y la única mujer entre los 44 tripulantes. Estudiaba Ingeniería Industrial cuando, tras leer un artículo en una revista especializada, vio nacer su verdadera vocación e ingresó en la Escuela Naval Militar, integrando la promoción 137.

Pero no se contentó con egresar en 2008, sino que decidió especializarse en armas submarinas y hacer el curso en la Escuela de Submarinos y Buceo de la Armada. Finalmente, en 2012 tuvo su destino inicial en el ARA Salta -en el que estuvo cuatro años-, convirtiéndose en la primera mujer submarinista en Sudamérica.

Dos años antes de la tragedia, la teniente de navío había sido destinada al ARA San Juan. “Soy la única mujer a bordo y me siento bien, contenta y feliz”, comentó en aquel momento. “Duermo con dos compañeros en el mismo camarote, hago mi guardia matutina y soy la responsable de lanzar torpedos durante los ejercicios militares”, explicó.

Por su parte, Ortíz era cabo principal y estaba en la fuerza desde 2001. Ingresó trabajando en barcos y naves, después hizo el curso de submarinista. Era maquinista, arreglaba el submarino y hacía el mantenimiento eléctrico. El joven residía desde hace una década en Chapadmalal, junto a su esposa y su pequeño hijo.