El abogado y diputado provincial Isaac Lenguaza advirtió sobre “la inseguridad jurídica y el posible avasallamiento de derechos” producidos a partir del accionar de un cuestionado escribano, que sería destituido por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) por presuntas irregularidades que habrían desembocado en la quita de terrenos a sus propietarios originales para ser otorgados a otros con documentación apócrifa.
Por este motivo el legislador, quien acompaña a la familia de “Doña Sisa”, despojada esta semana de su chacra de 100 hectáreas en Itacaruaré, advirtió que ese caso no sería el único y, ante la posibilidad de que el STJ le quite definitivamente la matrícula al mencionado escribano por una serie de denuncias similares a raíz de su accionar, solicitó que se “tomen medidas extraordinarias para salvaguardar los derechos que podrían haberse avasallado en estas causas”.
En concreto, Lenguaza pide “la revisión de los casos en los que intervino el cuestionado escribano”.
“Todos estamos preguntándonos si la actuación del profesional habrá afectado a más personas y cuánto tiempo hacía atrás habrá que revisar”, remarcó.
Cabe recordar que, en el caso de Itacaruaré, la productora Arazi Silveira (“Doña Sisa”, 86) y su hijo Ramón Ángel Tymcziszyn (46) se vieron despojados de la chacra que aseguran que perteneció a su familia desde 1957 y en la que explotaban unas 25 hectáreas de yerba y 20 de forestación.
El mes pasado aparecieron dos personas con un título de propiedad, derivado de uno anterior denunciado como falso ante la Justicia Civil, y pese a ello, la Justicia Penal decidió entregar las tierras a los supuestos nuevos dueños, cautelarmente y previo pago de una caución de 3 millones de pesos.
“No somos usurpadores”
Después de que el pasado lunes el Juzgado de Instrucción Nº5 de Leandro N. Alem les otorgara de forma provisoria la tenencia de la chacra en litigio de Itacaruaré y ordenara el desalojo del lugar de la familia de “Doña Sisa”, el beneficiario Jorge Daniel Díaz y su abogado Maximiliano Daniel Alfonso aseguraron a través de un escrito remitido a PRIMERA EDICIÓN que “el suscrito es titular dominial y lo único que estamos protegiendo es el derecho a la propiedad” y que “los términos ‘usurpadores’ y ‘mafia de usurpadores’ atacan mi buen nombre y honor”.
Al respecto, lamentaron que “nos endilgan la calidad de usurpadores solamente por simples comentarios de personas que lo único que hacían era robar yerba mate de terrenos privados”, contraatacaron.
“No nos constan los supuestos boletos de compra venta que dicen tener los que hicieron la denuncia, es más, 60 años que dicen poseer el inmueble y nunca intentaron regularizar su situación dominial, aparecen con boletos de compra que carecen de valor jurídico de años atrás, donde los firmantes supuestos están muertos”, argumentaron Díaz y Alfonso.
