“Jamás pasó por nuestra cabeza que podría ocurrir esto”. Así sintetizó Ángel Timcziszyn la insólita situación que le toca vivir junto a su madre, Arazi Silveira (84), después de que la Justicia les ordenara desalojar su propio predio, en el cual desde hace aproximadamente un mes venían resistiendo la presunta usurpación por parte de individuos que declaran ser sus verdaderos propietarios, a pesar de que la familia Silveira vive y produce en el lugar desde fines de la década de 1940.
El auto emanado del Juzgado de Instrucción Nº5 de Leandro N. Alem el pasado viernes y notificado a las partes ayer por la mañana otorga la entrega provisoria de los lotes en litigio -varias hectáreas de chacra en la colonia Santa María la Mayor, sobre la ruta costera 2 a su paso por Itacaruaré- a Jorge Daniel Díaz, quien presentó ante la jueza Selva Raquel Zuetta un título de propiedad sobre dichos predios cuyo origen aún se investiga. Además, se ordena a Silveira, Timcziszyn y cualquier otra persona de su entorno que abandonen el lugar de inmediato.
Díaz, a su vez, deberá depositar una caución real de 3 millones de pesos a nombre del Juzgado interviniente y tiene prohibido modificar de cualquier manera las condiciones del predio, lo que incluye la explotación o remoción de las plantaciones existentes y cualquier tipo de aprovechamiento económico o cambio de manos del terreno.
Horas después de ser convocados al despacho de la jueza y recibir la orden de desalojo, los que hasta ahora se consideraban dueños del predio decidieron reunir sus pertenencias y salir del lugar, más allá de haber recibido el apoyo presencial de sus empleados y vecinos. “No sirve quedarnos porque hay una orden de desalojo y nos iban a sacar a palos, no queremos poner a nadie en riesgo”, argumentó Timcziszyn.
Sin embargo, en el plano judicial, “vamos a apelar e insistir en que nosotros somos los dueños, siendo que nosotros vivimos acá hace más de 30 años, plantamos la yerba, pagamos los impuestos y hace 60 años que la propiedad es de la familia, pasando de generación en generación. Nosotros tenemos la parte de nuestro abuelo, que la compró directamente a la Compañía (tabacalera) Piccardo y mi mamá quedo como heredera porque los hermanos le dieron la cesión”, explicó.
Los argumentos
La jueza Zuetta admite en su fallo la existencia de boletos de compraventa con fechas de 1946 y 1948 a favor de Juan Manuel Silveira, pero advierte que no le fue presentada documentación alguna que garantice fehacientemente que Arazi Silveira (más conocida en la zona como “Doña Sisa”) sea su hija o heredera. De hecho, tampoco se realizó legalmente una sucesión de los bienes de Don Silveira, según la magistrada.
Por otra parte, entre otros argumentos, se plantea que Doña Sisa no reside en los terrenos en litigio y tampoco hay en ellos vivienda familiar; y que no hay pruebas fehacientes de que de allí haya salido la yerba comercializada por la familia.
Respecto a la veracidad o no de la documentación presentada por el también pretendido propietario de los lotes, Jorge Díaz, Zuetta aclara que esa investigación corre por la vía civil y comercial (Timcziszyn ratificó que la denuncia por falsedad del título de propiedad y un presuntamente apócrifo boleto de compraventa se radicó en dicho fuero en Posadas en 2018) y que precisamente por eso la medida es cautelar y provisoria, hasta tanto se resuelva ese otro conflicto.
Paso a paso
1.La historia comenzó hace dos años, cuando personas procedentes de Posadas se presentaron con un presunto poder otorgado por la compañía Nobleza Piccardo, con el cual hicieron un título de propiedad sobre las tierras ahora en litigio. “Pero la empresa en Buenos Aires nos confirmó que ellos no tienen nada que ver ni conocen a estas personas”, aseguró Timcziszyn.
2.Con este planteo, los abogados de la familia Silveira, Ivana Delavy Chaiskoski y Carlos Adrián Cazut, presentaron en 2018 una demanda de nulidad en el Juzgado Civil y Comercial Nº2 de Posadas, que todavía está en trámite.
3.“Esperábamos que la jueza tome medidas, pero con la pandemia todo fue pasando y nos descuidamos, hasta que esta madrugada nos encontramos con que llegaron con camionetas, grupo electrógeno, casilla prefabricada. Dicen que tienen un boleto de compraventa de ese supuesto dueño y quisieron tomar posesión”, contó Timcziszyn a PRIMERA EDICIÓN el pasado 8 de octubre.
4.Los hasta entonces damnificados hicimos la denuncia policial por intrusión y la jueza ordenó frenar la construcción de una casa prefabricada que iniciaron los recién llegados, pero al mismo tiempo notificó a los demandantes que tampoco podían hacer nada en el predio hasta tomar conocimiento del caso. Timcziszyn y “Doña Sisa”, junto a varios de sus peones, instalaron un precario campamento a unos 100 metros de los presuntos intrusos.
5.Después de varias denuncias cruzadas entre la familia Silveira y Díaz, el Juzgado de Instrucción de Alem dio a conocer ayer a ambas partes su decisión cautelar, que ordena abandonar el predio a los primeros y no innovar en el lugar a los segundos.
