Preocupación en Oberá por aumento de asentamientos irregulares

Casi se triplicó la cantidad de familias que viven en espacios privados o verdes. Pasaron de tener 28 asentamientos en 2017 a 63 en 2020. El municipio busca soluciones. El Ejecutivo se reunió con la CELO y la Defensoría del Pueblo.

17/10/2020 10:33

PREOCUPACIÓN. Fernández afirma que necesitan unificar criterios para trabajar en conjunto por estas familias.

Oberá pasó de tener 28 asentamientos irregulares a 63, en los últimos cuatro años. La realidad que atraviesa a todos los municipios de la provincia, dispara problemáticas complejas, la ilegalidad convive con la vulnerabilidad de la situación imposible de ocultar. Con el objetivo de abordar el tema, establecer líneas de trabajo en conjunto y aunar criterios, el intendente Carlos Fernández y parte de su equipo se reunieron con autoridades de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá (CELO) y la Defensoría del Pueblo.

“Es un tema que nos preocupa mucho y tenemos que socializar con todas las instituciones públicas y no públicas de la ciudad. Ya lo hicimos con el Concejo Deliberante y hoy lo hicimos con la CELO y la Defensoría del Pueblo. Es necesario ponernos de acuerdo con las normas, ordenanzas y carta orgánica, unificar criterios para resolver los problemas que son básicos en los asentamientos irregulares. La obligación del municipio es prestar servicios. Por eso debemos ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar de acá en adelante. Tenemos un programa nacional, Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), que nació con la información de Techo. En el 2017 se registraron 28 asentamientos irregulares en Oberá, a la fecha de hoy tenemos 63 asentamientos irregulares, donde las exigencias son cada vez mayores y los conflictos sociales también”, manifestó el intendente.

De esos asentamientos irregulares, trece están en propiedad privada. “Nuestra obligación es la denuncia penal, como así también por la ocupación de espacios verdes institucionales. Lo hicimos, pero no resolvimos el problema, por eso debemos buscar una política de Estado entre todos. En la actualidad el cien por ciento de los espacios municipales está ocupado. No tenemos lugares para una plaza, SUM, Caps, destacamento policial, para diseñar esos barrios. Por eso debemos unificar criterios. Me preocupa muchísimo esta situación, hay proyectos como el Mbotaby, que hoy está parado porque tenemos que reubicar a los que se instalaron ahí, para que siga la obra. Realmente me quita el sueño, porque quiero que siga la obra para que nadie más se vuelva a inundar en la ciudad. Igual en Caballerizas, está aprobado el proyecto de urbanización, pero qué hacemos con la gente que está en los espacios verdes cuando venga la inspección”, detalló Fernández.

La presente gestión de gobierno, había presentado la creación del Banco de Tierra como solución al tema, sin embargo aparecieron otras limitantes a su desarrollo.

“El estado puede comprar de acuerdo a la tasación fiscal aprobada por la Provincia, los dueños no quieren vender por esos montos. Otros se oponen a vender si las tierras se utilizarán para viviendas. Oberá agotó el cien por ciento de sus espacios y tiene dificultades para la compra de tierras para el Banco de Tierras, no podemos comprar al valor que piden los dueños. El tema es muy complejo por eso no ocultamos la problemática, debemos seguir hablando y buscar salidas”.

Por su parte, Pedro Andersson, presidente del Consejo de Administración de la CELO, coincidió en la necesidad de aunar criterios.

“Fue una linda reunión, en la que los técnicos de la Municipalidad nos explicaron bien el tema. Somos las tres instituciones que están involucradas. Cada una venía trabajando de manera independiente solucionando cómo podía la situación”, señaló y agregó que los pedidos los están superando.

“Debimos salir a pedir a la Provincia colaboración con materiales, porque cada vez tenemos mayores pedidos. A diario ingresan dos o tres pedidos de conexión”, contó.

La Defensora del Pueblo, Patricia Nittmann, destacó el informe pormenorizado que brindaron los profesionales del Ejecutivo.

“Recibimos muchos reclamos de vecinos, hoy nos enteramos de la cantidad de asentamientos que hay. Lo más preocupante es la falta de agua potable. Fue una reunión productiva, espero que sea la primera de varias. Por parte del municipio han explicado muy bien los proyectos que existen para Oberá y las gestiones para financiarlos. Es una realidad social en la que deberemos trabajar, unir criterios y explicar a los vecinos la situación”, dijo.