Impunidad, peligro de desintegración social

“Las cíclicas crisis argentinas no son de origen económico per se, sino que tienen una raíz psicosocial común, es una crisis sostenida derivada de una percepción colectiva de impunidad social”.

13/09/2020 20:38

Por Saxa Stefani
Psicólogo, investigador y docente.
Director ceideps.org

Si bien el debate acerca de la propiedad privada es un tema tan antiguo como la humanidad misma, los actuales episodios de tomas de tierras por parte de ciudadanos en algunas zonas del país, han reavivado nuevamente esta polémica. Puede parecer que la discusión de las tesis en favor de unas u otras posturas se sitúa en el espectro cotidiano de la actualidad informativa y mediática, y que más pronto que tarde quedará sin efectos entre los materiales de archivo, como otro tema más. Sin embargo contiene -desde la perspectiva psicosocial- un elevado riesgo para la salud colectiva, tal como intentaremos poner de relieve en este artículo.

Según nuestra mirada, las cíclicas crisis de la Argentina no son de origen económico per se, tal como se suele afirmar, sino que tienen una raíz psicosocial común; es más bien una crisis de impunidad social, o dicho correctamente, una crisis sostenida derivada de una percepción colectiva de impunidad social.

La debilidad e inestabilidad económica sería -a pesar de su gravedad- tan sólo uno de sus efectos o resultados, relacionada directamente con la falta de confianza, como bien conocen los economistas con formación en economía social.

 

La Justicia como vertebrador social

Como principio universal e histórico, las sociedades intentan establecer formas de organización que ayuden a garantizar la cohesión social. Ya sean sociedades tribales o comunitarias u organizaciones más complejas como las instituciones o estados -e independientemente de las formas políticas de las que se provean- organizan las tareas, responsabilidades y establecen estructuras o jerarquías de poder dentro de su comunidad. Sin ánimo de adentrarnos demasiado en este aspecto, diremos sin embargo que las sociedades organizan los procesos de generación y acumulación de riqueza, generalmente obtenida a partir del esfuerzo manual y/o intelectual más la inversión de tiempo en la producción de valor agregado en un contexto económico de oferta y demanda.

De forma paralela, tenemos que la constitución de la Justicia -desde sus inicios y en cualquiera de sus formas- está orientado a la preservación de dos aspectos principales: la vida y la propiedad privada, según teóricos del derecho. Es decir, el marco legal, jurídico y penal, intenta garantizar el derecho a vivir y a disfrutar de los bienes personales, estableciendo a su vez, que las personas que infringen estos derechos sean castigadas a través de penalizaciones económicas, o en casos más graves, con la privación de su libertad individual.

Si bien todo este equilibrio no es armónico y está en constante conflicto o desarrollo, la percepción de la administración de justicia, o su carencia, la impunidad, es la piedra angular de la cohesión y el funcionamiento social.

¿Por qué la impunidad social puede tener efectos nocivos en la salud colectiva?

El sistema social tiene una estructura altamente sensible a la percepción de la impunidad, facilitado por los mecanismos de percepción de ganancia-pérdida y los procesos de imitación social.

Pongamos un sencillo ejemplo, en la cola de un banco las personas se alinean por orden de llegada. Hay un factor de ganancia (ser atendido lo antes posible), y un factor de pérdida (tiempo empleado para hacer el trámite). Las ganancias y pérdidas están organizadas por un sistema (justicia) de atención por orden de llegada.

Si en esta cadena, alteramos el orden establecido, por ejemplo, el cajero hace pasar a algunas personas sin hacer la cola, o una de las personas se adelanta al imponerse por la fuerza, el equilibrio de ganancia-pérdida se quiebra. Si la percepción de impunidad, es decir quebrar el orden establecido, no se percibe como una acción que conlleve una penalización para reequilibrar el sistema (no hay castigo al que se adelanta en la cola), la mayoría de las personas tomará una decisión lógica: dejar de respetar el orden que ya no garantiza un equilibrio justo ganancia-pérdida.

Cuando en la estructura social se ponen de manifiesto episodios de violencia con participación de masas, encontramos funcionando este tipo de esquemas de comportamiento. Al subvertirse la ecuación ganancia-pérdida, los valores de ordenamiento social pueden relajarse rápidamente.

Volviendo a la situación que comentábamos al principio acerca de los eventos de la apropiación de terrenos de titularidad ajena (ya sea privada o pública), diremos que ésta presenta una doble problemática que merece ser analizada correctamente.

Por un lado, tenemos la existencia de un problema social de acceso a la vivienda, multidiverso, que requerirá de un enfoque complejo para su resolución, entre los cuales habrá que analizar aspectos como la marginación, falta de acceso al trabajo y las desigualdades que sufren parte de los colectivos en esas poblaciones.

Por otro lado tenemos este otro hecho que queremos subrayar aquí: la transgresión de la norma social de la propiedad privada, independientemente de su carácter ilícito o delictivo de acuerdo a las consideraciones legales, presenta un riesgo de disparar comportamientos sociales negativos donde la legitimidad de las normas y valores se diluyan y actúen de forma tóxica en la salud colectiva.

Como demostró el psicólogo Zimbardo en sus estudios experimentales, personas ordinarias sometidas a ciertos estímulos controlados, pueden actuar de forma negativa y hasta cruel (efecto Lucifer). La alteración de la percepción de la carencia de justicia, o la percepción de impunidad social, tiene un efecto grave y severo en la legitimidad y el mantenimiento del orden social, afectando al seguimiento de normas y valores, con efectos que pueden causar un impacto más o menos duradero en los individuos.

Resumiendo, el coste social de los comportamientos resultantes de la percepción de la impunidad social puede ser muy alto en términos económicos y de salud social, dejando daños y secuelas en la confianza de las personas hacia las instituciones y el estado que son complejas e insumen recursos y tiempo para ser restauradas.

De modo inverso, todas las políticas de diálogo, con procesos de transparencia y absoluta adherencia a la legalidad, aumentan la legitimidad y la cohesión social, que es en última instancia, lo que determina la transferencia de autoridad y poder a los representantes sociales.