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La Nación enviará a Misiones $316 millones en subsidios al transporte hasta diciembre

10 septiembre, 2020
LAS QUE MÁS RECIBIRÁN. Las empresas del Grupo Z se verán beneficiadas con decenas de millones oficiales.

El Ministerio de Transporte de la Nación publicó en el Boletín Oficial el detalle de los montos que transferirá a las provincias, en concepto de subsidios del Fondo COVID para las empresas prestatarias de los servicios urbano e interurbano. Se trata de los Anexos de la Resolución 196/2020.

Así, se confirmó que Misiones recibirá entre septiembre y diciembre casi 80 millones mensuales hasta totalizar $316.401.805.

Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, es el mismo monto que fue recibiendo durante la cuarentena, luego del primer acuerdo rubricado entre la Gobernación y el ministro Mario Meoni.

Con el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, en enero se anunció que la Casa Rosada había decidido “triplicar” los subsidios a la provincia. Mientras que en junio pasado la Gobernación ratificó la prórroga del convenio que venció en septiembre, y que dio lugar a esta nueva partida nacional de 10.500 millones para las 24 jurisdicciones.

Las únicas provincias que recibirán más que Misiones son Córdoba ($1.181 millones); Santa Fe ($904 millones); Mendoza ($726 millones); Tucumán ($610 millones); Buenos Aires (454 millones); y Salta ($393 millones). Las demás percibirán por debajo de los 316 millones misioneros.

Gracias al “trato diferencial” que el massista Meoni le dio a la tierra colorada y a las empresas del Grupo Z, se garantizan mensualmente $79.100.000 en concepto de subsidios nacionales.

 

Supremacía Z

A su vez, al momento de ver cómo se reparten esos subsidios nacionales entre las empresas de los municipios, se puede ver que quedarán en manos de las empresas de Posadas más que lo previsto para el transporte interurbano.

Si se compara lo que reciben solamente por subsidios nacionales las empresas del Grupo Z, se multiplican varias veces con Eldorado, Oberá e Iguazú que son las otras tres comunas con más aportes del Ministerio de Transportes de la Nación.

La Provincia reparte entre las empresas del servicio interurbano, alrededor de $392.877.772 (a razón de $32.739.214 mensuales). Mientras que solamente las concesionarias de Posadas se hacen de 419.509.822 (con una cuota mensual de $34.959.151). Estas últimas, además, perciben subsidios provinciales y municipales cuyos montos se desconocen y están guardados bajo siete llaves.

De hecho, el proyecto del diputado Isaac Lenguaza (PAyS) para conocer las cifras de forma oficial, que obtuvo tratamiento preferencial en la Legislatura de Misiones, no fue aprobado todavía en la comisión de Obras y Servicios Públicos que preside el renovador Roque Gervasoni.

Es el mismo proyecto que pregunta por qué razón Misiones no aplica la SUBE Nacional, pero su autor se encontró en la última reunión de la mencionada comisión con una defensa cerrada de los intereses Z no sólo de Gervasoni sino de Laura Duarte (exfuncionaria de la Municipalidad de Posadas hasta 2019). Como principal fundamento aseguraron que se trata de una pelea entre Zbikoski y Bencivenga y que la SUBE Misionera es lo más beneficioso para los pasajeros.

Este jueves se sabrá si la comisión emite un dictamen a favor o en contra de la iniciativa de Lenguaza por la transparencia de los recursos públicos al Grupo Z o lo cajonean Gervasoni y Duarte definitivamente por lo cual no podrá volver a tratarse este año.

Los “hermanos pobres” del transporte

Como es sabido, por fuera del Sistema de Transporte Integrado Metropolitano (SITM), las empresas de los demás municipios son las “hermanas pobres” del reparto nacional de subsidios.

Tampoco tienen el trato VIP del Grupo Z al momento de los beneficios de subsidios provinciales y municipales. Por esta razón no se puede terminar de entender cómo las más pequeñas se unen a la más grande, con el riesgo de perder las concesiones si se abren las licitaciones, donde las que más colectivos y capital económico tienen son las que ganan.

Sin dudas que, en Misiones, ninguna otra acumuló las jugosas cifras de las Z. Veamos los ejemplos de las tres que mejor tajada tendrán, de la “tortita” por fuera del SITM.

La reciente asociada a los Z en Eldorado dentro de la cámara Empresarios Unidos del Transporte Automotor, la ETCE, recibe anualmente algo más de 75 millones (a razón de $6,3 millones mensuales). Otras de las nuevas “aliadas” pero en Oberá, Capital del Monte, recibe casi $50 millones (unos $4,1 millones mensuales). Finalmente, dentro del “trío” de las que más perciben subsidios nacionales está Río Uruguay por sus prestaciones en Iguazú: le dan algo más de $28 millones al año ($2,4 millones mensuales aproximadamente).

Las menos favorecidas son las empresas de Andresito (poco más de 6 mil pesos mensuales que no le alcanzan ni para un salario mínimo); Concepción de la Sierra ($27 mil al mes); y Apóstoles ($44 mil mensuales).

Como se puede ver, las empresas concesionarias de Posadas que en un 90% están en manos del Grupo Z se llevan casi 10 veces más que las mejores posicionadas en otros municipios.

Fuera de las grandes ciudades las coberturas de servicio son mayores, la cantidad de boletos vendidos son ínfimos, la ruralidad también incide y las condiciones de los caminos no son los mejores. Con todas esas adversidades, son las que menos terminan siendo auxiliadas por el Estado.

Tags: ColectivosSUBSIDIOSTransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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