Eso es lo que viene sucediendo en Misiones con varios funcionarios, que prefieren mirar para otro lado o hacerse los desentendidos ante las críticas que se multiplican por el deficiente servicio que presta el Grupo Z en el área metropolitana.
No están escuchando a los miles de usuarios en distintos barrios de Posadas, Garupá y Candelaria que comenzaron pidiendo un cambio en las prestaciones y, ante la negación oficial, ahora se animan a pedir otra prestataria que compita con el monopolio actual del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano.
Eso es lo que habitualmente pasa cuando los ciudadanos no se sienten representados. Primero avanzan sobre la dirigencia de base (barriales o militantes como defensa del consumidor). En este caso, tanto la Unión de Comisiones Barriales como la Asociación CONSUMIS, se pusieron del lado de la gente y propusieron iniciativas en igual sentido.
No así el (in) defensor del Pueblo, Alberto Penayo, que pretende cobertura provincial de acción cuando no es capaz de defender apenas a los de la capital misionera.
El hartazgo de los pasajeros por reclamos no escuchados como por el precio de los boletos, que no se condicen con las millonarias ganancias del Grupo Z que le permiten salir a invertir fuera de la provincia de Misiones con lo que recaudan acá, va creciendo.
Aunque a la dirigencia política (oficialista y opositora) solamente parece importarle en su gran mayoría las elecciones, es que salvo el PAyS ningún otro sector a salido a “bancar” al pedido mayoritario de cambio en los servicios, a pedir cifras transparentes al alcance de todos, explicaciones y de ser necesario investigaciones judiciales.
Como ya se dijo en otras oportunidades, hay silencios más que llamativos frente a un clamor cada vez más popular.