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Crearán empresa estatal para administrar la Hidrovía con participación de provincias

18 agosto, 2020

Funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación terminaron de darle forma al nuevo marco legal y operativo que permitirá llevar adelante la futura concesión de la hidrovía. Un borrador del documento ya llegó a manos del gobernador Oscar Herrera Ahuad quien lo está analizando y preparando un pedido “muy especial” al presidente Alberto Fernández.

Un importante funcionario del Gobierno misionero señaló a PRIMERA EDICIÓN que “estamos muy avanzados” y anticipó que el documento “Acuerdo Federal Hidrovía” se firmará en los primeros días de septiembre.

El plan que la Nación comenzará a implementar para reconfigurar y concesionar el sistema de navegación troncal por donde se moviliza el 75% de las exportaciones agroindustriales se sustenta en tres acciones clave: la firma del “Pacto Federal de la Hidrovía”, la constitución de un “consejo asesor” multidisciplinario y la creación de una nueva empresa estatal con participación de las provincias ribereñas para licitar y controlar al nuevo concesionario.

Para esta nueva etapa Misiones se encuentra “muy bien preparada” ya que tiene la obra del Puerto terminada y el Parque Industrial muy cerca, sumando empresas y contactos permanentemente.

La ruta fluvial que enlaza los principales puertos del Litoral y bonaerense fue privatizada a mediados de los 90 y se encuentra en manos de Hidrovía S.A., el consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la local Emepa. Fue renegociada durante la administración kirchnerista y la concesión vence en mayo de 2021 pero sería prorrogada, como mínimo un año, debido a que ya no dan los tiempos para realizar una licitación internacional para seleccionar al nuevo operador.

 

Firma de convenio

En los primeros días de septiembre se realizará un acto oficial donde el Presidente y los gobernadores de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires rubricarán el nuevo “Pacto Federal de la Hidrovía”.

En el documento, que ya está circulando por las Gobernaciones, se establece la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.

En la nueva empresa, el Estado nacional tendrá el 51% de las acciones que estarán en manos de los ministerios de Transporte, Interior y Desarrollo Productivo. En tanto, el 49% restante quedará para las provincias firmantes del Pacto Federal de la Hidrovía, con una participación del 7% para cada una de ellas.

La nueva sociedad estatal (HSE) será la encargada de aprobar los pliegos, llamar a licitación, adjudicar la concesión y actuar como organismo de control de las obras e inversiones previstas para ampliar y mantener el dragado y balizamiento de la vía navegable que se extenderá desde la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay hasta la salida oceánica.

HSE quedará habilitada para realizar, por su cuenta o mediante la contratación de terceros, todas las obras y proyectos de dragado y balizamiento que se requieran en los puertos, ríos y canales de navegación que no formen parte de la nueva concesión.

Simultáneamente con el armado de la HSE, se conformará el denominado “Consejo Federal Asesor”, que reunirá a todos los agentes, empresas y entidades vinculadas con el negocio de la hidrovía.

Podrán integrarse a ese organismo asesor las universidades nacionales del Litoral, Buenos Aires, La Plata y San Martín; los gremios del sector, las empresas navieras, las firmas exportadoras y las ONG defensoras del medio ambiente.

Con los aportes y propuestas que provengan del consejo asesor, antes de fin de año la HSE contratará a las consultoras privadas que elaborarán los pliegos de bases y condiciones para el nuevo proceso licitatorio de la hidrovía.

Según publicó el portal “Letra P”, la licitación se pondría en marcha en el segundo trimestre del próximo año y, si no aparecieran demoras e impugnaciones, la adjudicación al grupo ganador se concretaría a finales de 2021.

 

Hidrovía federal

Cuando viajó a Santa Fe para participar de la asunción del gobernador Omar Perotti, en diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández prometió “devolverles a las provincias” la administración de la hidrovía.

En la semana, el ministro Meoni ratificó que el presidente “tiene la voluntad de que se trasforme en una hidrovía de carácter federal y para eso estaremos constituyendo en los próximos días el Consejo Federal de la Hidrovía y posteriormente la Sociedad del Estado de la Hidrovía, en un proceso que estimamos que en los próximos 60 días debería estar constituido”.

Meoni reconoció que “hay una situación de Santa Fe río abajo con un calado que deberemos mejorar y profundizar, y otro calado hacia el norte más de fomento de las actividades portuarias en Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco, pensando que el Puerto de Barranqueras puede ser una opción de carga importante y también nutrir puertos de Santa Fe hacia abajo”.

En ese sentido, el ministro de Transporte de la Nación reconoció la importancia de “llevar adelante el proceso de licitación de la hidrovía que permita dar un horizonte de 20 o 30 años hacia el futuro de desarrollo de la región, bajando los costos logísticos también para contribuir a la competitividad de nuestros productos”.

 

Meoni dio detalles y fechas

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, adelantó la semana pasada que ya tienen prevista la fecha para llevar adelante la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay. Será entre marzo o abril del año que viene, con el objetivo de que en 2022 esté funcionando el próximo operador. Además, destacó que se aspira a que la hidrovía incorpore a Formosa, Misiones, el sur de Brasil, Bolivia y Paraguay como naturales dadores de carga.

“Tiene que profundizarse el calado ahí para que entren barcos más grandes y bajar los costos. Vamos a constituir un Consejo Federal integrado por todos los actores y una Sociedad del Estado que controle la operación de la hidrovía, integrada por cada una de las provincias”, afirmó.
Lo hizo en una reunión con la Fundación Mediterránea, en su ciclo de videocinferencias “Los desafíos de la movilidad y el transporte: pasajeros y carga en Argentina”.

Tags: HidrovíaMisionesRRío
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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