La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) delegación San Pedro y el Frente Ambiental Kaapuera emitieron dos fuertes repudios a la decisión del Concejo Deliberante local de no sancionar al concejal renovador Javier Torres, quien fuera detenido el domingo 14 de junio por caza furtiva en la Reserva de Biosfera Yabotí, tenencia ilegal de armas e incumplimiento del decreto nacional de cuarentena obligatoria.
El gremio manifestó que “las Instituciones que se ponen al servicio del poder y la política, tapando los actos ilegales, muestran el grado de corrupción que se ha tolerado como sociedad”.
También manifestó haber recibido con sorpresa la decisión del Concejo Deliberante de San Pedro de “no apartar al concejal hallado en pleno acto de violación de leyes y espacios ambientales, entre otros delitos. El no haber encontrado, supuestamente, suficientes elementos de prueba, no eximen de culpabilidad alguna del concejal ‘cazador furtivo’”.
“Queda más que clara la mirada política y los costos que supone tener que asumir como partido político, el apartar a alguien implicado en actos delictivos contra el patrimonio natural del país. Una vez más queda confirmada la sospecha de dos tipos de Justicias. Una para el hombre común y otra para la casta de los intocables, de los prebendarios amigos del poder”, enfatizó ATE.
En referencia a la actitud del edil el gremio remarcó que “por dignidad de hombre, sin licencia trucha ni amparo del poder, debía ponerse a disposición de la Justicia y apartarse solo. Pero, no fue así. Se escabulló y se esconde detrás del poder”.
“Esperábamos mas seriedad de los ediles. De esta forma señores concejales, ustedes vergonzosamente legitiman los actos de atropellos y crímenes ambientales. La pobre muestra de institucionalidad que dieron, es del peor engendro. En verdad no representan al esforzado sanpedrino que cumple con la ley y defiende sus derechos a la conservación de lo poco que queda de la naturaleza virgen”, indicó el gremio.
Agregó que: “Nos resta decir que no alcanza con el repudio enérgico de ATE, de los vecinos de San Pedro, de los guardaparques y de la comunidad de Misiones. Las acciones que se esperan es que llegue la condena penal como a cualquier hijo de vecino. Entonces no habrá excusa del Concejo para respaldar a delincuentes capturados en el mismo acto y con el cuerpo a la vista del delito consumado”.
Recriminaron a los ediles: “¿Qué más pruebas necesitan señores concejales de San Pedro para suspender preventivamente a quien fue capturado y puesto a disposición de la Justicia? Vergüenza nacional produce esta maniobra politiquera barata”.
Por último reclamaron por el “amparo político” a este concejal: “Esperamos que al final triunfe la Justicia y escarmiente a los que creyeron que podían violar la cuarentena y matar animales protegidos en una área protegida, sin consecuencias. Todavía el proceso no terminó”.
“ Todavía queda la esperanza que este acto repugnante e indigno de este personaje protegido por el poder, no quede impune”, expresaron en el pronunciamiento.
Pedido a la Provincia
El Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera también repudió “enérgicamente” la restitución del edil de San Pedro. “Cuestionamos también el desempeño de los ediles que votaron a favor de su restitución de dicho concejal y nos solidarizamos con el cuerpo de guardaparques de Misiones que arriesgando sus vidas diariamente deben soportar ver que los resultados de sus esfuerzos son avasallados por el poder político y los intereses económicos”, indicó el Frente.
Le solicitaron “al Gobierno provincial que intervenga a fin de hacer respetar la Carta Orgánica Municipal de San Pedro y pedir la renuncia del edil del Partido Renovador de la Concordia considerando, suponemos, que esta conducta no se confiere con los ideales de este espacio político”.
“Los buenos ejemplos deben ser una constante en la función pública ya que hablan de cómo los funcionarios administran la cosa pública, y la respuesta que dan a quienes se deben, al pueblo”, finalizó el Frente Ambiental en un comunicado emitido ayer.
Absuelto en sesión
El Concejo Deliberante dio lugar al dictamen de la Comisión Investigadora al concejal Roberto Javier Torres y lo absolvieron de “responsabilidad política” por la causa que investiga la Justicia por “portación de arma de uso civil”; razón por la cual fue detenido y está procesado. La sesión especial se realizó el viernes y el Concejo aprobó el dictamen por los dos tercios.
El dictamen de la Comisión Investigadora fue aprobado por mayoría con los votos de los ediles Enso Adoryan, quien es presidente de la comisión y de Pedro Ramón Borjas, secretario de la misma. Mientras que, el otro integrante de la comisión Martín Dillien votó en contra.
