La denuncia por lo ocurrido el 1 de agosto de 2017 cuando Gendarmería reprimió el corte de ruta por parte de una comunidad mapuche quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Carlos Rívolo, quien ahora deberá decidir si impulsa la investigación, informaron fuentes judiciales.
Según el texto al que accedió Télam, Nocetti, Otero y Robino fueron denunciados por los delitos de “perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes”.
En la denuncia se aludió a lo ocurrido el 1 de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, cuando manifestantes de la comunidad mapuche cortaron la ruta.
“Frente a ello, personal de Gendarmería Nacional, obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Pablo Nocetti y la superioridad institucional de la Fuerza, se apersonaron en la carretera para proceder a su despeje”, se recordó en la denuncia a la que accedió Télam.
“Deviene ineludible mencionar que su accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos el 1 de agosto del 2017, el cual culminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, podría configurar una violación a los deberes de funcionario público”, sostuvo la denuncia sobre Nocetti.
Para el denunciante hubo una “indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa” impedía “involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado”.
“Resulta evidente que el mencionado funcionario no debía impartir orden alguna hacia el personal de la Fuerza”, agregó la denuncia.
El operativo desplegado ese día por Gendarmería habría obedecido “a una decisión motivada por la voluntad política habiéndole otorgado las máximas autoridades del Ministerio de aquél entonces, a la Gendarmería Nacional un aval político y jurídico para actuar”.
Esta conducta habría excedido “el imperium de la autoridad política invadiendo el accionar de la Justicia, interviniendo y direccionando la actuación de la Gendarmería cuando ésta debía desempenarse como órgano auxiliar de la Justicia”.
En la denuncia se sostuvo además que esta “voluntad política” fue “plasmada y dada a conocer sin disimulos, en el afán de justificar la actuación de las fuerzas de seguridad en delitos de flagrancia” que contrariaban “los documentos vigentes a la fecha de los sucesos para manifestaciones públicas”.
La denuncia fue consecuencia de una investigación que ordenó la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, para “dirimir la existencia o no de conductas pasibles de reproche disciplinario respecto de las decisiones y el accionar llevados a cabo por los jefes a cargo de los operativos de despeje” del 1 de agosto de 2017, que tuvieron como consecuencia la desaparición de Maldonado.
Según estas actuaciones se determinó que hubo orden judicial de “intimar” a quienes estaban sobre la ruta nacional 40 para que cesaran de “impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular” y debía hacérseles saber que “siempre y cuando no incurran en actos de violencia, podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión a prudente distancia de las fuerzas de seguridad”.
El personal de seguridad estaba facultado por la Justicia para detener a quienes intentasen impedir la medida o se negaran a acatar la intimación.
Según declaró un Comandante Mayor de Gendarmería, Diego Balari, el 31 de julio Nocetti se había reunido con los jefes de fuerzas de seguridad federales y provinciales de Río Negro y Chubut y habría ordenado “neutralizar el accionar de lo que él mismo consideraba ‘terrorista’ y denominaba como ‘Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”.
En ese encuentro habría ordenado intervenir para restaurar la circulación “por estar en presencia de un delito de flagrancia” y “luego del accionar, comunicar lo actuado a la autoridad judicial”.
Para los denunciantes este procedimiento fue “improcedente e ilegal”.
Además el cuadro se agravó por “la desatención de las advertencias de los jefes de escuadrones de la región, quienes le indicaban que para el despeje debía emplearse la unidad móvil especializada para esos operativos y no a personal no entrenado”.
El 1 de agosto, día en que Maldonado participaba del corte de ruta, “personal de Gendarmería Nacional, obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por el dr. Pablo Noceti y la superioridad institucional de la Fuerza” llegaron al lugar para despejar el lugar.
La directiva de actuar bajo el estándar de delito en flagrancia “motivó la persecución de los manifestantes, incluso cuando ya habían dejado liberada la ruta” en un hecho en el que se “conjugaron presiones, instrucciones y directivas políticas, que fueron un factor generador de negligencias y faltas graves por parte del responsable del operativo”
“Eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas”, concluyó la denuncia.
Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 cuando huía de los gendarmes y apareció muerto en el río Chubut el 17 de octubre.
Según la causa judicial que investiga lo ocurrido, el joven murió ahogado en el río el 1 de agosto.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
