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Proponen regular servicios de delivery y motomandados

3 agosto, 2020

Ante el crecimiento de los servicios de delivery y motomandados en este último tiempo de pandemia, se presentó un proyecto para regular la actividad. El proyecto de ley del diputado Roque Gervasoni ingresó el jueves a la Cámara de Representantes de Misiones y se empezará a debatir en las comisiones correspondientes.

El autor de la iniciativa dijo a FM 89.3 Santa María de las Misiones que “la propuesta es ordenar y registrar lo que es hasta ahora un trabajo bastante informal” y “se pone el acento en el delivery porque en esta época creció mucho”.

Contó que “a nivel país se cree que en la economía informal hay más de 1,5 millones de personas trabajando con los mandados”. Sostuvo que “en Misiones no se sabe la cantidad, por eso se propone un registro para saber cuántas personas están en relación laboral informal, sin lo mínimo para poder prestar el servicio”.

Una preocupación que existe es saber si cuentan con algún tipo de cobertura de seguros o qué pasa cuando una de éstas personas que prestan el servicio sufren de algún tipo de accidente. “Si les pasa algo son días caídos para ellos y que no tienen ingresos”, ejemplificó.

La idea es que “también puedan tener cobertura mínima más allá de lo seguro exigible para circular; es decir contra tercero, además de la verificación de las motos”.

En cuanto a las bicicletas, agregó que “todavía la gente no tomó conciencia de que es un vehículo”. Por todo esto, manifestó que “tiene que haber un registro provincial de los que prestan el servicio porque en definitiva son trabajadores”.

En cuanto a los fundamentos del proyecto de ley, el legislador del Frente Renovador dijo que “hay casi un acuerdo tácito entre el que ordena el delivery o el que contrata el servicio con el que conduce la moto o la bicicleta”.

A la vez, aseguró que “no se quiere afectar a una tarea que le da una ganancia a las personas que hasta ahora no tenían recursos, tratando de no entorpecer esta relación laboral encubierta que hay de alguna manera”.

 

¿Quién paga los seguros?

En lo que respecta a quién se hace cargo de los seguros que se deben tener para circular, mencionó que “en el caso del que tenga la empresa de motomandados, consideramos un monto a absorber del mismo precio del mandado. Hay que establecer la cantidad de mandados que tienen por día”.

Asimismo, señaló que “se aborda el trabajo en día de lluvia. Se habla de un recargo del 10% en dichos días porque nosotros como usuarios no consideramos lo que es estar en la calle haciendo el mandado. Mientras que en el caso del que tiene el vehículo es un recargo del 20%” y agregó que “los montos son también debatibles”.

El legislador misionero también habló sobre los precios de los deliverys y expuso que “habría que establecer un precio común para todos, eso sería lo ideal porque hay distintos precios”. Precisó que “capaz debería haber dos precios: uno en el eje urbano y otro para alrededores; es decir regular y que haya una tarifa específica para todos”.

 

Las grandes empresas

Sobre las grandes empresas que operan en el servicio de delivery, Gervasoni apuntó: “Creo que en el caso de esas empresas se debería abordar una segunda etapa porque hay una relación laboral, eso es indiscutible; por ejemplo en Buenos Aires ya se está tratando ese tema”. “Hay que avanzar y las grandes empresas seguramente tendrán otro formato”, reconoció.

En lo que respecta al proyecto de ley especificó que “esto sería establecer un primer tramo y una registración del trabajo y del ordenamiento. Pero, a futuro se debería llegar a la formalidad y sobre todo con las grandes empresas”.

“Se debe tener en cuenta que es un trabajo que tiene mucho riesgo, ya sea en la moto o la bicicleta y en la ciudad no hay una red troncal de ciclovías que eso también es una tarea a desarrollar para que trabajen más tranquilos” dijo Gervasoni.

Aseguró que “esto recién comienza y las leyes tienen su tratamiento, lo que se trata es de escuchar a todas las partes por eso todavía está en debate en comisión y es ahí donde se irán puliendo los puntos para tener una normativa final”.

Tags: FM 89.3MisionesMotodeliveryRoque Gervasoni
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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