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Graves privilegios que pueden traer serias consecuencias a los misioneros

19 julio, 2020

En Misiones, los funcionarios nos dicen que estamos en una etapa de “distanciamiento social” y que seguimos en “emergencia sanitaria y epidemiológica”. Por esta razón no podemos realizar muchas de las actividades que acostumbrábamos hacer antes de la pandemia de COVID-19. Ni de la misma manera.

En las que nos deja hacer el Gobierno, nos exigen ese “distanciamiento”. Por ejemplo, para caminar o correr hay que dejar 2 metros como mínimo entre personas. Para visitar a la familia no pueden ser más de cinco personas en una casa. Para viajar en un vehículo, no pueden ir más de tres personas si no son familia o cuatro si lo son. Para hacer la cola del cajero o para comprar en un comercio, hay que dejar 1,5 metros a dos de distancia.

A su vez, empresas y trabajadores autónomos de diferentes actividades debieron cerrar durante dos meses (algunos todavía hoy siguen sin poder volver a abrir sus emprendimientos), con un impacto económico durísimo y un endeudamiento récord de los que pudieron obtener créditos para pagar los compromisos mensuales.

En las últimas semanas, los que fueron autorizados a regresar tienen limitaciones de atención al público, según los metros cuadrados de los locales.

La gran mayoría no puede atender más de dos clientes a la vez. Para ir a comer a un restaurante, hay que estar al menos con un metro entre comensales y con una mesa vacía de separación entre clientes, lo que afecta los ingresos de los comercios.

Sin embargo, hay tratos diferenciales, privilegiados en la pandemia, con el fin de ayudar a unos pocos a recaudar y gastar lo menos posible. Hubo funcionarios que pusieron “el gancho” a decisiones que fijaron reglas increíbles para los tiempos que corren.

Esta semana nos sorprendimos con el permiso gubernamental para que las empresas puedan transportar pasajeros parados en las unidades urbanas e interurbanas del servicio público, con tal de no sacar más colectivos a las calles.

Hubo un crecimiento de la demanda en Posadas, Garupá y Candelaria, con un 95% de las actividades funcionando que esos mismos funcionarios autorizaron.

¡Pero la solución no es amontonar pasajeros! ¿Quién los asesora? Pudieron hacer un chequeo previo en las paradas o las estaciones de transferencia y los mismos usuarios les explicaban sin costo de honorarios.

Tampoco se dieron cuenta lo que viven miles de usuarios que llegan tarde a sus trabajos, a los turnos médicos o bancarios.

Pero volvamos a la oficialización de viajar parados. Es una cuestión grave y preocupante no cuidar la salud de los vecinos, que no tienen otra opción que utilizar el transporte público de pasajeros.

Quienes conocemos el rubro, no podemos creer que en un colectivo articulado se autorice a viajar hasta 100 personas, con un virus mortal rondando silenciosamente.

Pensemos que la superficie de un “gusano” del Sistema Integrado alcanza los 35 metros cuadrados aproximadamente. Que en ese espacio reducido pueda viajar un centenar de pasajeros, implica poner a casi 3 personas en un metro cuadrado.

Me pregunto qué pasará con trabajadores como los de casas particulares o servicios domésticos que ayudan a personas adultas mayores. Esta exposición en el transporte probablemente lleve a algunos a volver a suspender al personal, por el riesgo de contagio siendo parte del mayor grupo de riesgo ante el coronavirus.

¿Dónde quedó el cumplimiento del decreto de Emergencia Sanitaria que exige el distanciamiento social? Evidentemente las normas gubernamentales son para que las cumplan los más castigados de siempre.

A diferencia del resto de las actividades comerciales, las empresas del transporte público de pasajeros vienen siendo subsidiadas con millonarios fondos. De hecho este año, la Nación volvió a poner mucho dinero para el sector que, de por sí, ya obtiene jugosos recursos provinciales y municipales.

Sin embargo se firman medidas “protectoras” que ningún otro sector pudo conseguir para trabajar, en un país donde el empleo privado se viene desplomando y la presión impositiva no merma.

No hay antecedente similar en el país, especialmente ahora que estamos en el supuesto “pico” de contagios, donde se autoriza a hacer viajar paradas a las personas con la pandemia, con una Misiones que venía esquivando a la multiplicación de casos.

¿Hace falta que volvamos a hacer viajar a los misioneros “como ganado” en los colectivos, con el riesgo sanitario vigente? ¡Absolutamente no!

Señores funcionarios exijan frecuencias, unidades en las calles que no dejen a los misioneros esperando horas en las paradas.

No permitan que sea “legal” llevarlos en una muchedumbre, por viajes que implican muchos minutos de contacto estrecho.

Mientras los funcionarios le exigen a cualquier oficina, comercio o espacio de atención al público desde control de temperatura, alfombras sanitarias, alcohol en gel, desinfección de espacios a medida que se atiende a clientes, en los estaciones de transferencia y los colectivos todo brilla por su ausencia.

Quienes tienen en sus manos el poder del Estado deben saber que hoy el esfuerzo debe ser compartido.

Y no debe recaer en mayor proporción sobre los que menos pueden soportar la crisis. Señores gobernantes tomen conciencia que no tienen los mismos privilegios los pequeños y medianos empresarios, que también ven con mucho desagrado cómo se protege a cualquier precio a los poderosos de siempre.

Tags: #PosadasColectivosFrancisco José Wipplinger
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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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