El Concejo Deliberante local envió este lunes 29 una nota al Juzgado de Instrucción que dirige el juez Martín Brítez, solicitando que profundice la investigación y actúe en relación a los hechos de violencia y los delitos cometidos el pasado 10 de diciembre por un grupo de punteros y candidatos del macrismo.
En aquella ocasión, una patota que aparentemente respondía a los dirigentes de Juntos por el Cambio, Gabriel Llamas y Fabián de Sa, atacó las instalaciones del Concejo Deliberante, provocó destrozos y daños económicos en la sede del poder legislativo situado en Av. Córdoba 245.
Los agresores desataron la furia por la decisión del Concejo Deliberante de no permitir asumir al candidato Fabián de Sa por no poder acreditar cinco años reales de residencia en el municipio. La Carta Orgánica establece, y así entendieron los concejales, que nadie puede asumir como “representante del pueblo” sin tener ese plazo de residencia.
El “frustrado concejal” de Sa viene realizando desde entonces diversas maniobras judiciales con la idea de asumir. Por esta razón el Concejo presentó un Conflicto de Poderes ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia defendiendo la independencia de poderes, al sostener que los concejales son los únicos facultados para determinar quién cumple y quién no cumple para ser integrante del cuerpo. Cualquier otro poder que interceda, para los ediles, no tendrá competencia.
Ahora, el Concejo Deliberante solicita, atento a la gravedad de aquellos los hechos, un informe para saber cuál es el estado de la causa ya que -explican- después de la denuncia realizada con posterioridad al 10 de diciembre de 2019 no se movieron más los papeles. Hubo un solo allanamiento a un integrante de esa “patota” pero luego no hubo avances.
La intención de los concejales que firmaron la nota es que la Justicia reactive la investigación, que parece estar congelada en la oficina de un Secretario del Juzgado, para que no vuelva a ocurrir una situación similar y nadie se crea con derecho de arremeter, con violencia, contra uno de los Poderes del Estado municipal.
“Venimos por este acto en calidad de autoridades del Honorable Concejo Deliberante y víctimas de los diversos delitos que se investigan, a solicitar un informe circunstanciado sobre el estado de autos referidos a los acontecimientos que tuvieron lugar el 10 de diciembre de 2019 (número de Expte., secretaría a cargo, actuaciones judiciales, actuaciones policiales, secretario actuante), atento al tiempo transcurrido y la gravedad de los hechos”, indica la nota presentada, que lleva las firmas de los ediles Juan José Raynoldi; Verónica Graciela Lunardi y Ernesto Aurelio Benítez.
En la misma, se menciona la comisión de los delitos de “amenazas, lesiones, daños, privación ilegítima de la libertad y demás calificaciones legales”.
