La Comisión pidió suspender al concejal cazador de San Pedro

Quieren notificarlo y realizar la sesión especial hoy. Si logran un acuerdo, lo suspenderían 30 días para investigar su accionar. Anoche todavía estaba detenido.

19/06/2020 08:10

ATRAPADO POR GUARDAPARQUES. Fue detenido junto a un gendarme en un control en la reserva Yabotí.

La Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de esta localidad pidió la suspensión preventiva del concejal Roberto Javier Torres, que fue detenido el domingo pasado cuando volvía de una cacería furtiva en la Biósfera Yabotí. El presidente del cuerpo tiene tres días hábiles para convocar a una sesión especial para aprobar el Dictamen de la Comisión. La notificación se realizará hoy y pretenden que se realice este mismo día.

Antes de tomar esa decisión, los concejales integrantes eligieron sus autoridades, quedando la presidencia a cargo del renovador Enso Rosendo Adoryan. El edil del Partido Agrario y Social, Pedro Ramón Borjas fue designado secretario y el renovador Carlos Martín Dellien como vocal. Una vez conformadas las jerarquías, los ediles decidieron pedir la suspensión preventiva para Torres por 30 días hábiles para avanzar con la investigación.

El pedido de suspensión se fundamenta en el marco de la Carta Orgánica Municipal, cuyo artículo 296 que tiene como título “Comisión Investigadora, suspensión preventiva”, expresa que “la comisión investigadora en cualquier momento de la etapa investigativa puede solicitar la suspensión preventiva del o los imputados en forma fundada”.

Los ediles que conforman esta comisión entendieron que es lo mejor para la investigación.

Hoy se debería efectuar la notificación al edil imputado en la investigación y luego elevar al presidente del Cuerpo para que convoque a una sesión especial para aprobar o no el dictamen.

Ese mismo artículo establece que “el Honorable Concejo Deliberante en sesión especial resolverá en el término perentorio de setenta y dos horas de notificado. La suspensión se hará efectiva con el voto afirmativo de los dos tercios (2/3) del total de sus miembros. Las suspensiones dispuestas perdurarán por el lapso de tiempo que dure el procedimiento y hasta su conclusión definitiva”.

Por otro lado, la Comisión Investigadora va a solicitar al Juzgado de Instrucción III de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en San Vicente un “informe sobre la situación procesal del Sr. Concejal Javier Roberto Torres para ser agregado en las actuaciones que está efectuando esta Comisión”.

El presidente de la comisión, Enso Adoryan resalto que “se despegó la idea de que el Cuerpo quería proteger al concejal Torres. Hasta que no tuviéramos la evidencia cierta de que él estaba detenido no podíamos actuar. Como cuerpo tenemos que contemplar muchas cosas antes de tomar decisiones. Ahora que se confirmó la situación del concejal tomamos las decisiones y comenzamos a trabajar”.

Durante la reunión el edil acusado estaba detenido en la comisaría Segunda de San Pedro. A última hora se esperaba que el juez Gerardo Casco, del Juzgado de Instrucción III de San Vicente, ordene su liberación.

La intención de los ediles que conforman la Comisión Investigadora es que se haga la notificación a primera hora de hoy y que la Presidenta llame a sesión especial este mismo día. Esa decisión la tendrá que tomar la renovadora Susana Andrea Benke.

 

Repudio gremial al daño ambiental

Al respecto de este tema, la Comisión Directiva de ATE San Pedro manifestó públicamente su “rechazo y repudio al accionar delictivo de personas que violaron normas expresas de orden provincial y nacional, con hechos criminales planeados para atacar la biodiversidad y el equilibrio medio ambiental en la Reserva Provincial de Biósfera de Yabotí”.

Cuestionaron el accionar de “ciudadanos que ostentan funciones públicas, actuando como cazadores furtivos con portación ilegal de armas de fuego, intromisión delictiva en espacio natural público protegido, intentando ocultarse de los responsables guardaparques actuantes, violando lo establecido en la Constitución Nacional, normas jurídicas ambientales nacionales y provinciales”.

En consecuencia, “alertamos a la población en general y a las autoridades provinciales en particular, para que dichos hechos sean sancionados con la fuerza de la ley imperante”.

Al mismo tiempo el gremio revalorizó “al personal de guardaparques en la difícil tarea de plena vocación para defender la riqueza natural que con orgullo podemos exhibir los misioneros al mundo, conservando con mucho esfuerzo la diversidad biológica en su más puro estado natural”.

“Es por ello que exponemos y respaldamos claramente el correcto actuar de la fuerza ambiental conservacionista solicitando que las autoridades protejan a los mismos que actuaron in situ, a fin de evitar ataques personales o a bienes como los hechos ocurridos el 3 de marzo con uno de los agentes, con la quema intencionada de un vehículo de uno de nuestros compañeros”, indicó ATE.