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Los enfermeros del SAMIC de Oberá reclaman mejores condiciones laborales

8 junio, 2020
Imagen ilustrativa Archivo

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Entre los reclamos provinciales por mejores condiciones laborales de los trabajadores de salud, los profesionales de enfermería del hospital SAMIC de Oberá señalan que hace años esperan ser incorporados a la planta de personal. De acuerdo a lo compartido por el grupo de autoconvocados de este nosocomio, en algunos casos, están esperando hace cuatro, cinco años, realizando el trabajo informal, con la promesa de que serían contratados.

Según datos a los que accedió PRIMERA EDICIÓN, más del 50% de los enfermeros está en negro. Estos números son alarmantes teniendo en cuenta que pertenecen a uno de los sectores que prestan su servicio en la primera línea de combate contra el coronavirus en las guardias de emergencia. Sin embargo, según lo precisado por estos profesionales, la inestabilidad laboral se extendería a todos los sectores del SAMIC obereño.

“En emergencia de adultos, de 32 enfermeros profesionales, 17 están en negro, sin contrato, más de la mitad de los enfermeros son trabajadores sin contrato. Cobran dos meses atrasados, con suerte: algunos todavía deben cobrar febrero. Gozan de cinco días de vacaciones pagas. Cobran 111 pesos por hora de guardia, ahora por la pandemia aumentaron a 155 pesos, pero sólo mientras dure la cuarentena. No tienen aguinaldo, seguro, aportes, obra social, todo lo que le corresponde a un trabajador por ley”, enumeraron estos enfermeros.

En cuanto a los pagos recibidos, detallaron que “no cobran sueldo fijo, sino de acuerdo a la cantidad de guardias que realizan. Algunos tienen muchas guardias, otros no. Si se enferman, no les pagan. Hay casos de chicas embarazadas que directamente no pueden trabajar, por la situación actual, y se quedan sin percibir nada. Cada vez que sale un bono o plus salarial, a ellos no les pagan. No tienen fecha segura de cobro”.
Sobre el mecanismo de facturación, indicaron que “el hospital factura esas horas en los recibos de haberes de los enfermeros que están en blanco, por lo que hay enfermeros que según sus recibos trabajan 26 horas al día. Cuando cobran esos enfermeros, retiran el dinero y rinden en el hospital, para que puedan pagar a los ilegales. Dada esa realidad, los sobrecargan con guardias sobre todo en fechas especiales, fines de semana, Día del Padre, Día de la Madre, Semana Santa, Navidad, ya que no tienen derecho de reclamar nada”.

Entre estos profesionales consultados, “hay personas con cuatro, cinco años de antigüedad. Desde febrero del 2019 están en una lista de posibles contratados, de los que quedaron fuera los mayores de 40 años de edad, a pesar del tiempo que llevan trabajando en esta situación. En que por el momento, supuestamente, en cuestión de días iban a ser contratados, por lo que hicieron todos los trámites, a más de un año, no llegaron los contratos, por lo que los documentos que hicieron ya no tienen validez, como ser antecedentes policiales, libre deuda, entre otros”.

 

Un miedo latente

Entre los temores por la situación del momento está “la posibilidad de contraer el virus, lo que los llevaría a quedar aislados y sin poder cobrar por los servicios prestados. También están las salidas que deben realizar en las unidades de traslado, a las que no pueden negarse, a pesar de no tener cobertura alguna”, compartieron los enfermeros del SAMIC de Oberá.

Tags: #Oberá#saludEnfermerosMisionesReclamosSAMIC
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#Salud #Obesidad #Historias #EstiloDeVida #Entrenamiento #Posadas
Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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