Un comité formado por 14 bancos y fondos de inversión condenó a la Argentina al estatus de default. Más allá que desde el Gobierno nacional se haya intentado popularizar el concepto de default técnico, parcial, controlado, u otros, para el mundo financiero el país está en cesación de pagos desde que Martín Guzmán no pagó el vencimiento del 22 de mayo. Así, en forma unánime este comité determinó que los inversores que compraron seguros contra un default local pudieran empezar a cobrar sus contratos que compraron para proteger sus bonos.
Los 14 integrantes votaron para que se coloque al país en default y se gatillen los alrededor de 1.000 millones de dólares en contratos que había sobre los bonos argentinos. El país dejó de pagar el 22 de mayo 503 millones de bonos Globales después de un período de gracia de 30 días.
El International Swaps and Derivatives Association (ISDA) hizo público hoy el resultado de sus dos jornadas de revisiones para determinar si el país incurrió en un “evento de crédito” que habilita la activación de los CDS, es decir, los seguros contra default (credit default swaps, en inglés). El comité determinó que el default es una realidad y que los seguros deberán pagarse.
El comité decidió que “se ha producido un evento de impago de crédito” y que “el evento de impago de crédito con respecto a la entidad de referencia y las transacciones cubiertas se produjo el 22 de mayo de 2020”, entre otras definiciones más técnicas. También decidió “celebrar una subasta para liquidar las transacciones cubiertas”.
“No está claro quién posee la mayoría de los swaps, ya que esa información rara vez es pública. Algunos inversionistas los compran para cubrir su exposición a bonos, mientras que otros los recogen como una apuesta contra la deuda de un país en particular. Elliott también formó parte del panel de swaps de default crediticio de Argentina en 2014. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien era ministro de Economía en ese momento, dijo en ese entonces que sospechaba que Elliott tenía los swaps y lo criticó por liderar “el capitalismo especulativo más miserable”. La firma negó en un tribunal de Estados Unidos en 2013 que poseyera los contratos de derivados, detalló Bloomberg.
La definición del ISDA respecto de que la Argentina entró en default ahora abre un nuevo proceso. “Esto es un contrato entre privados en donde, una vez que estas 14 entidades definen que un país está en default, hay un plazo de 10 días en el que se fija una fecha para realizar una subasta. A los 30 días, el tenedor del seguro cobra en efectivo”, relata el proceso a Infobae el especialista en deuda Sebastián Maril. “Lo que se votó es si Argentina entró en default. No le afecta nada en términos económicos al país. No tiene que pagar nada. En un problema entre privados”, agregó.
La reunión del ISDA sólo puede ser solicitada por una o varias de las 14 entidades financieras que lo conforman y que son las que votan: Bank of America, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho Securities, AllianceBernstein, Elliott Management, Citadel, PIMCO y Cyrus Capital.
“No se sabe quién es el que pide la reunión, sí que es uno de los catorce miembros y que no lo puede pedir un bonista argentino. En este caso, hay uno de los miembros que también es acreedor, pero no significa que sea el que lo haya pedido”, explicó Maril.
Maril hace referencia a PIMCO, Pacific Investment Management Company, que se hizo conocido en el mercado local por tener el 40% del Bono de Política Monetaria (Bopomo).
Una vez que el ISDA define que un país está en default, hay un plazo de 10 días en el que se fija una fecha para realizar una subasta. A los 30 días, el tenedor del seguro cobra en efectivo. Esto no tiene nada que ver si, en el lapso de esos 30 días que define la entidad, Argentina alcanza un acuerdo con sus acreedores que le permite levantar el default. Al declararse la cesación de pagos, el que tiene el seguro va a cobrar y después volverá a cobrar lo que sea de los bonos. Así lo detalló un informe de hoy de Reserch for Traders.
El presidente del ISDA es Eric Litvack, Managing Director del Société Générale, mientras que el vicepresidente es Axel van Nederveen, Managing Director del European Bank for Reconstruction and Development. Tercero en la jerarquía, con el cargo de secretario de la entidad, se ubica Jack Hattem, Managing Director de Blackrock para el departamento de renta fija a nivel global.
En el resto del directorio está integrado por otros 25 altos ejecutivos de grandes bancos y fondos como Pimco, HSBC, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Deustche Bank o RBC Market Capital. Entre los miembros, en tanto, se destaca otro de los nombres célebres entre los acreedores de la Argentina, el de Elliot Management, el fondo buitre de Paul Singer que litigó durante años contra el país hasta que acordó, en 2016, el pago que determinó la salida del default de 2014.
El fiduciario de la Argentina oficializó el default
En paralelo a la decisión del comité que determina el pago de seguros contra default, el Bank of New York Mellon (BoNY), el fiduciario de la Argentina, comunicó a los inversores la oficialización del default argentino.
A través de un “aviso de evento de impago” con fecha del 26 de mayo pasado, la entidad dijo que el país incumplió el vencimiento del 22 de abril por USD 503 millones y el período de gracia de 30 días. También recordó a los tenedores de esos bonos el derecho acelerar –volver toda la deuda futura pagadera en el presente– en caso de así desearlo, y con el acuerdo de tenedores con al menos el 25% del capital emitido.
También, que el país reconoció el default: “La República ha reconocido los acontecimientos de incumplimiento mencionados anteriormente y ha asesorado al fiduciario de la siguiente manera: ‘El 21 de abril de 2020, la República lanzó una invitación para presentar órdenes de canje de ciertos bonos elegibles, incluyendo los Bonos del 6,875% de la República con vencimiento en 2021, los Bonos del 7,500% con vencimiento en 2026 y los Bonos del 7,625% con vencimiento en 2046, por nuevos bonos. La invitación expira el 2 de junio de 2020”.
