Por Rocío Gómez
Fue una campaña de marketing que dividió las aguas en el feminismo. ¿Por qué? Porque se trata de un tema en el que hay mucha tela para cortar y posiciones encontradas: la prostitución. De un lado, aquellas que creen que el abolicionismo es el camino; del otro, las que se pronuncian a favor de la regulación de la actividad.
Todo comenzó por la cantante y actriz, Jimena Barón. Para lanzar su nuevo tema, denominado Puta, empapeló el barrio de Palermo, en Buenos Aires, con su foto en una pose sensual y un número de teléfono, emulando aquellos avisos donde se “ofrecían” servicios sexuales. Para sumar al lanzamiento, publicó dos fotos en su cuenta de Instagram con Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), entidad que trabaja por la regularización para que aquellas que quieran trabajar de prostitutas puedan hacerlo con aportes, obra social y todos los derechos de los que gozan los trabajadores de cualquier actividad.
El sector del feminismo que aboga por el abolicionismo salió al cruce acusándola de “utilizar a la prostitución” con el fin de promocionar su música y de no reconocer “el papel que juega en las redes de trata”. La artista utilizó su cuenta de Instagram para responder a las acusaciones. “No puedo entender que exista gente que crea que un equipo de más de 50 personas estaría a favor de fomentar una bestialidad así (…) Pedimos disculpas y aclaramos que no fue así en absoluto”, escribió la cantante.
Una de las primeras en pronunciarse en contra de la campaña de Barón fue la guionista de la novela “Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV)”, Carolina Aguirre. “Qué decepción que creas que la esclavitud sexual es un trabajo, que vinimos a este mundo a ser vertederos de semen y de venéreas y víctimas de violencia por unos pesos”, criticó duramente la guionista. Y siguió. “Ojalá supieras que las putas tienen un promedio de vida de 30 años porque las matan a golpes, les contagian VIH y tienen traumas más serios que un veterano de guerra (…) Qué pena que no entiendas que el feminismo es para proteger a las más débiles, no a vos, que podés elegir”.
Aguirre no bajó la guardia y remató su comentario en el descargo de Barón asegurando que “el feminismo es abolicionista porque no tolera la explotación de ninguna mujer en ninguna de sus formas”.
Otra de las que salió al cruce fue la politóloga Florencia Freijo, autora del libro “Solas (aún acompañadas)”. “Me da mucha pena que se utilice a la prostitución como algo cool con lo que hacer videos musicales, que se crea que la liberación de la mujer es la liberación sexual y hasta ahí. Que se piense que mi cuerpo mi decisión es una consigna individual. ¿Para esto querían el feminismo? (…) No es cool que los papelitos que usan para vender el cuerpo de las mujeres en la vía pública te ayuden a promocionar tu videoclip”.
Del otro lado también se escucharon voces. Georgina Orellano dio una nota a Página 12 donde aseguró haber advertido a Jimena Barón de la repercusión que podría tener la campaña “porque es un tema que genera mucha resistencia”, pero celebró la iniciativa de la cantante, debido a que “permitió dar visibilidad a los reclamos que las trabajadoras sexuales mantienen hace años”. En las redes también estuvo activa. En sus historias de Instagram compartió varios mensajes de mujeres que ejercen la prostitución y que reclaman derechos como los que tiene cualquier trabajador.
Pero, de qué se tratan ambas posturas. Qué plantean y qué buscan. La campaña de Jimena Barón abrió el debate, pero el tema a tratar la excede. Acá hay posiciones encontradas con argumentos fuertes. Según datos de la AMMAR, “el 96% de las mujeres que ejerce la prostitución en forma voluntaria carece de cobertura de salud; el 51% no terminó la primaria; el 73% no tiene vivienda propia; el 86% es madre y la mayoría tiene dificultades para acceder a las políticas públicas, para sacar un crédito, para abrir una cuenta bancaria”. En ese contexto, las regulacionistas apuestan a – valga la redundancia- regular la actividad, a registrarla para otorgar derechos.
Un ejemplo de regulación es lo que ocurre en países como Uruguay y Holanda. En el país oriental, en 2002 se aprobó la Ley 17.515 que establece que “es lícito el trabajo sexual”. La normativa define a las trabajadoras sexuales como “todas las personas mayores de dieciocho años de edad que habitualmente ejerzan la prostitución, recibiendo a cambio una remuneración en dinero o en especie” y crea el Registro Nacional del Trabajo Sexual, organismo que se encarga de autorizar a las personas a ejercer esta actividad y controlar que se tenga al día el carnet sanitario que expide el Ministerio de Salud Pública de Uruguay.
En Holanda, la prostitución se legalizó en el año 2000, cuando se levantó la prohibición que pesaba sobre los burdeles desde 1911. Se incluyó en el Código Penal un artículo que convierte en punibles todas las formas de explotación y se elevó la edad mínima de 18 a 21 años para ejercerla, entre otras cosas. Los trabajadores sexuales tienen que pagar impuestos y tienen un seguro privado de salud en un sector que contribuye a impulsar la economía holandesa. Es más, en 2015, recaudó más de 2.500 millones de euros, lo que equivale al 0,4% del PBI, más que la industria quesera del país.
Quienes abogan por la regulación sostienen como bandera la “elección” y rechazan la posición de víctimas con las que, por lo general, las mira la sociedad. “Se habla de un montón de cosas en relación a nuestro trabajo: que no lo elegimos libremente y que por ende se debe abolir, que el Estado nos debería rescatar porque somos víctimas, que ninguna mujer desearía, soñó, planificó, ser prostituta, que nace de la pobreza y la marginalidad, que vendemos nuestro cuerpo y por ende si el Estado reglamenta la actividad se convierte en el principal proxeneta”, remarcó Orellano.
“Todos esos argumentos cargan con una posición moral en torno al ejercicio de nuestro trabajo, porque nosotras somos parte de una clase trabajadora que no elige libremente qué trabajo hacer. Sin embargo no se cuestiona a otros trabajadores de la forma en que se cuestiona la toma de decisiones de las trabajadoras sexuales”, agregó.
La sindicalista considera que el hecho de que el Estado no genere políticas públicas “es justamente no hablar de lo que no se quiere hablar: del poder de decisión que tenemos las mujeres, y hablar de sexualidad y cómo como sociedades estamos atravesadas por tabúes y biologías más cercanas a la Iglesia Católica que al feminismo”.
El abolicionismo, por su parte, sostiene que la regulación “no da derechos a las prostitutas sino a los ‘puteros’”, es decir a los hombres que pagan por sexo, que podrán acceder a los cuerpos de las mujeres como bienes de consumo. La Argentina adoptó el sistema abolicionista desde 1957 en consonancia con los Convenios de la ONU y comprometió al Estado a no perseguir a las personas en situación de prostitución ni registrarlas por esa condición, ni exigirles ningún tipo de examen médico. Obliga, en cambio, a perseguir a proxenetas y tratantes que se benefician de la explotación sexual. Según las últimas modificaciones del Código Penal, la prostitución es una actividad lícita, siempre y cuando no haya trata ni explotación de personas y se ejerza voluntariamente.
De este lado de la discusión hay mujeres que han sido trabajadoras sexuales y son quienes se levantan como las principales referentes del movimiento. Delia Escudilla escribió “Violación consentida, la prostitución sin maquillaje, una autobiografía”, donde cuenta su historia como trabajadora sexual; “Debate prostitución”, de la española Pilar Carrasco, es otro. En él se suman varias voces, algunas de ellas, mujeres que ejercieron la prostitución. Y así, varios más.
El abolicionismo argumenta que todas trabajan forzadas en mayor o menor medida, sin ser conscientes, y por lo tanto se trata de una forma de violencia contra la mujer; y critican lo que pasa en países regulacionistas, justamente como Holanda.
Aseguran que, si bien uno de los objetivos de la regulación fue acabar con la trata de personas para explotación sexual, la misma se ha mantenido e incluso aumentado. La Policía Nacional holandesa estima que entre el 50% y el 90% de las prostitutas del “barrio rojo” probablemente sea víctima de trata, y un informe realizado por la Fondation Scelles (que trabaja sobre causas y consecuencias de la prostitución, fundado en 1993 en Francia), señala que la trata en el país ha aumentado progresivamente desde la legalización de la prostitución, con un incremento del 24% entre 2010 y 2011.
El abolicionismo considera a la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, combate el proxenetismo y argumenta que podría desterrarse con campañas educativas contra el consumo de prostitución, la penalización de los clientes o la prohibición legal de su ejercicio.
Dos posiciones encontradas acerca de un hecho social complejo. La campaña publicitaria de Jimena Barón quedó lejos en este entramado, pero abrió el debate. Un debate que llegó para quedarse. Y para transformar realidades, quizá eso era necesario.
