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Detalles del polémico proyecto de Bolsonaro para explotar reservas indígenas

6 febrero, 2020
“Cada vez más, el indio es un ser humano como nosotros”: la frase racista de Bolsonaro que llegará a los tribunales.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el miércoles un controvertido proyecto de ley que autoriza la actividad minera y de generación eléctrica en tierras indígenas. Un texto al que se oponen de manera frontal los pueblos originarios y organizaciones ambientalistas, y que deberá ser analizado por el Congreso Nacional.

En un discurso, durante una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia con motivo de los 400 días de Gobierno, Bolsonaro dijo que el proyecto es “un sueño”.

“Espero que este sueño en la manos de Bento [Albuquerque, ministro de Minas y Energía] y los votos de los parlamentarios se concretice. El indio es un ser humano exactamente igual que nosotros. Tiene corazón, sentimientos, alma, deseos y necesidades. Es tan brasileño como nosotros“, declaró.

La regulación de la minería y otras actividades extractivas en tierras indígenas ha sido defendida por Bolsonaro desde el comienzo de su mandato. Para el Gobierno este proyecto supone “la liberación de los pueblos originarios”.

Según Planalto, el proyecto define “condiciones específicas para la exploración y explotación de recursos minerales, incluidos la minería artesanal, el petróleo, el gas y la generación de energía hidroeléctrica en tierras indígenas”.

También abre la posibilidad de que las aldeas exploren la tierra en otras actividades económicas, como la agricultura y el turismo. La exploración de minerales y aprovechamiento de recursos hidráulicos se encuentran en el artículo 231 de la Constitución, pero nunca fue regulado.

Los proyectos mineros deberán ser consultados a los indígenas quienes, sin embargo, no tendrán opción de vetar las iniciativas que apruebe el Congreso, con la excepción de las relacionadas con la extracción de oro.

“Un genocidio institucionalizado”

En su discurso, Bolsonaro se dirigió a los ambientalistas. “El gran paso es del Parlamento. Sufrirá [los parlamentarios] la presión de los ambientalistas (…) si algún día puedo, los confino a todos en la Amazonía, ya que les gusta tanto el medio ambiente“, sentenció.

Desde su cuenta de Twitter, Sonia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), que congrega más de 300 pueblos, aseguró que el proyecto es “un genocidio institucionalizado”.

“Su sueño es nuestra pesadilla y exterminio. El ‘garimpo’ [la minería artesanal o de pequeña escala] provoca muertes, dolencias, miserias y acaba con el futuro de toda una generación“, aseveró.

Ya en enero 45 líderes indígenas, convocados por el cacique Raoni Metuktire, uno de los mayores líderes del país, firmaron un manifiesto en el que denunciaron que el actual Ejecutivo promueve el “genocidio, etnocidio y ecocidio” contra los pueblos originarios.

Por otro lado, los ambientalistas aseguran que el proyecto acelerará aún más la deforestación de la Amazonía, donde ya aumentó un 85% en el primer año de Gobierno de Bolsonaro.

El periodista ambiental César Javier Palacios opina que estas medidas afectarán negativamente al medio ambiente en Brasil y, en general, al planeta. “Brasil está optando por un modelo económico extractivo, que no deja nada para el futuro, y además el día que se acaben esos recursos, que no son sostenibles, no le va a quedar nada con lo que poder negociar”, explica a RT.

Además, recuerda que las comunidades indígenas viven de esos recursos y con este proyecto “completamente aniquiladas, porque sin su paisaje y su entorno también pierden su futuro”.

“Hay que pensar que después de pasar la minería por esos espacios, el territorio va a quedar completamente devastado“, añade.

Por último, Palacios destaca que la comunidad internacional tiene que impedir esos “destrozos tremendos que deberían ser considerados delitos ambientales de lesa humanidad“.

Tags: #BrasilAmazonasJair Bolsonaromedio ambienteMineríaTierras indígenas
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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