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Grupo Z debe cifra millonaria por alquiler de la Transferencia de Miguel Lanús

19 enero, 2020
INCREÍBLE. Percibe millonarios subsidios, cobra los boletos más caros pero no cumple con el canon al PTMi.

Los millonarios subsidios nacionales, provinciales y municipales sumados a la recaudación por los boletos que vende; la explotación de locales comerciales; y otros negocios no serían suficientes para que el Grupo Z pague el alquiler del predio que ocupa en el Parque Tecnológico de Misiones (PTMi), en Miguel Lanús, de la Estación de Transferencia.

Un estudio de abogados ya tomó el caso y, ante el fracaso de las negociaciones entre la Provincia y el “pulpo” empresario del transporte, desembocaría en una denuncia penal una vez finalizada la feria judicial.

Según pudo saber en exclusiva PRIMERA EDICIÓN, el canon del mes de abril de 2018 fue el último abonado, según el reglamento del PTMi. Mediaciones, reuniones, llamados telefónicos no habrían sido suficientes acciones para conseguir que el Grupo Z cumpla con las reglas.

Sin embargo, este no sería el único conflicto entre el PTMi y la concesionaria del Sistema Integrado que monopolizó el uso de la Transferencia de Miguel Lanús. El derrame de líquidos cloacales y vicios ocultos en la infraestructura que buscan reparar son otros dos “dolores de cabeza” que el directorio del Parque también busca resolver con cartas documento de por medio (ver Otra carta documento…).

 

Reclamo por derecho de uso

El Parque Tecnológico se promueve como un lugar “propicio para la incubación, creación y radicación de empresas de base tecnológica y de institutos de Investigación y Desarrollo”, bajo el concepto de trabajo mancomunado entre Estado y privados.

Fueron socios fundadores el INTA, la Provincia, la UNaM, las Municipalidades de Posadas y Eldorado, con entidades como AMAYADAP, Cámara de Molineros de Yerba Mate, la Cámara de Comercio e Industria de Posadas y la Fundación para la Investigación y Extensión de las Ciencias Económicas.

El predio de unas 60 hectáreas ubicadas en Miguel Lanús, aledañas a la Universidad Nacional de Misiones, son propiedad del INTA y fueron cedidas para la explotación del PTMi por 50 años, pero no se pueden vender ni ceder a terceros.

Allí, además del predio que ocupa la Estación de Transferencia del Grupo Z, están radicadas Marandú SE con una antena; la Biofábrica de Misiones; y la sede del PTMi.

Para instalarse se estableció un canon mensual de U$S 0,20 por metro cuadrado, en concepto de derecho de uso.
Según fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, el Grupo Z tiene 21 meses de mora y le reclaman 42 mil dólares más intereses de actualización establecidos en el convenio. Para calcular el pago, es a razón de U$S 2 mil mensuales y se utiliza la cotización del día del Banco de la Nación Argentina que, el viernes 17 de enero, tuvo el dólar para la venta en $63. Sin contar los intereses, la cifra que debería abonar el Grupo Z supera los 2,6 millones de pesos.

“Comenzaron con problemas de mora con el dólar cotizando a $20. Si bien hacían pagos cuando querían, iban abonando. Luego en abril de 2018 fue el último mes que abonaron. El PTMi puso toda su buena voluntad con mediación, reuniones con la cabeza del Grupo Z y hasta la intermediación de abogados de ambas partes”, reveló una fuente que siguió ese tramo del conflicto y hoy trabaja en otro ámbito.
Según pudo saber este Diario, los Z alegaron dificultades para cumplir el pago dolarizado. Les habrían propuesto atar el canon en pesos a la suba del boleto, pero tampoco decidieron firmar el convenio.

Ahora el PTMi encontró un estudio de abogados que trabajará con los antecedentes durante enero y febrero para presentar una demanda al Grupo Z, cuando finalice la feria judicial en Misiones.

En la denuncia también podría entrar la explotación de 12 locales comerciales ubicados en la Transferencia de Miguel Lanús, actividad que no cuenta con el aval del Parque Tecnológico y va en contra de los objetivos de creación del mismo. Una farmacia, un local de EMSA, una boutique, una carnicería o un telecentro no son consideradas “empresas de base tecnológica”.

 

PARCHE Y PARCHE. ¿Arreglarán los “vicios ocultos” de la estructura?.

Otra carta documento del PTMi y retiro de un permiso de ocupación

Desde hace tiempo, PRIMERA EDICIÓN viene publicando el desastroso estado de las calles internas de la Estación de Transferencia de Miguel Lanús y las quejas de los usuarios por toda la infraestructura. Quienes viajan frecuentemente, habrán visto que algunas vías no se utilizan o quedan clausuradas.

Trascendió en los últimos días que la Municipalidad de Posadas habría intimado al Grupo Z a dar una solución a “vicios ocultos en la infraestructura”.

Para ello, se deben liberar esas calles del uso, desviando el paso de los colectivos, para que reparen los daños. El poderoso concesionario habría comenzado a utilizar un terreno aledaño, ubicado entre la UNaM y la Transferencia, a tal fin. El desfile de máquinas comenzó no hace muchos días en el lote 1 del PTMi, que tiene 1.292 metros cuadrados de superficie.

Sin embargo, a ese predio el Grupo Z lo solicitó hace casi diez años para ampliar su actividad y no lo ocupó hasta esta semana y, además, ¡dejó de pagar su canon hace casi dos años!

Sin hacer caso a las intimaciones previas, el consejo de administración del PTMi decidió revocarle el permiso de radicación en el mencionado predio y se lo comunicó el miércoles 15 de enero al Grupo Z, mediante carta documento. Se los intimó por ese medio a cesar el funcionamiento de las máquinas “en forma inmediata” y a pagar en el término de 15 días lo adeudado.

El problemático Grupo Z tiene otro antecedente de “mal vecino” con el PTMi. En junio pasado debieron intimarlo con carta documento a que deje de tirar desperdicios cloacales a los terrenos aledaños a la Estación de Transferencia de Miguel Lanús. Esta vez, a diferencia de los otros casos relatados, la administración del Parque tuvo más suerte: ahora un camión atmosférico retira los efluentes cloacales.

Tags: Grupo ZTerminal de TransferenciaTransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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