La Cámara de Representantes envió anoche al presidente Donald Trump a juicio político en el Senado por presunto abuso de poder, y a continuación votaba si agrega además el cargo de obstrucción al Congreso.
El mandatario es por haber presionado a Kiev con el fin de lograr unas investigaciones que le beneficiarían de cara a las elecciones de 2020 y de haber usado las ayudas militares y una invitación a la Casa Blanca como moneda de cambio.
El segundo cargo alude a la obstrucción al Congreso por haber tratado de torpedear la investigación.
La jornada era maratónica, aunque la suerte de Trump estaba echada.
Es en el Senado donde el juicio se desarrollará, probablemente a principios de enero, y su absolución tiene el camino despejado.
Los republicanos, que controlan la Cámara alta, cerraron filas en torno al presidente y un veredicto de culpabilidad requeriría 67 de los 100 senadores.
Así las cosas, Estados Unidos vivirá por primera vez un año electoral con un oficialismo unido detrás de un presidente y candidato a la reelección acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso, y una oposición sin líderes claros que encuentra su fuerza en su rechazo unánime al mandatario.
Nadie duda en Estados Unidos que el juicio político será uno de los temas centrales de la campaña, sino el tema central.
Sin embargo, la gran incógnita, a menos de dos meses del inicio del calendario electoral, es cómo esta pulseada institucional influirá en la popularidad de Trump y la unidad por ahora inquebrantable de la mayoría del aparato del Partido Republicano.
Según una encuesta de Gallup publicada ayer por CNN, después de casi tres meses de la investigación de la Cámara de Representantes y de múltiples declaraciones negativas y denuncias, la popularidad de Trump subió del 39% al 45% y el apoyo a un juicio político en su contra cayó del 52% al 46%.
Además, pese a que Trump no ha sido el líder más diplomático o conciliador, ni siquiera con muchos legisladores y veteranos líderes de su propio partido, el oficialismo cerró filas casi por completo detrás suyo y de lo que consideran una reelección casi segura en noviembre del año próximo.
“Siempre hay una división un poco partidaria en un juicio político, pero esta vez la brecha entre los partidos se refleja en que no existe un acuerdo sobre los hechos. En el pasado, podía haber un acuerdo bipartidista sobre los hechos, pero ahora la mitad del país cree cualquier cosa que diga el presidente, sin importar los hechos”, aseguró a Télam Michael Gerhardt, autor del reconocido libro “El proceso federal del juicio político” y uno de los tres expertos convocados por la oposición como testigo en las audiencias preliminares.
