Jiménez en su resolutorio, al que PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso, esgrimió motivos de “violencia moral” (artículos 48 y 49 del Código Procesal Penal) para no computar una pena menor a la impuesta, tal como el Superior Tribunal de Justicia se lo ordenó hace pocos días: “El Juez debe inhibirse de conocer en la causa cuando en el mismo proceso pronunció o concurrió a pronunciar sentencia o intervino como funcionario del Ministerio Fiscal, defensor, mandatario, denunciante o querellante, o actuó como perito o conozca el hecho investigado como testigo”.
También remarcó del artículo 49: “El Juez puede inhibirse de oficio del conocimiento del proceso, cuando se encuentra en situación de violencia moral o cuestiones de decoro y que procedan de un motivo objetivamente grave y atendible”.
Cabe recordar que, a poco menos de dos meses de cumplirse cuatro años del siniestro vial que le costó la vida al inspector de tránsito municipal “Topo” Cabrera (53) sobre la avenida Quaranta casi Lucas Braulio Areco (avenida 115), el Superior Tribunal de Justicia ratificó la culpabilidad por el hecho de Rocío Santa Cruz (34), pero requirió al juez Jiménez, quien la juzgó, que fije un monto de pena acorde a la velocidad con que conducía la automovilista durante la madrugada del 31 de enero de 2016.
Así, el fallo del STJ hizo lugar parcialmente a la casación interpuesta por los defensores a la sentencia.
Dio lugar al agravio referido a la velocidad de circulación del Peugeot 408 que conducía Santa Cruz, refiriendo que el margen de error de la pericia respectiva sostenía entre un 10 y 15 por ciento de falibilidad, y ante la estimación de 65 kilómetros por hora previo al impacto contra la motocicleta de Cabrera, arrojaría una velocidad menor y, por consiguiente, dentro de lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito 24.449.
El STJ no declaró inocente a Santa Cruz, sino que reenvió el expediente para que se modifique la pena, lo que derivaría en una pena de cumplimiento en suspenso de dos o tres años.
