A poco menos de dos meses de cumplirse cuatro años del siniestro vial que le costó la vida al inspector de tránsito municipal, Ramón “Topo” Cabrera (53) sobre la avenida Quaranta casi Lucas Braulio Areco (avenida 115), el Superior Tribunal de Justicia ratificó la culpabilidad por el hecho de Rocío Santa Cruz (34) pero ordenó al Tribunal unipersonal que la juzgó que fije un monto de pena acorde a la velocidad con que conducía la automovilista durante la madrugada del 31 de enero de 2016.
El fallo del STJ hace lugar parcialmente a la casación interpuesta por los defensores a la sentencia del juez César Raúl Jiménez, titular del Juzgado Correccional y de Menores 2 de Posadas, quien la halló culpable a fines de 2018 por el delito de “homicidio culposo en accidente de tránsito” a cuatro años de prisión efectiva.
Hizo lugar al agravio referido a la velocidad de circulación del Peugeot 408 que conducía Santa Cruz, refiriendo que el margen de error de la pericia respectiva sostenía entre un 10 y 15 por ciento de falibilidad, y ante la estimación de 65 kilómetros por hora previo al impacto contra la motocicleta de Cabrera arrojaría una velocidad menor y, por consiguiente, dentro de lo establecido por la ley nacional de tránsito 24.449.
Vale remarcar que el STJ confirmó en el mismo documento la acreditación material del hecho o delito y la autoría respectiva, es decir, no declaró inocente a Santa Cruz sino que reenvió el expediente a quien la juzgó para que modifique la pena, lo que se descartaría derivará en una condena de cumplimiento en suspenso de dos o tres años.
Cabe señalar que la abogada Santa Cruz fue condenada el lunes 26 de noviembre de 2018 a cuatro años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para conducir automotores, tras ser hallada responsable por la muerte del inspector de tránsito Ramón Cabrera, luego de colisionar el auto que manejaba con la motocicleta conducida por la víctima fatal.
El hecho tuvo lugar minutos antes de las 6 del domingo 31 de enero de 2016 y las pericias establecieron que Santa Cruz, quien se retiró de la escena, manejaba alcoholizada.
Además de los cuatro años de prisión, Jiménez le impuso una serie de restricciones, entre ellas, la prohibición de abandonar el país. Ese punto se transformó en clave durante la Navidad de 2018, cuando dos empleados judiciales coincidieron en el mismo vuelo Asunción-Lima y descubrieron a Santa Cruz en el avión.
En febrero de 2019, Santa Cruz fue detenida -por una denuncia de desobediencia- por el mismo magistrado y permaneció en tal condición 155 días. Fue liberada de la alcaidía de la avenida Tambor de Tacuarí luego que la jueza Civil y Comercial 3, Georgina López Liva, le hizo lugar al recurso de habeas corpus presentados por sus defensores.
La imputación por desobediencia se modificó por la calificación de “rebeldía”, también excarcelable. Por lo que el esposo de Santa Cruz, Claudio Ferreyra, presentó el habeas corpus.
De acuerdo a fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, se baraja que el lunes la notificación de la decisión del STJ se concrete en el despacho del juez Jiménez y regrese el expediente para que analice el nuevo monto de pena.
Lo que podría suceder, es alta la probabilidad, es que el magistrado se inhiba del nuevo análisis y la plataforma fáctica sea girada al juzgado Correccional y de Menores 1, cuya titular, Marcela Leiva, ya se inhibió de juzgar la causa.
De producirse esto, sería el juez de Instrucción de turno, Marcelo Cardozo quien deba hacerse cargo de la nueva sentencia.
En caso que resultase negativa, para las expectativas de la condenada, podría recurrir nuevamente al STJ ya que en su fallo le concedió la denominada “doble chance”. Aunque fuentes incuestionables y conocedoras de la Justicia, descartan que la nueva pena sea de cumplimiento efectivo
