El exjuez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, había iniciado en 2017 la investigación a una presunta red de acopiadores de marihuana prensada en suelo misionero y correntino, cuyos cabecillas serían un misionero y un paraguayo y que recorrían la zona alquilando diversos pero estratégicos aserraderos y casas próximos a la ruta nacional 12 desde San Ignacio (Misiones) hacia varias localidades del norte correntino.
Dos de estos sospechosos fueron condenados hace pocos días por el camarista subrogante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Víctor Antonio Alonso.
El magistrado, en carácter de tribunal unipersonal, analizó la propuesta de suspensión de juicio abreviado acordada por la fiscal Vivian Andrea Barbosa con los encartados José Ramón Piñeiro (45, obereño) y Silvino Arístides Silva Aguirre (42), nacido en José Leandro Oviedo, Paraguay.
Ambos fueron acusados por el delito de “almacenamiento de estupefacientes” (artículo 5, inciso C de la Ley 23.737).
Piñeiro fue condenado como autor del delito señalado a cinco años de prisión efectiva, mientras que Silva Aguirre fue beneficiado con una pena menor, tres años de ejecución condicional, tras considerarlo como partícipe secundario de almacenamiento.
De acuerdo al expediente, que finalmente fue definido en Misiones, en marzo del año 2017 se iniciaron las investigaciones por parte del Escuadrón 11 “San Ignacio”, detrás de una organización delictiva que operaría en Posadas, Oberá, Eldorado, Loreto y Santa Ana.
La mencionada fuerza informó al Juzgado Federal de Corrientes que los investigados negociaban el alquiler de un aserradero con la intención de realizar un posible contrabando, acopio y posterior traslado a grandes centros urbanos de nuestro país.
El seguimiento se profundizó a partir del 24 de octubre de 2017, con la vigilancia en una finca próxima a las rutas provinciales 103 y 4. Observaron movimientos de personas que realizaban recorridas armadas y con perros y que oficiaban de “campanas” para el ingreso de camionetas notablemente cargadas.
El 27 de octubre, Soto Dávila autorizó el ingreso al predio y fueron detenidos Piñeiro y Silva Aguirre, este último a bordo de un Volkswagen Bora.
Dentro de la propiedad fueron secuestrados ochenta bultos con 2.404 ladrillos de marihuana prensada, en total 1.970,367 kilogramos.
Según el fallo de Alonso, que PRIMERA EDICIÓN pudo conocer, con Silva Aguirre ingresó al país, el mismo día de su detención, el supuesto líder de la organización, también paraguayo y a quien Soto Dávila investigaba con mayor preocupación.
No se pudo establecer si la misma noche logró escapar de la chacra allanada en Santa Ana o no estuvo allí ese día, el 27 de octubre de 2017.
Lo que resultó irrefutable para la fiscal y el juez fue que, por la cantidad y disposición de recursos para resguardar la droga, la acusación de “almacenamiento” o acopio no dejaba lugar a dudas.
