“Nos vamos preocupadísimas por lo que vimos en el penal de Miguel Lanús”

La presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), Mariana Barbitta, estuvo en Posadas para el octavo encuentro nacional de su organización. Sus impresiones sobre la realidad carcelaria. Avances y retrocesos de la Ley de Víctimas bajo la mirada de mujeres penalistas del país.

11/11/2019 19:00

El encuentro, organizado por la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y realizado la semana pasada, dejó abierto el debate para reflexionar respecto a la situación carcelaria de muchas mujeres en esta provincia.

“Me voy preocupadísima porque vimos que en el penal (de Miguel Lanús) se mezclan detenidas procesadas con condenadas. Muchas de ellas son mujeres que en realidad han sido víctimas de violencia de género, pero están sindicadas por el sistema penal como ‘las malas’. Si bien es cierto que allí las condiciones de encierro no son las típicas, la verdad es que el acceso a la comida es poco y también existe un casi nulo acceso a la salud”. Con estas palabras la presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), Mariana Barbitta, sentó su postura sobre algunos de los temas que se desprendieron del octavo encuentro nacional, impulsado por su organización.

“El año que viene vamos a trabajar en articular espacios en común con la idea de armar una filial en Misiones”, sostuvo. En ese sentido, Barbitta señaló que AMPA no sólo se puso a disposición de la provincia para aquellos sectores que lo necesiten sino que sumó el compromiso de revisar algunos expedientes.

“Este encuentro me deja una reflexión vinculada a las realidades de las demás provincias y que no son tan distintas unas de otras. Se sigue criminalizando a mujeres pobres y por otro lado se sigue desoyendo a las víctimas, sean de abuso sexual o trata”, enfatizó.

“Exigimos que se las escuche y les permitan acceder al expediente y a una buena defensa pública para tener la otra postura en sus expedientes. Una de las situaciones que nos describieron las internas es la falta de acceso a las defensoras y defensores públicos, de quienes nunca reciben visitas y es necesario que haya un intercambio para garantizar que será tratada con la igualdad que exige la ley”, señaló.

Barbitta, quien también es docente en la Facultad de Derecho de la UBA, comentó una iniciativa por la cual se está intentando incorporar la perspectiva de género en los programas académicos de las facultades de Derecho del país. “Por ello nos resulta muy importante que desde la Facultad de Humanidades, que es la que tiene investigadores especializados en cuestiones de género, también se incorpore a pensar una Justicia con perspectiva de género, que vemos que no la tiene”, indicó la abogada.

 

Avances y retrocesos

La reunión de AMPA tuvo, por otra parte, el objetivo de debatir la Ley Nacional de Víctimas. “La idea de hacer un encuentro en Posadas se gestó a partir de la posibilidad de revisar la normativa aprobada en 2017, que regula los derechos y las garantías para las víctimas. Si bien se trata de una ley que no está incorporada a esta provincia, ya que falta su adhesión, es muy importante porque visibiliza la posibilidad de que las víctimas sean escuchadas, que tengan acceso al expediente, sean informadas de cómo avanzan sus causas y demás”, se explayó la penalista.

“Sin embargo, dentro del debate planteamos avances y retrocesos que proporciona esa norma. Es decir, por un lado estamos de acuerdo con que la víctima tenga acceso a la información, a ser escuchada y demás, pero, por otro lado vemos que la ley permite que la víctima opine, por ejemplo, en las decisiones sobre las salidas anticipadas de los imputados o imputadas”.

“Esto quiere decir que ante un caso concreto en el cual el Poder Judicial deba autorizar a una persona a salir en libertad condicional, la víctima podrá ser consultada si está de acuerdo o no con esa libertad condicional y esa situación, aunque no es vinculante, genera presión. Esto para nosotros es un tema muy sensible ya que pone en riesgo el pacto de San José de Costa Rica y tiene que ver con la resocialización del imputado o imputada. Si la víctima frena esa incorporación a la sociedad, jamás se va a poder cumplir con el objetivo de la reinserción”, dijo.