El 2019 fue el año de las protestas en Argentina. Es que la crisis económica, el aumento de la pobreza, el hambre y los recortes en asistencia por parte del Estado, en el marco de las elecciones, generaron un caldo de cultivo para el acervo de las luchas populares en diversos sectores.
Este contexto, quedó evidenciado en un informe de la Consultora Diagnóstico Político que reveló que en lo que va de 2019 se produjeron 4.440 cortes de vías públicas. Sin sumar los que ocurrieron días atrás en Misiones debido al conflicto con tabacaleros.
Asimismo, se destaca que sólo en septiembre se registró un nuevo récord anual de piquetes. Según la estadística, durante ese mes hubo 561 piquetes en todo el país, lo que representó la cifra más alta en lo que va del año. Mientras que en octubre se registraron 476.
Respecto a los distritos con más piquetes, durante octubre la provincia de Buenos Aires (77) volvió a encabezar la tabla, seguida por Santa Fe (37). La Capital Federal (32) cayó por primera vez en la historia a un sorprendente sexto lugar, superada por Neuquén (35), Misiones (33) y Chubut (33). En tanto, las provincias con menos cortes nuevamente fueron Santiago del Estero (2), San Luis (2) y San Juan (2).
En cuanto a los actores que lideraron los bloqueos, las organizaciones sociales (120) repitieron el primer lugar, con un 25% de participación en el total. En segundo lugar, se sostuvieron los trabajadores estatales (112), seguidos nuevamente por las fuerzas político-partidarias (62). Más atrás se ubicaron grupos de desocupados y cesanteados (55), trabajadores privados (51), vecinos autoconvocados (40) y otros actores (36).
Ante este escenario, diversos medios de comunicación publicaron noticias que daban cuenta de los ingresos que perciben los integrantes de movimientos sociales. Reverso, la plataforma integrada por más de 100 medios que luchan contra la desinformación, dio cuenta de ello al revelar que “más de 70 usuarios de Twitter y Facebook” se preguntaron de qué viven los líderes de las organizaciones sociales Juan Grabois, Daniel Menéndez, Juan Carlos Alderete y Emilio Pérsico. Las publicaciones en esa oportunidad alcanzaron los 14 mil compartidos.
Estas fake news y posteos virales realizados en su mayoría durante las protestas que reclamaron la declaración de la Emergencia Alimentaria en el país, al enfocarse en las figuras que lideran estas organizaciones o en los recursos, profesión o condición social que poseen los manifestantes, no hacen más que desprestigiar los legítimos reclamos y la lucha de distintos sectores de la sociedad que ejercen su derecho a expresarse ante situaciones la injusticia social.
De esta forma, se dejan de lado las problemáticas que denuncian los actores y se invisibilizan las necesidades. En consecuencia, se disocian los beneficios y reivindicaciones que se logran.
Porque las organizaciones sociales que salieron a las calles durante el último año y lideraron el ranking de piquetes, lo hicieron para exigir la asistencia del Estado para los 15,9 millones de argentinos pobres que reconoció el INDEC. Estas acciones derivaron en la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria, aprobada el 4 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación y más adelante en la Legislatura misionera.
Porque los trabajadores estatales que fueron al paro con quite de colaboración, debido a la pérdida del poder adquisitivo por una inflación anual que en agosto alcanzó el 54,4%, lograron el pago de un bono de $5.000 para estatales a nivel nacional y una recomposición del 10% que benefició a 140.000 trabajadores.
Porque las protestas de fuerzas político partidarias como la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Partido Obrero (PO) se movilizaron para apoyar en Misiones el reclamo de tareferos por aumentos en el subsidio interzafra, a beneficiarios de planes sociales que exigían más ayudas y a las mujeres que se plantaron contra los femicidios.
Caso aparte fue la metodología que adoptaron las organizaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que llevaron adelante una serie de intervenciones en el espacio público con “feriazos” y “mandiocazos” donde entregaron alimentos producidos en las chacras, como forma de rechazo al uso de agrotóxicos y al avance de los cultivos transgénicos en favor de la soberanía alimentaria.
Porque los trabajadores privados, desocupados y vecinos que se suman a esta lista de piqueteros llevaron banderas solicitando políticas económicas urgentes contra la pérdida de 220 mil empleos, por la creación fuentes de trabajo y por la calidad en la prestación de los servicios públicos como agua, energía, salud, transporte, educación y vivienda.
Porque los tabacaleros que cortaron rutas lograron un pago más justo. Aquí el rol de los medios es fundamental ya que la trasmisión de una manifestación amplifica la llegada del reclamo entre diferentes audiencias. Su desprestigio también.
Violencia y libre tránsito
Al contar una protesta y hacer hincapié en la violencia, la usurpación y el entorpecimiento del transporte o servicios de comunicación, se destacan las figuras que son utilizadas comúnmente por el Poder Judicial para la criminalización.
Ejemplo de ello se vio en la provincia de Misiones durante el enfrentamiento entre turistas e integrantes del Movimiento de Resistencia Popular en Puerto Iguazú.
Este último grupo exigía la eliminación de la tasa de abasto municipal al entender que este gravamen encarece el valor de las mercaderías en el mercado local, por este motivo procedieron al corte de ruta 12 en el acceso a la localidad, medida que derivó en un enfrentamiento con turistas que tenían como destino el Aeropuerto Internacional Carlos Krause.
En esa oportunidad, la noticia llegó a los medios nacionales en los cuales se mostró la agresión de los manifestantes a viajeros que desesperados por no perder su vuelo se bajaron de los micros y caminaron hasta la terminal aérea.
Otro caso fue el de vecinos autoconvocados en Posadas que por más de un mes bloquearon el paso sobre la ruta 12 y la avenida Cabo de Hornos. Pedían por bolsas de mercadería y asistencia para comedores en los barrios.
A pesar de lo válido del reclamo, el piquete fue condenado debido a que el corte de la arteria impedía el acceso de los colectivos a los barrios de la zona y muchos vecinos se vieron obligados a trasponer la barrera a pie para llegar a sus hogares o lugares de trabajo. Posteriormente, se procedió al desalojo del acampe mediante una orden judicial dictada por el juez de Instrucción, Ricardo Balor.
En Oberá, también, dos manifestantes fueron detenidas por agredir a una vecina en Oberá durante un acampe de tareferos que solicitaban asistencia al municipio.
Lo evidente en estos ejemplos, que no fueron los únicos, fue la ausencia del Estado y del Poder Legislativo a la hora de resolver los conflictos y atender los reclamos.
No supieron ejercer las funciones de control y legislación que los diferentes actores demandaron apelando al diálogo o derivando los pedidos hacia los correspondientes organismos y funcionarios encargados de brindar soluciones a las problemática.
Es que según el Centro de Estudios de Estudios Legales y Sociales (CELS) “es el Estado el que debe garantizar un acuerdo político con los actores de las protestas para mantener canales formales de gestión de las demandas vinculadas con derechos, pero no como un mero mecanismo para desactivar momentáneamente el conflicto, sino como una forma de articulación política que realmente fije un nuevo piso para el ejercicio y el reclamo de derechos”. Aunque aquí se debe reconocer que en la actualidad no existen herramientas legales que permitan obrar en consecuencia. Ni a nivel provincial, ni en los municipios.
El derecho a la protesta se debe garantizar en un Estado democrático, está contemplado en la Argentina en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión y en varios tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, de expresión y la libertad de reunión y asociación pacífica. Avasallar este derecho da lugar al avance de políticas intimidatorias, como la represión y la criminalización, las cuales deben ser evidenciadas y erradicadas.
Abogar por la creación de dispositivos políticos de gestión y herramientas para atender las demandas y dar respuestas a los reclamos, resulta fundamental para prevenir la violencia y garantizar derechos.
Por Diana Fernández.
Periodista de Política y Economía de Primera Edición.
