Las consecuencias de una larga y profunda recesión se visualizan en la crisis económica y social de los argentinos. Cada día es más “palpable” en los hogares la creciente desocupación advertida por las estadísticas, el menor rendimiento de los ingresos (para los que aún los conservan), y los ajustes que se producen en la actividad privada cuando los empresarios ya no saben cómo seguir adelante.
A dos semanas de las elecciones presidenciales, la campaña transcurre con la población enfocada en las finanzas personales o familiares y no en los mensajes políticos, de los que descree cada vez más.
El Banco Mundial pronosticó que la economía argentina sufrirá este año una contracción del 3,1% y que bajará 1,2% en el 2020, según lo expuso en un informe sobre la situación económica de América Latina publicado por esa entidad.
Como viene sucediendo entre el discurso oficial de Cambiemos y la dura realidad, cabe recordar que el ministro de Hacienda Nicolás Lacunza, pronosticó recientemente al presentar el proyecto de Presupuesto 2020, que la Argentina crecería un 1% el año que viene.
Tan crítica es la situación de los privados que sostienen el empleo y gran parte de la economía del país, que empresarios PyME que forman parte de la CAME, pidieron esta semana al Gobierno declarar la emergencia para el sector y contemplar un “salvataje financiero”.
Recibidos por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, los empresarios reclamaron “bajar de 35% a 22% el Impuesto a las Ganancias para la mayoría de las PyME”, reducir a la mitad los impuestos y crear un sistema “para proteger a los que invierten”. Es inevitable no abordar la cuestión impositiva donde el Estado no afloja y el generador de recursos se “ahoga”.
No hay candidato presidencial que no prometa una reforma impositiva y bajar tributos. Pero, en la práctica, se manifiestan contrariamente y para ver el ejemplo de ello, hay que recordar la propuesta de Mauricio Macri en 2015 y la actualidad.
La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó días pasados su propuesta de plan productivo 2020-2023 que contempla una reforma tributaria, baja de tasas de interés, discusión sobre los convenios colectivos, tarifas energéticas más baratas y eliminación de derechos de exportación. Sobre los derechos de exportación (retenciones), la UIA pidió eliminarlos para bienes industriales y alimentos elaborados, y ajustar los reintegros de manera que compensen el peso de los impuestos en nuestras exportaciones.
El país se encuentra “en un nivel de carga tributaria muy alto”, porque los contribuyentes pagan en impuestos “el 50% de lo que generan”, según el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz. Ejemplificó que en el caso de un producto alimenticio, el precio abonado “tiene el 42% de impuestos, mientras una gaseosa, el 50%”.
En un relevamiento del Banco Mundial y la ONG Doing Business, las empresas argentinas destinan más que el total de lo que ganan para pagar todos sus impuestos. Lo estimaron en el 106% de las utilidades. Las argentinas duplican al promedio de 180 países y sólo es más alta en Comoras (Sudáfrica oriental, con 219,6%). En la región, Argentina es la más alta ya que en Bolivia es 83,7%; Brasil, 65,1%; y Venezuela, 64,6% .
El contexto tan adverso, sigue profundizando la inactividad industrial y consecuentemente un mayor desempleo. El uso de la capacidad instalada de la industria cayó en agosto último al 60,5%, 2,5 puntos debajo del 63% del mismo mes de 2018, según el INDEC.
Esta semana fueron noticia Zanella y Loma Negra que cerraron una planta cada una. La fábrica de preservativos Exotic y las tradicionales “Bombuchas”, Cidal, cerró sus puertas en la provincia de San Luis por la caída de la demanda y despidió a 65 trabajadores.
La alimenticia Arcor adelantó las vacaciones del personal hasta ver qué sucede con la economía del país según el próximo presidente que se elija el 27 de octubre.
El vocal de la UIA José Urtubey alertó que “está claro que el próximo Gobierno asume con una herencia sumamente más compleja que la recibida en 2015 desde lo económico y lo social”.
Mil por quince
Garupá se hizo noticia nacional. Fue por una panadería que decidió sumar personal y ofertó 15 puestos de trabajo. La cola de personas (con experiencia y sin ella como los jóvenes que buscaron su primer trabajo) aglutinó a casi 1.200 desempleados. Algunos, incluso, pasaron la noche anterior a la recepción de los currículum, para no perderse la oportunidad.
Es apenas un ejemplo de la necesidad que existe de obtener un ingreso mediante el trabajo, para seguir subsistiendo.
Esta semana, no hubo avances en la resolución del conflicto con la Dass, una de las industrias que más trabajadores tiene en Misiones. El próximo viernes 18 habrá una última reunión de conciliación en el Ministerio de Trabajo nacional y, de no haber acuerdo, se liberará a las partes.
Eso podría significar el despido de 300 a 400 trabajadores anunciados por los directivos de la empresa para evitar el cierre.
Un golpe muy duro para la economía misionera. Serán decenas de personas a las que el Estado deberá acompañar en este duro proceso, más aun cuando no cuentan con alternativas laborales que reemplacen a la que perderán por el achique de la Dass.
La pobreza monetaria del NEA, donde se ubica Misiones, llega al 42,2% y tiende a incrementarse en esta crisis. Es la peor del país. Nuestra zona tiene a la mayor población sin posibilidades de garantizar la alimentación básica.
Desde el Instituto de Estudios de la Realidad Latinoamericana (IERAL), de la fundación Mediterránea que está más cercana al Gobierno nacional advirtieron que “puede notarse que en el último año (comparando el segundo trimestre de 2018 y 2019) el valor de la canasta básica alimentaria que delimita el umbral de indigencia se incrementó en un 61,9%, en tanto que la canasta básica total (umbral de pobreza) lo hizo en un 60,5%”.
Mientras la inflación siga incontenible, esos números se seguirán incrementando mes a mes.
Un Fondo sin fondos
Profunda preocupación sigue causando los “manotazos” que da el Gobierno nacional al Fondo de Sustentabilidad de la ANSeS. Lo hace emitiendo Letras (deuda) a cambio de los pesos que tenía el FGS. El martes pasado, emitió dos Letras por el equivalente a unos 15.500 millones de pesos.
Los papeles tienen vencimiento en abril de 2020, por lo que deberán ser pagadas por el próximo Gobierno nacional que resulte electo. Ya existen estimaciones extraoficiales, que calculan una depreciación en dólares del 70% de la caja principal de garantía del sistema previsional.
El gobierno de Mauricio Macri piensa solamente en deuda para financiarse. Ante la falta de crédito externo, va “aspirando” los pesos que quedan de los pocos lugares que tienen recursos. Especialmente cuando el Fondo Monetario Internacional no remitió la última cuota del mega préstamo a la Argentina.
La deuda externa de la Argentina sigue creciendo a pasos agigantados acercándose a los 284.000 millones de dólares, lo que equivale a un pasivo de 6.310 dólares por ciudadano del país, un 72,5% más que en diciembre de 2015. Esto no lo dijo un opositor al oficialismo sino las cifras reveladas por el INDEC.
Volviendo a la ANSeS, no aparece alguien preocupado por las medidas del Gobierno. Vale la pena recordar que un diputado misionero preside la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social.
Es el radical Luis Pastori que no expresó palabra alguna ni presentó iniciativa legislativa para conocer detalles de la situación del FGS. Esta semana Pastori se mostró más preocupado por la cantidad de personas que los medios de comunicación dijeron que fueron a ver a Mauricio Macri que por los recursos que quedarán para los postergados jubilados y pensionados.
¿Alguien se animará a llevar a la Justicia una irresponsabilidad tan grande como cambiar papeles en default por los recursos previsionales?
Debate presidencial
Hoy se podrá ver a los candidatos presidenciales que se animen a “debatir”, juntos en Rosario. Un debate que no termina siendo tal ya que no hay preguntas entre ellos ni posibilidades de intercambios. A pocos días de la elección y con unas PASO tan contundente, ¿hay posibilidades de un cambio de intención de voto?
En el Frente de Todos creen que no, por el contrario, entienden que el deterioro severo de la economía llevará a los votantes a apoyar a Fernández-Fernández.
En Juntos por el Cambio, a su vez, creen que el triunfo de Mendoza puede ser una señal esperanzadora. Sin embargo, está visto que la gente tiene una mirada provincial cuando se desdobla el calendario electoral de la jurisdicción. Y no pesa la figura nacional. De hecho, cabe recordar que la renovación obtuvo el 75% de los votos el 2 de junio.
La encuesta de Gustavo Córdoba y Asociados, hecha personalmente a 1.200 personas de todo el país, resultó que la intención de voto de octubre a favor de Alberto Fernández subió un 5%. Mientras que Macri estaría repitiendo el porcentaje de agosto. A 15 días de la votación, la tendencia no parece haber cambiado.
