El juez Elbio Ramos, especialista en Derecho Penal Juvenil y de una extensa y amplia trayectoria en la Justicia en la provincia de Buenos Aires donde se desempeña, estuvo en esta ciudad disertando para sus colegas y el público en general.
Invitado por el Poder Judicial de Misiones, el magistrado cerró ayer el programa con una segunda jornada. Momentos antes dialogó con PRIMERA EDICIÓN.
¿Sobre qué tema diserta?
La idea es hacer un intercambio de experiencias partiendo de la base de que vengo de la provincia de Buenos Aires, que tiene un sistema de Justicia Penal juvenil que de alguna forma fue pionero en la Argentina. Con un sistema oral y acusatorio que ya lleva once años de práctica, lo que me toca es transmitir a los colegas esta experiencia, señalar cuales fueron los aciertos y cuales son las dificultades.
También trabajar algunos conceptos como por ejemplo la aplicación de la pena juvenil, como ser el abordaje a los menores que vienen a la Justicia ante el juez, qué criterios tener en cuenta para trabajar la resocialización, que es uno de los principales objetivos en materia de intervención penal juvenil. Básicamente intercambiar experiencias e ideas.
¿Es posible que en todo el país se implemente dicho sistema?
El sistema debería revisarse, porque se trabaja con una matriz procesal que no está del todo adecuada a los estándares internacionales. El proceso acusatorio sin ninguna duda es el pilar del sistema actual y es el que recomendó Naciones Unidas por ejemplo, y de alguna forma surge de la letra de la Convención de los Derechos del Niño. Un sistema acusatorio donde sea el fiscal el que lleve adelante la acusación, que la defensa resista y el juez tenga una injerencia mínima en esto. Cuando se le deja la investigación al juez corremos el riesgo de que el juez termine juzgando en base a lo que él investigó y eso es inconstitucional.
¿Un menor debe ir a la cárcel?
El encierro implica la mínima intervención, el encierro por mandato constitucional es la última razón, lo cual no significa que uno la descarte. Pero tenemos que sacar al chico del proceso. Primero evitar que ingrese, trabajar con aquellos delitos que son menores sin necesidad de ingresarlo al sistema, por supuesto con un apoyo institucional por parte de los organismos estatales de protección. Cuando el menor ingresa al sistema penal se deben buscar las salidas alternativas, como la suspensión del juicio a prueba y el juicio abreviado, que si bien no estoy totalmente de acuerdo con su implementación para delitos menores es un buen instrumento.
Por supuesto que todo esto tiene que estar acompañado de instrucciones y medidas que el joven debe cumplir durante la etapa del proceso y hasta la condena o hasta la sanción. Así lo indica la ley, pero la práctica está demostrando que la ley no trae criterios y los jueces en general, en su conjunto, no los generan.
Nosotros tenemos la ley que es nuestro instrumento de trabajo, y la reflexión y la práctica son los modos de llevarlo a cabo. Nosotros tenemos que estar actualizados permanentemente. La misma Convención de los Derechos del Niño pensó en un niño del año 89, que no es el niño de 2019, incluso hoy discriminamos niños y niñas, la cuestión de género también se introduce, entonces tenemos que cambiar las ideas y a partir de ahí cambiar las prácticas. Si bien tenemos una ley que es vetusta, que está desfasada en cuanto a los criterios, es la que tenemos. Debemos hacer un trabajo de imaginación, de interpretación para tratar de aplicar los derechos que quedan, los derechos fundamentales y de esa manera juzgar del mejor modo posible a los chicos.
¿Se tienen recursos para tratar al menor detenido?
La falta de estructuras ocurre en todo el país, quizás en Capital Federal no ocurra porque hay baja internación, pero en la provincia de Buenos Aires está en el límite del colapso. Los jueces deberían brindar herramientas que no pasen exclusivamente por la privación de libertad, por ejemplo controlar al chico en el medio, el arresto domiciliario es un buen método que podemos incluso controlar con operadores. Pero bueno, si bien está implementado no se cuenta con recursos suficientes y por ahora no ocurre.
¿Qué opina del Servicio Cívico?
El Servicio Cívico parte de un diagnóstico equivocado, como que los chicos que ni trabajan ni estudian es por propia voluntad o por deficiencia de los padres. Esto puede deberse sí a estos factores, tranquilamente. Pero también los sistemas educativos no saben captarlos.
Debería haber un seguimiento más serio de los chicos que abandonan la secundaria para procurar atraerlos a la educación. Conversar con los padres. hacer reuniones, hasta agotar las instancias. Si no, se llega a los 18 años sin secundario y a los 19 o 20 años se generan planes como el plan FinEs que no sirven de nada, terminan siendo un “como si”, que sirve para llenar las estadísticas. Luego dicen “tantos chicos fueron a la escuela secundaria” pero resulta que no aprendieron, hay chicos que están en quinto año que no tienen capacidad de abstracción en matemáticas o que no comprenden instrucciones mínimas.
Cuando por ejemplo en mi juzgado se hace un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, y se le explica al chico que tiene que hacer tareas, no entiende. Pero no es porque no le ponga voluntad, es que no tiene las herramientas cognitivas para entender. Por ello el Servicio Cívico, que incluso se lo encargamos a Gendarmería me parece que es un desacierto y es una respuesta “maquillaje”. Los chicos deberían estar en centros de capacitación para aquellos oficios que sí se necesitan implementar por ejemplo en la obra pública, en el barrio u otros ámbitos. Pero Gendarmería tiene la impronta de un servicio militar y por eso no resulta adecuado, sin embargo parece que está teniendo convocatoria. No digo que no esté el Servicio Cívico, pero que no se tome como una panacea y que eso acompañe otros planes y otras posibilidades educativas y laborales de los chicos.
¿El sistema Penal Juvenil puede mejorar?
Es un proceso muy lento, la mejora de la ley tiene que venir por convencimiento de quienes la practican, no sólo los jueces también el poder legislativo y los ciudadanos. Si cada vez que un chico comete un delito grave salimos a pedir la baja de la edad de la imputabilidad, no estamos entendiendo que el problema del chico que delinque no es de la agenda de seguridad sino es de la agenda social, es un problema social, no es un problema que implique mayores niveles de inseguridad. Por estadística, los menores que delinquen no mueven la aguja general, están entre el 3 y 4 por ciento de las estadísticas generales, prácticamente es un número despreciable y sobre ese porcentaje hay que distinguir los delitos graves, que son muy pocos.
¿La cárcel reinserta al menor en la sociedad?
Tenemos que apostar a trabajar con el chico en libertad o por lo menos contenido dentro del ámbito familiar o social. Salvo casos muy graves, con delitos muy graves, o con chicos y familias que no dan garantías en libertad se puede autorizar el encierro. Si no utilizamos el recurso fácil de la prisión preventiva, total formalmente los peligros procesales se pueden probar de manera sencilla y con eso terminamos generando una prisionización anticipada que al chico no le sirve, probablemente salga peor de lo que entró y con una pérdida de identidad importante y la debilidad de los lazos familiares.
