Profundo malestar, bronca y hasta angustia se instaló entre los usuarios de agua potable de Posadas después de conocerse la autorización otorgada por el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) a la empresa SAMSA para aumentar hasta un 35% por ciento sus tarifas.
Gutiérrez, titular de
CONSUMIS
Así lo confirmó a PRIMERA EDICIÓN el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Misiones (CONSUMIS), Rolando Gutiérrez, quien calificó el incremento como “abusivo” e incluso “ilegal”, toda vez que no pasó por un proceso de audiencia pública, como ocurre con otros servicios.
Respecto a esto último, “convocamos a los abogados de la asociación a una reunión urgente porque en enero o febrero habíamos elevado una nota al EPRAC donde pedimos que no haya más aumentos sin audiencia pública previa, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor, por eso vamos a ver si se puede hacer una presentación judicial por ilegalidad manifiesta”, argumentó Gutiérrez.
En concreto, la idea es “presentar ante la Justicia una cautelar para que se retrotraiga la situación hasta que se llame a audiencia pública previa”.
“Vamos a ver con los abogados si es posible por una cuestión de oportunidad, nosotros estamos confiados en que sí, pero no somos técnicos. Pero si no sale ahora, por lo menos que se exija para el próximo” aumento, ya que -especuló- “estoy casi convencido de que habrá otro antes de fin de año”.
“Pasa lo mismo de siempre: esperaron que pase la campaña, terminamos de votar y se vienen todos los tarifazos. Enseguida seguro que sale el de la luz”, advirtió.
“Esto va a terminar muy mal”
Al mismo tiempo, el titular de CONSUMIS planteó que, en la eventual presentación judicial, “vamos a pedir que se hagan aumentos graduales y no shocks al bolsillo como este, que es algo abusivo: el Gobierno dio un 23% a los estatales y a ellos (por SAMSA) les dan el 35%, es una barbaridad, demasiado con respecto a los ingresos de la gente. A muchos se les cae una lágrima, la gente no puede pagar, esto va a terminar muy mal”, sentenció.
Por eso, adelantó que “también vamos a pedir un informe de costos”, porque “ni siquiera hacen las inversiones que tienen que hacer y por las que cobran según el contrato de concesión: todas las hace el IPRODHA”, protestó.
Lo que se pretende con la audiencia pública reclamada por la asociación –además de cumplir con la ley- “es poder discutir los montos, para evitar estas tarifas tan abusivas, y que el EPRAC empiece a escuchar al consumidor, porque en su seno tiene dos vocales en representación de los usuarios, pero no los eligen los usuarios, se eligen a dedo y por eso no defienden al consumidor”, protestó Gutiérrez.
Es que “la norma vigente establece que la elección de esos representantes se haría por una modalidad regulada por ley, pero esa ley nunca salió. Hemos propuesto varias veces que se resuelva eso, pero jamás nos contestaron, ni siquiera para explicarnos si estamos equivocados. Los consumidores estamos totalmente desprotegidos”, sentenció.
“Avasallamiento en el servicio”
Pueblo de Posadas
Otra arista que despertó un notable revuelo a raíz de este aumento de tarifas de SAMSA es lo que muchos consideran como un “premio” a pesar del pésimo servicio que padecen muchos de sus usuarios. Al respecto, el defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, admitió a PRIMERA EDICIÓN que “de alguna forma hay que frenar el avasallamiento”, por lo que no se descarta “pedir la revisión del contrato de concesión, basada en el incumplimiento permanente del servicio”.
Para ello “vamos a ir haciendo constataciones permanentes para llevarlas a la Justicia”, anunció.
En esa línea, este miércoles por la mañana se presentó en conferencia de prensa un “nuevo mecanismo de control” a SAMSA con la activación de una Mesa Interinstitucional específica para esta problemática integrada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Derechos Humanos y legisladores, además de representantes de vecinos, “especialmente de la Zona Sur, que se ven afectados por todo tipo de cortes, falta de presión y tienen agua menos del 50 por ciento del tiempo. Son aproximadamente 12 mil familias en más de 80 barrios”, precisó Penayo.
La primera acción de dicha mesa será reimpulsar el amparo judicial por el Acueducto Sur. Cabe recordar que la Justicia había ordenado un relevamiento de familias en mayores problemas de suministro para que la empresa aplique un plan de contingencia entretanto se reemplaza el acueducto, proyecto que actualmente está “estancado” y el proceso legal también “quedó estacionado”.
Así las cosas, “estamos con permanentes problemas en junio, imagínese lo que va a ser en diciembre, porque lamentablemente parece que vamos a llegar así a fin de año”, se quejó el Defensor.
Respecto al aumento del 35% en las tarifas, lo calificó como “un incremento que supera todo tipo de calculo, muy superior al de los sueldos”. Y sobre la necesidad de audiencias públicas previas a este tipo de medidas, opinó que “el EPRAC debería hacer la convocatoria aun cuando no sea vinculante; al menos los vecinos no habrían tenido que desayunarse con la noticia por sorpresa. Pero legalmente están cubiertos para no convocar, son ellos los que deciden”, aclaró.
