El Parlamento de la Mujer finalizado recientemente, sancionó 40 iniciativas entre las que se destacó un proyecto para crear el “Ente Regulador del Sistema de Transporte Integrado Metropolitano (ERSiTraM)”, que tiene como fin realizar un control real de la recaudación. La idea fue presentada por las parlamentarias Mónica Santos y Claudia Chávez, quienes ocuparon la banca perteneciente al diputado provincial Isaac Lenguaza, del Partido Agrario y Social (PAyS).
Ahora, si algún legislador lo toma, podrá ser tratado por los diputados misioneros y hasta convertirse en ley para controlar al grupo z. Las impulsoras del mismo, pidieron crear una “entidad autárquica del Estado provincial, con autonomía presupuestaria, financiera, funcional y administrativa”.
Fundamentaron el proyecto en que “el transporte que se brinda en Posadas, Garupá y Candelaria, a través de la creación y puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITM), carece de una adecuada fiscalización y regulación, al no existir un ente para tal efecto, y al haberse diluido las facultades de control, sanción y regulación en la superposición de normas de alcance municipal, provincial, la Carta Orgánica de Posadas, decretos municipales y provinciales. Esta superposición normativa, que puede considerarse lógica dadas las características del área metropolitana, se suma al displicente control real de los organismos y entes que representan al poder concedente”.
Indicaron que “los usuarios se sienten totalmente desamparados por la arbitrariedad, la unilateralidad en las decisiones, los cortes intempestivos del servicio, la reducción de frecuencias, la falta total de transparencia en la forma de establecer el costo del boleto, y el abuso de la posición dominante que ejercen las pocas empresas prestadoras sobre la ciudadanía cautiva del cuasi monopolio”.
“Lo que planteamos en el Parlamento lo vamos a seguir trabajando en el bloque del PAyS durante todo este año para que realmente se convierta en Ley provincial”, aseguró Santos a PRIMERA EDICIÓN.
Agregó que “hay posibilidades de ponerle freno a los abusos del monopolio. Si bien hay una concesión vigente hasta el 2022 y existe un montón de normativas, también es cierto que hay potestades que ni las municipalidades ni la provincia perdieron pero que deben ser ejercidas. El control de la recaudación es uno de los deberes más importantes que se tienen que cumplir”.
Santos también indicó que “estas cuestiones no son inventos nuestros. Por ejemplo, la SUBE nacional es administrada por una empresa privada, que tiene una cuenta única en el Banco Nación, donde va a parar toda la recaudación de las recargas. De esta manera, el Estado tiene la forma de conocer los datos necesarios a la hora de determinar el costo del boleto”.
Entre las funciones del ente propuesto, remarcaron que la función principal será “velar por el estricto cumplimiento de la calidad de las prestaciones y el control de las inversiones mínimas obligatorias según los contratos de concesión vigentes y los que a futuro se establezcan.
Deberá resguardar los intereses de los usuarios y tendrá a su cargo las potestades de fiscalización, control y sanción necesarios para el cumplimiento de sus fines”.
Argumentaron que el ERSiTraM deberá “estudiar, analizar y proponer las modalidades de los servicios y sistemas de transporte que resulten más eficientes dentro de su jurisdicción. Propondrá al Ejecutivo provincial, el llamado a licitación pública de los servicios que se otorguen en el ámbito de su competencia”. Además, tendrá que “informar y asesorar a los usuarios sobre sus derechos y sobre las condiciones prestacionales de todos los servicios. Controlar que los prestadores den respuesta a las quejas de los usuarios, en debido tiempo y forma”.
El organismo “recibirá y tramitará toda denuncia o queja que realizaren los usuarios, deberá garantizar la gratuidad y facilidad de acceso para formular reclamos”. Y tendrá, incluso, la potestad de “establecer una metodología de cálculo de costos del Sistema de Transporte Integrado metropolitano a los fines de determinar el valor de las tarifas”.
Servicio deficiente
Según las dirigentes que participaron del Parlamento de la Mujer, el proyecto propone “salvar las dos falencias claras del sistema: por un lado, crea un ente regulador del transporte adecuada para un eficiente contralor de los servicios públicos. Por el otro, la entidad contará con la facultad de modificar el sistema actual de la tarjeta SUBE provincial para que el Estado tenga el control efectivo de la recaudación”.
En esa línea resaltaron la necesidad de “la apertura de una cuenta única del SUBE misionero en el Banco Macro, que será el encargado de remitir los resúmenes de recaudación mensual”. Y ejemplificaron que “el sistema propuesto es similar al de la tarjeta SUBE nacional, que es controlada por el Estado a través de la empresa Nación Servicios, y que centraliza la recaudación en una cuenta única en el Banco Nación, lo que le permite al concedente conocer con detalle la recaudación, dato base para la fijación de tarifas y subsidios”.
Por último, aseguraron que “en nuestro rol de parlamentarias nos permitimos resaltar la particular afectación que padecen las mujeres en el pésimo y caro servicio de transporte público de pasajeros del área metropolitana: son víctimas de acoso sexual en el transporte, actitud facilitada por la falta de frecuencias suficientes y el consecuente hacinamiento de pasajeros en las unidades, lo que dificulta y hasta impide cualquier posibilidad de protegerse de este accionar delictivo”.
“El monopolio no es amigable con las mujeres. Un mal servicio de colectivos no favorece la seguridad e integridad de las mujeres”, finalizaron Chávez y Santos.
Integrantes
En uno de los artículos, se estableció que “el ERSiTraM estará integrado por el Subsecretario de Transporte de la Provincia, como presidente; el Defensor del Pueblo de Posadas (y los pares que a futuro se elijan en Garupá y Candelaria), y un director designado por cada una de las tres Asociaciones de Usuarios y Consumidores de mayor representatividad debidamente formalizadas y que acrediten ante la Dirección de Personas Jurídicas dicha representatividad con los listados de asociados correspondientes”.
Se aclara que “los directores representantes de los usuarios durarán dos años en sus cargos y no podrán ser reelectos. Percibirán una dieta mensual equivalente al bruto percibido por la categoría ‘Subsecretario’ en el escalafón de la administración pública, y no revestirán calidad de empleados del Estado”. Las decisiones de la entidad serán resoluciones con carácter vinculante y por el voto de la mayoría, teniendo el presidente el “doble voto”. El Poder Ejecutivo no podrá vetarlas.
