En la “amarga espera” podría titularse el momento que está atravesando la familia Domínguez, que todavía continúa viviendo de “prestado y con lo puesto” en una casa de amigos, aguardando que el funcionario público se digne a entregar las llaves de una vivienda al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), tras un fallo en su contra.
Abel Domínguez es quien realizó la denuncia contra el escribano de Gobierno, Walter Pintos Garro, quien le alquilaba la casa a pesar de estar prohibido por el organismo provincial.
En ese entonces, el denunciante se acogió a una resolución del IPRODHA que “permite a las familias que estén alquilando viviendas no canceladas en su totalidad, construidas por el organismo, denunciar a los adjudicatarios que se las alquilaron”.
“Y si comprueba que los verdaderos beneficiarios no residen en ese lugar, se revoca la adjudicación y se entrega a los inquilinos”, establece la medida.
Así fue en este caso, sin embargo, ya pasaron más de dos meses desde que se aplicó la revocatoria de la adjudicación de la vivienda al funcionario.
Consultado por PRIMERA EDICIÓN, Domínguez se lamentó que todo sigue en la “misma situación, ya que no nos han devuelto nada de lo que nos arrebataron el escribano y su esposa. La Justicia dice que aguarda informe del IPRODHA y éste expresa que ya lo envió”, es decir que terminó el trámite administrativo.
Mediante una presentación de la apoderada legal, el escribano oficial apeló el fallo del organismo habitacional. El IPRODHA ya se expidió al respecto. No sólo rechazó el recurso de revocatoria presentado por Pintos Garro, sino que además le reiteró que debe “desalojar y entregar las llaves de la vivienda”.
A principios del mes pasado, emitió una resolución ratificando la revocatoria de la adjudicación de la vivienda al escribano. La Dirección de Asuntos Jurídicos desestimó las explicaciones presentadas por la parte denunciada. En ese texto, detalló que “no se debe perder de vista el principal motivo por el cual se ha revocado la adjudicación a Gabriela Monges y Walter Pintos Garro, consistente en la falta de habitación real y efectiva por parte de los mismos, situación que quedó fehacientemente comprobada”. Es decir, para el IPRODHA es claro que el escribano y su esposa no vivían en la casa ubicada en el barrio Los Lapachos de Posadas.
Se sabe que en muchos casos la Justicia “es lenta”. Y mientras esperan que ésta se expida, Abel, su esposa y dos hijas viven con la angustia de no poder regresar a su “hogar”.
