Los integrantes del directorio del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) firmaron una resolución, por medio de la cual se revocó la vivienda social que se había adjudicado a Walter Pintos Garro y su esposa Gabriela Monges, el primer escribano de Gobierno desde hace poco más de un año y la segunda empleada del Registro de la Propiedad Inmueble.
Se presume, debido a esta medida, que se detectaron elementos que comprueban que el funcionario no vivía en la misma y que la estaba alquilando en forma irregular.
Miguel Onetto, miembro del directorio del IPRODHA, confirmó ayer la noticia en declaraciones televisivas. Ahora, la familia Pintos Garro-Monges tiene diez días para presentar un descargo al organismo, el cual será girado al Ejecutivo Provincial para que defina la situación.
La revocatoria se fundamenta en una resolución anterior del IPRODHA, de hace casi dos meses, que permite a las familias que estén alquilando viviendas no canceladas en su totalidad, construidas por el organismo, denunciar a los adjudicatarios que se las alquilaron.
Si el IPRODHA comprueba que los verdaderos adjudicatarios no residen en ese lugar, se revoca la adjudicación y se entrega a los inquilinos.
Según esa resolución oficial, el procedimiento “dará inicio por denuncia incoada por la parte interesada que acompañe documentación respaldatoria del arrendamiento por parte del adjudicatario de la vivienda, y tendrá como finalidad la readjudicación de la vivienda en cuestión, siempre y cuando se cumplan con los requisitos básicos de regularización establecidos en las Resoluciones Reglamentarias Registro IPRODHA”.
Mediante esta misma herramienta, una familia denunció hace un mes al subsecretario de Ecoturismo, Fabio Zapelli, a quien el IPRODHA le revocó la adjudicación. La familia denunciante es la nueva beneficiada de la vivienda que antes era alquilada en forma irregular.
La resolución desató una importante cantidad de denuncias de familias que alquilan viviendas no canceladas por los adjudicatarios que se mudaron de los barrios sociales.
El IPRODHA sostiene que las viviendas son para familias con bajos recursos que necesitan esta ayuda del Estado. Por lo tanto, si un beneficiario pudo progresar y ya no necesita la casa adjudicada, mediante una denuncia de quien la alquila se puede revocar la adjudicación y el inquilino pasa a ser el nuevo adjudicatario, debiendo pagar de cero el plan de las cuotas.
Entre los fundamentos se detalla que “el objetivo principal de este Instituto es la promoción y adjudicación de viviendas sociales, destinadas a familias del sector más vulnerable de la sociedad, que no se encuentran en condiciones de acceder a la vivienda única a través del mercado inmobiliario tradicional”.
El caso Pintos Garro
El lunes se conoció el caso de Abel Domínguez, quien denunció que hace tres años alquilaba la vivienda del Escribano de Gobierno y que, cuando hizo la denuncia en el IPRODHA para quedarse con la adjudicación, el funcionario aprovechó la ausencia de toda la familia, ingresó a la vivienda con su esposa, cerró las puertas y no le permitió volver a ingresar. Se sospecha que alguien le avisó al funcionario de la denuncia.
La abogada del Escribano, Natalia Velozo, declaró a la prensa que la familia Pintos “jamás alquiló la casa a Abel Domínguez ni se le cobró alquiler”, y aseguró: “El señor Domínguez era de máxima confianza, eran amigos, concurrían a un mismo grupo religioso”.
Sin embargo, Domínguez explicó que quedó en la calle junto a la esposa y sus dos pequeñas hijas, sin los muebles ni la ropa que quedaron dentro de la vivienda.
Para colmo, cuando quiso reclamar y filmar a quienes lo “desalojaron” fue detenido por un policía que estaba de franco y que intervino por tener una relación de amistad con Pintos Garro. Según confirmaron desde la Jefatura de Policía a PRIMERA EDICIÓN, el efectivo está afrontando ahora un sumario interno.
Mudanza de muebles
Domínguez denunció al IPRODHA y a la Policía que un camión contratado para mudanzas trasladó todos los muebles que estaban dentro de la vivienda que alquilaba a otra situada en Neuquén Nº 3144, entre Santa Catalina y Lavalle.
En la denuncia agregó que los muebles son suyos y que fueron trasladados a la propiedad donde “efectivamente” viviría la pareja Pintos Garro y Monges.
Como prueba, presentó fotos del camión cargando los muebles y del mismo camión descargándolo. Y los nombres de varios vecinos que declararán como testigos.
