La Oficina Anticorrupción elaboró una investigación y, con ella, impulsó una denuncia en la Justicia Federal por un convenio que firmaron el exgobernador de Misiones, Maurice Closs, el extitular de la AFIP (de quien dependía Aduanas) Ricardo Echegaray y el entonces rector del Instituto de Estudios Superiores Hernando Arias de Saavedra Alfredo Poenitz, en el cual se entregó por 99 años un edificio del Estado nacional en forma totalmente gratuita.
Para el organismo, la AFIP no era la propietaria del exdepósito de Aduanas de avenida Mitre y 3 de Febrero de Posadas, por lo cual no existía poder del organismo recaudador para la medida adoptada.
Se argumentó también que, en el año 1986, la provincia de Misiones cedió ese predio para un fin específico: la Administración Nacional de Aduanas; y que la maniobra le provocó un grave daño al patrimonio estatal, teniendo en cuenta que Aduanas tuvo que desalojar por completo y alquilar otro depósito privado para guardar lo incautado.
Además de pedir que se investigue a Echegaray por “suscribir de manera ilegítima el convenio”, se requirió a la Justicia que se incluya por el Instituto Saavedra a Poenitz y a Olga Rodríguez, en su carácter de apoderada de la institución.
El polémico convenio fue firmado en febrero del año 2010 y la toma de posesión del inmueble por parte del Instituto privado se produjo en agosto de ese año.
Desde entonces, el Saavedra viene utilizándolo en forma gratuita, mientras que Aduanas sigue pagando el alquiler a una empresa, a pesar de tener este edificio propiedad del Estado nacional.
En la denuncia se solicitó que, de avanzar la investigación se responsabilice, “a quienes fueron mencionados como los verdaderos dueños del Instituto (Salvador Cabral Arrechea y Elida María Vigo), incluso a quienes habrían ordenado la entrega del inmueble”.
Cabral Arrechea fue senador nacional y diputado provincial oficialista y Vigo es actualmente ministra de Acción Cooperativa de la provincia.
La maniobra se detectó gracias a la ejecución de una auditoría interna en Aduanas de Posadas, en 2017, según difundió la radio LT 4.
La cesión habría sido de manera ilegal, contraviniendo la normativa expresa existente en la materia de administración y cesión de bienes del Estado”, remarcó la resolución que emitió Anticorrupción para ir ante la Justicia Federal.
“Fueron varias las irregularidades detectadas en la cesión efectuada que determinaron la nulidad e ilicitud de dicho acto y en consecuencia la comisión de los delitos que aquí se denuncian”, se sostuvo.
Como agravante del hecho, la firma del convenio “careció de la emisión del dictamen del servicio de asesoramiento jurídico competente del organismo”.
Lo más indignante fue que el expediente de la cesión cuestionada no aparece. “Resulta importante destacar un hecho advertido por la Auditoría Interna que no se puede pasar por alto, y que resulta significativo para ilustrar la forma anómala en la que se procedió. Ello es, el extravío del expediente mediante el cual se tramitó el convenio en cuestión”, reveló el organismo.
“Llama poderosamente la atención que, al momento de llevarse a cabo las tareas de auditoría, no se hubiera podido dar con las actuaciones que motivaron el hecho que se investiga, máxime cuando dicha circunstancia resultaba clave pues era en ese expediente en donde debió haber consignado todos los antecedentes del caso”, remató el informe de la OA.
Por tal motivo, concluyó que “se encuentran reunidos suficientes elementos probatorios como para formular la pertinente denuncia penal” y que se investigue la responsabilidad de todos los involucrados en el hecho.
En las últimas horas, luego de conocerse esta denuncia, trascendió que la Provincia estaría gestionando el retorno de ese inmueble a la jurisdicción de Misiones.
