De acuerdo a la denuncia, Joaquín Sabina y Alejandro Sanz habrían usado “sociedades pantalla” con varias multinacionales de la música, para eludir el pago de impuestos en sus cobros de derechos de autor; solo a Sabina se le reclaman cuatro millones.
La denuncia no menciona explícitamente a los músicos, de los que más derechos de autor ingresan históricamente y sí a las sociedades que cobran sus liquidaciones, pero la SGAE puntualiza que la denuncia “afecta a personas jurídicas que son socias de la entidad”, y que lo hizo “en el ejercicio de su responsabilidad y para salvaguardar los intereses de la entidad”.
La dirección de la sociedad presentó el miércoles su denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid tras descubrir que la operativa seguida por algunos de sus socios, “en relación con la gestión, representación y administración de los derechos de autor, pudieran ser constitutivos de infracciones tributarias que pudieran ser penalmente relevantes, falsedad documental, administración desleal y frustración de la ejecución”.
La denuncia señala que esos hechos eran conocidos en el seno de la SGAE al menos desde septiembre de 2017; sin embargo, no fue hasta la designación de la nueva junta directiva de la entidad, presidida por el asturiano José Ángel Hevia, cuando la entidad puso manos a la obra para presentar la denuncia.
Fuentes próximas a la investigación señalan que si bien la cuantía del fraude podría alcanzar los 70 millones de euros en los últimos diez años, si se incluyen también los presuntos delitos prescritos, la cifra llegaría a los 100 millones.
Fuente: Télam
