Será un año difícil. Salvo el presidente Mauricio Macri, la gran mayoría de los argentinos muestra gran escepticismo respecto a la economía del país en 2019. Como para no hacerlo con los datos duros de las estadísticas conocidas hasta ahora.
La inflación, la recesión en un plazo mucho mayor a lo previsto, el quiebre de la cadena de pagos en el sector privado, el cierre de los mercados financieros con los cuales el país podría obtener financiamiento ante la profundización de la crisis, la ausencia de inversiones externas, el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI que implicarán un severo ajuste fiscal, la mayor presión impositiva del Estado en todos sus estamentos, entre otros aspectos, señalan que este 2019 tendrá serias dificultades que superar. Y que no serán todos los que sobrevivan a un período de duros embates, producto del modelo aplicado por funcionarios que no mostraron -hasta ahora- aptitud y conocimiento real del problema y las medidas adoptadas.
Pero, antes de avanzar sobre las previsiones de los próximos meses, hay que observar cuáles fueron los últimos indicadores conocidos sobre el cierre de 2018.
La industria manufacturera siguió en retroceso y en noviembre se desplomó al récord del 13,3%. Al igual que la construcción, que se contrajo 15,9% en términos interanuales.
Los salarios (de trabajadores formales e informales) perdieron hasta octubre un 19,7% frente a la inflación del mismo período. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el patentamiento de autos cayó un 10,9% en todo 2018, que significó unos 100 mil autos menos vendidos en el mercado.
Las ventas en las PyME durante diciembre de 2018, a pesar de las fiestas de fin de año, cayeron el 9,9% según el relevamiento de la CAME.
Ahora bien, entrando en las expectativas de 2019, el Banco Central de la República Argentina publicó esta semana su relevamiento mensual (REM) que elabora todos los meses entre bancos, consultoras y otros participantes del mercado. En el correspondiente a enero se estimó una inflación del 28,7% para el nuevo año. Y pronosticaron una caída Producto Interno Bruto real de 1,2%.
Respecto al dólar, opinaron que este primer mes del año se ubicará en promedio en $ 39,30 y que llegará a diciembre a $ 48,30.
En los mercados, hay economistas que estimaron una inflación del 35 al 40% y una caída para 2019 del 2,5% con efectos lapidarios para la economía del país, especialmente sobre el sector privado donde las empresas vieron perder fuertemente sus valores accionarios (una descapitalización del 100% en promedio) tanto para las que operan en Argentina como las que cotizan en el exterior.
“Hay una quiebra no declarada de los privados. Las empresas tienen los mercados cerrados para obtener créditos por los resultados de 2018. Y no muestran crecimiento alguno que les permita invertir. Es decir que no habrá inversiones externas y tampoco internas de importancia”, confió un exdirectivo de una importante entidad bancaria internacional.
En el comercio misionero admiten que no se traslada toda la inflación con la que reciben la reposición de stock. Aseguran con preocupación que fueron absorbiendo un 20% de los aumentos y trasladando otro porcentaje similar el año pasado. Pero advierten que no les queda margen para una acción similar en 2019, en el que sus proveedores estimaron una suba del 15% aproximadamente para este mes.
Trabajar con los bancos se volvió cada vez más oneroso, con tasas de interés “por las nubes” para los descubiertos como para acceder a créditos (que cada vez se ofrecen menos). A la preocupación de los empresarios se suman las paritarias que, muy pronto, comenzarán a negociarse. En este esquema, con una cadena de pagos cortada, deudas impositivas, caída en las ventas, subas de impuestos y servicios, esperan que los gremios pidan entre el 30 y 40% promediando entre lo no negociado en 2018 (diferencia del 19% en la mayoría de los acuerdos con los que mejor acordaron) y las previsiones de inflación de 2019.
“Estamos tan mal que si nos piden 10, 20 o 70 por ciento nos será igualmente difícil de cumplir”, admitió un dirigente mercantil misionero consultado sobre la cuestión.
Escasez de recursos
El Estado nacional retrocede en disponibilidad de recursos para su funcionamiento y para sostener su relación de “gobernabilidad” con las provincias. El problema del faltante de dólares no es el eje en el nuevo año. Es también el faltante de pesos por una recaudación en baja, producto de la recesión, sumado al endeudamiento récord de 2018, un mercado internacional cada vez más cerrado para pedir asistencia financiera, commodities con tendencia a la baja y, nada menos, que la exigencia de cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario que demandará un ajuste estimado en el 2% del PBI.
Hasta el momento, ni el fuerte y negativo recorte de los subsidios al transporte urbano e interurbano a las provincias y la quita de la Tarifa Social del gas y la luz para los sectores de menores ingresos han cubierto la mitad del achique que se comprometió. Un número que permite ver que seguirá funcionando la tijera de Cambiemos de manera profunda.
La incertidumbre es por dónde pasará el recorte y quiénes serán las nuevas “víctimas”.
Una salida que podría aplicar el Gobierno de Macri es optar por la refinanciación de sus deudas, con un costo extra para ganar tiempo hasta que pasen las elecciones.
El riesgo del ajuste
A medida que se ajusta, las secuelas sociales son cada vez más notorias frente a los datos negativos de la economía, con mayor impacto en el desempleo y la pobreza.
Se estima que unos 27 a 28 millones de argentinos cuentan todavía con un ingreso, sobre los 44 millones de habitantes que tiene el país. De esa cifra, entre 8 y 9 millones lo obtienen del sector privado pero, unos 19 millones, dependen del Estado (por percibir un subsidio, seguro de desempleo, salarios públicos, haberes previsionales, etc).
Es decir que entre un 42 y 43% logra recursos porque el Estado se los otorga. Un valor que se duplicó entre el último mandato del kirchnerismo y el actual del macrismo.
En el Gobierno encendieron -otra vez- una señal de “alerta social” más fuerte a medida que avanza el tiempo y los recursos decrecen. Si se incrementa la demanda social es difícil de prever de dónde se conseguirán recursos corrientes para cubrirla.
La balanza sigue con tendencia a incrementar la cantidad de personas que demandarán ayuda oficial, porque se cierran más empresas y los que “viven” de la mano del Estado requieren aumentos en los subsidios para no seguir profundizando su delicada situación.
Protestas y medidas
Por lo explicado hasta acá, en Misiones se sintieron los efectos del achique nacional hacia las provincias. Cayó el 75% de los aportes que hacía Cambiemos para sustentar el transporte público urbano e interurbano y el 100% de los que sustentaban la Tarifa Social de la electricidad. Y llegó el boletazo y los tarifazos con el 2019.
El Gobierno de Misiones lanzó un paquete de medidas, en la primera semana de enero, que apuntó a disminuir el impacto de las medidas nacionales, en los bolsillos de las familias. Entendiendo que la situación económica es difícil para todos, Hugo Passalacqua le pidió a los funcionarios provinciales vinculados a la economía, elaborar urgentemente las medidas que terminaron anunciadas esta semana.
En la misma semana se anunció un aporte sin precedentes de la Provincia de 1.100 millones de pesos, con fondos propios, para cubrir el 50% de los subsidios para transporte y una cifra similar de la Tarifa Social de luz. A la vez, se reactivó el programa “Ahora Pan” con el kilo de “francés” a $60 en las panaderías adheridas.
Y, en el caso puntual de los estatales, se confirmó una primicia de PRIMERA EDICIÓN: un incremento salarial desde el primer mes del año que puso a Misiones como la primera provincia del país en anunciar una suba antes de cualquier paritaria.
Será del 23% en dos veces (entre enero y febrero), que repercutirá rápidamente en la economía provincial. Será un 23% que ya estarán cobrando en forma total para el segundo mes del año, reduciendo en parte la pérdida de poder adquisitivo sufrida a causa de la inflación.
“Queda claro que hay muchas cosas por hacer y que los misioneros están padeciendo una situación económica complicada por la suba de las tarifas y la inflación pero el Gobierno provincial no tiene todas las herramientas económicas que sí tiene la Nación para salir al rescate de los trabajadores y sus familias”, aseguró un funcionario en la Rosadita. Por eso en el oficialismo cuestionaron al diputado obereño del PRO, Roberto Rocholl, cuando encabezó una manifestación “indignado” por los tarifazos en la electricidad y el agua potable. Una actitud que sólo encuentra sustento en sus aspiraciones electorales en un año de elecciones.
