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Lo que el año nos dejó

31 diciembre, 2018

En materia económica, con su consecuente impacto social, este 2018 se llevará momentos muy difíciles que, todo indica, se van a quedar por unos cuantos meses más de 2019. Especialmente en materia de tarifas de servicios y en inflación. El que viene será un año muy difícil de prever en cuanto al índice de costo de vida.

Sin conocerse el porcentaje de incremento que tendrá diciembre, Argentina se ubicará entre los cuatro países con mayor inflación del mundo (hasta noviembre acumuló 43,9%) detrás de Venezuela (2.500.000%), Sudán del Sur (99%) y Sudán (64,3%) que se encuentran en conflicto bélico. Debajo de Argentina se encuentran Irán (39,9%), Yemén ( 30%), Liberia (27%), Libia (23,7%), Turquía (20%) y Congo (20%).
De un año al otro, el país ascendió cuatro puestos en el ranking inflacionario mundial.

Las sucesivas escaladas del dólar, en un país “dólar-dependiente”, dejaron “lesiones” en privados y públicos que llevará tiempo superar, empezando por el costo de los combustibles, la energía eléctrica hasta de insumos y alimentos. En la última jornada del año, el dólar operó en baja por segundo día consecutivo y cotizó a $38,85. Sin embargo, a lo largo de 2018, la divisa norteamericana se apreció 105,3%, por lo que la devaluación del peso fue la más alta desde la salida de la convertibilidad y la segunda en el mundo, sólo superada por Venezuela.
El fuerte incremento de la deuda externa argentina pondrá un duro condicionamiento para 2019. Según lo reveló el INDEC esta semana, el endeudamiento del país trepó a US$ 254.980 millones, lo que significó un incremento de US$ 20.431 millones entre enero y septiembre.
Si se compara el tercer trimestre de 2017 con el mismo período de este año, el aumento de la deuda externa se ubica en torno a los US$ 37.470 millones. Para tener una idea del volumen de dinero que significa, hasta Navidad el Fondo Monetario Internacional había girado a la Argentina unos US$28 mil millones.

El año terminará, otra vez, sin la “lluvia de inversiones” en el país de la que tanto habló Mauricio Macri. Por el contrario, se reveló una fuerte fuga de inversiones argentinas en el exterior.

Al respecto, el portal La Política On Line, reveló en base a números del INDEC que “La diferencia entre lo que los argentinos invierten en el resto del mundo y lo que el resto del mundo invierte en el país nunca fue tan abultada ya que se disparó 192,6% en la comparación interanual y llegó al récord de 68.279 millones de dólares”.

Finalmente, las empresas argentinas que cotizaron en Wall Street sintieron los efectos de la crisis como nunca. Sufrieron caídas en el valor de sus títulos que superaron el 70% durante 2018. El Supervielle perdió el 71,56%; Macro el 63,48%; la Corporación América un 59,53%; Galicia el 59,15%; y Telecom el 59,13%.

Salarios golpeados

Se estima que los salarios perdieron como mínimo alrededor de 12 puntos de poder adquisitivo frente a la inflación. Es que fueron muy pocos los gremios que lograron paritarias que se acercaran a las estimaciones de inflación. Por ejemplo, si me mide en importancia de afiliados al convenio, primero aparece la Federación de Empleados de Comercio que cerró paritarias por 45%.

Bancario que acumula un incremento de 46% incluyendo la renegociación del 21 de diciembre pasado. Pero, si se considera la suba de 4,4% que reciben desde enero en base a la “cláusula gatillo” de 2017, el aumento en los sueldos de bolsillo de la actividad totaliza el 50,4%.

Los aceiteros acordaron un aumento salarial que alcanza al 42,5% para este año. La diferencia entre el sueldo de marzo 2018, previo a la paritaria de este año, y el que cobrarán desde el primer mes del año que viene es del 75%.

La Federación Gremial de la Alimentación acordó un 25,5% en junio y luego otro 15,4% (6% en enero de 2019, 5% en febrero y 4,4% en marzo).

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado acumula una recomposición anual de 40%. Y un 10% adicional en febrero. La paritaria prevé una “cláusula gatillo” si la inflación supera el 40% en 2018.

En el caso de los Sanitarios, el acuerdo con los hospitales fue del 25% y se agregó un 20% (4% en noviembre, la cuota de diciembre que originalmente era de 5% pasó a ser de 11%, 5% en enero y 5% en febrero de 2019). Totaliza un 45%.

La Federación de Camioneros que lidera Hugo Moyano consiguió hasta ahora un incremento de 40,2%. Mientras que los Judiciales nacionales consiguieron un 45% de aumento.

Las perspectivas del Fondo

En el último informe de octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional estimó que la Argentina caerá un 1,62% en 2019. E integrará un lote de naciones con recesión que no será parte del crecimiento global estimado del 3,7%.

Junto a nuestro país, según el FMI, tampoco crecerán Venezuela (-5%); Sudán del Sur (-4,61%); Irán (-3,61%); Guinea Ecuatorial (-2,61%); Sudán (-1,9%); Puerto Rico (-1,15%); Nicaragua (-1%); y Barbados (-0,1%).

Según las últimas informaciones conocidas esta semana, el organismo internacional le habría pedido al Gobierno de Macri que baje un 1% del PBI en subsidios. Con la quita de los fondos a las provincias en materia de tarifa social de energía eléctrica y transporte público, ya habrán cumplido en un 0,7%.

Cualquier quita nacional que las provincias deban asumir, pasará en gran parte a ser pagada por los consumidores.

Tarifazos

Se fue Juan José Aranguren del Ministerio de Energía de la Nación y los tarifazos continuaron. Llegó Javier Iguacel y pretendió darle una compensación de 10 mil millones de pesos a las empresas de gas, por la rentabilidad perdida con la devaluación. Casi lo echan a patadas. ¿Quién compensa al resto de los argentinos por el poder adquisitivo perdido? Los aumentos siguieron subiendo en todos los elementos: luz, combustible y gas. Claramente y más que nunca con este ejemplo, el Gobierno nacional tiene la vista puesta en la rentabilidad de las empresas (algunas, no todas) y no de los asalariados argentinos ni de las PyME que vienen cerrando 25 por día durante todo 2018.

Las empresas energéticas son las favoritas de este modelo. Gas, combustibles y energía son los rubros que están en la cima de los que más ganaron.

Obviamente, el que perdió para que éstos ganen, fue el bolsillo del trabajador, que pasó de pagar 15 pesos a 50 el litro de combustible, 150 pesos a 900 la factura de la luz y de 130 pesos a 400 por una garrafa de 10 kilos.

Se podría llegar a dimensionar la gigantesca transferencia de dinero desde los bolsillos de los ciudadanos a las cuentas bancarias de estas empresas, si se hace el cálculo por 10 millones de hogares. Cada casa gastaba 600 pesos al mes entre nafta, luz y gas en 2014. Pero ahora gasta más de 2.000 pesos. Ese excedente, multiplicado por 10 millones de hogares, es lo que se están llevando cada mes un puñado pequeño de empresas beneficiadas por los tarifazos.

Ni hablar del sistema bancario, el otro gran beneficiado del modelo, cobrando intereses de 110% anual, por cada compra con tarjeta que realizan los argentinos y recibiendo miles de millones de pesos por mes en concepto de intereses por los bonos que le compra o retiene al Estado nacional (Letes, Lebac, Leliq, etc). Pasaron pocos meses de Iguacel en el Ministerio de Energía y se tuvo que ir. Pero los tarifazos no van a parar porque la Nación tiene la idea de que la gente debe pagar más caro la luz, la nafta y el gas.

Ahora vuelve uno de los CEO de Cambiemos: Gustavo Lopetegui. “El señor de Excel”, como lo conocen en la Rosada porque, dicen, es muy bueno haciendo cálculos.

No hay nada más alejado de la gente y distante de los problemas cotidianos que una hoja de Excel. Números fríos sin consideración social que sólo habla de insensibilidad.

Lopetegui fue defendido por Elisa Carrió cuando lo echaron como Vicejefe de Gabinete nacional.

La llegada de Lopetegui, profundizará en el Gobierno el uso de la planilla Excel para recortar subsidios y encarecer el costo de la energía, alejando totalmente la decisión de estas medidas políticas de la gente, sus problemas y sus necesidades. Un modo de manejarse muy empresarial donde se prioriza la eficiencia de los números sin importar el resto de las variables.

En Misiones, se viene una suba para 110 mil hogares en la tarifa eléctrica desde el martes, cuando deje de regir la Tarifa Social de Nación. Y en febrero, con facturación en marzo, llegará una suba del 20% promedio para todos los usuarios por el incremento del costo de venta que aplica CAMMESA.

Además, subió entre 33% y 40% el costo del transporte de pasajeros para el conglomerado urbano más importante. Y se espera la suba del gas en garrafa desde enero.

La Provincia deberá desembolsar fondos millonarios si pretende aminorar el impacto de los recortes y el ajuste nacional sobre los misioneros. A pesar de todo, como se pronunció la Conferencia Episcopal Argentina, “no hay que perder la esperanza”.

Tags: #economíaArgentinaDe Primera Mano 31-12-2018InflaciónsueldosTarifazos
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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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