Una mujer irá a juicio tras ser imputada por prostituir a su propia hija de 11 años y a su nieta de 17 a cambio de mercadería y dinero, en tanto que en el banquillo de los acusados estará acompañada por el hombre sindicado como el autor de los abusos sexuales a las menores.
Se trata de un empleado de la Municipalidad obereña, quien actualmente tiene 68 años. La situación se registró en el Paraje Tapuí de Campo Ramón.
El auto de elevación a juicio fue firmado en las últimas horas por el juez de Instrucción 2 de Oberá, Horacio Alarcón.
El mismo magistrado fue quien llevó la investigación de la causa, donde en principio estuvo detenido el padre de la niña. Sin embargo, en el transcurso de las pesquisas quedó demostrado que no estaba al tanto de lo sucedido, por lo que el juez le dictó la falta de mérito.
La dramática historia salió a la luz el viernes 7 de abril de 2017, cuando la hermana de la más pequeña de las víctimas se animó a dar a conocer la verdad, pese a las amenazas de muerte que recibían las pequeñas de parte de su propia progenitora, indicaron las fuentes.
Según consta en la denuncia, las menores vivieron un verdadero calvario y durante varios meses, tanto en la localidad de Campo Ramón, donde residían, como en Oberá. Justamente en esa última ciudad estaría la vivienda del empleado municipal implicado.
De lo que surgió de la investigación, ese sujeto al parecer entregaba dinero en efectivo, alimentos y otras mercaderías para contar con el consentimiento de la madre de la niña y la adolescente, para someterlas sexualmente. De las declaraciones que fueron engrosando el expediente, se supo que las víctimas eran entregadas por quien supuestamente debía velar por su seguridad y bienestar, es decir su propia progenitora, quien tiene 55 años.
De esta manera surgieron indicios de que luego de ser entregadas las menores eran trasladadas a distintos lugares por el sospechoso para ser abusadas sexualmente. Se supo además que la madre mantenía el silencio de su hija y nieta mediante amenazas de muerte.
En el requerimiento a elevación a juicio la fiscalía resolvió acusar a la mujer por los delitos de “promoción y facilitación de la corrupción de menores agravado por el vínculo y amenazas”, en tanto que el hombre fue imputado por “abuso sexual con acceso carnal reiterado dos hechos”.
A medida que avanzó la investigación se pudo determinar que los abusos se produjeron en medio de una familia sumida en la pobreza, a tal punto que el padre de la víctima más pequeña es analfabeto. Las menores, en tanto, eran vulnerables a todo tipo de abusos, a tal punto que las amenazas por la cual está imputada la madre eran de muerte para todos los integrantes de la familia: nadie podía decir nada respecto a lo que sucedía en esa humilde vivienda del Paraje Tapuí de Campo Ramón.
Otra de las amenazas que de acuerdo a lo plasmado en la investigación realizaba la presunta entregadora era dejar abandonados a todos sus hijos, aunque durante el juicio y seguramente a través de los testimonios se podrá saber lo que realmente pasaba en el seno familiar. Ese debate se desarrollará ante el Tribunal Penal 1 de Oberá, probablemente durante 2019.
