La nueva norma deroga ocho artículos de la Ley 26.736 que declaró de interés público la producción de papel prensa y establecía la regulación de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa.
En sentido contrario, el proyecto convertido en ley elimina esos controles y fomenta la importación de la pasta celulosa, al establecer que por diez años no se podrán modificar los derechos de importación que actualmente están en cero por ciento.
La remodelada Ley 26.736 echa un tremendo manto de protección para los principales accionistas de Papel Prensa.
Por el contrario, llena de incertidumbre a los medios más pequeños, de aquí en más “los provinciales”.
De ahí que quienes se opusieran a la sanción fueran justamente los legisladores de los distritos más pequeños. Y es que en su articulado, la iniciativa de desregulación pretende, por ejemplo, eliminar la obligación de Papel Prensa de abastecer el mercado interno, empujando a los medios más pequeños a buscar por fuera con los altos costos que ello conlleva.
Por otra parte, lejos de poder hacer cálculos con anticipación y armar planes de contingencia bajo la estructura de una regulación, una maniobra necesaria en tiempos de crisis, los diarios provinciales deberán lidiar ahora con la ciclotimia de la economía.
Así las cosas, se volvió a legislar con centralismo, tal y como viene sucediendo desde que la oposición y el oficialismo se confunden y se dejan ver juntos en proyectos que benefician a actores políticos y económicos específicos.