La incertidumbre se apoderó de la mayoría de las cooperativas eléctricas de Misiones a partir de conocerse ayer una nueva disposición del Gobierno nacional por la cual dichas entidades deberán facturar ese servicio de forma autónoma y, por lo tanto, no podrán cobrar los demás servicios que presten u otros conceptos en sus boletas de luz.
Al respecto, el presidente de la cooperativa Cainguás de Aristóbulo del Valle, Héctor López Ricci, entiende que la medida tomada por la Nación va dirigida a las cooperativas que cobran en una misma boleta el servicio de la energía eléctrica, internet, telefonía, televisión por cable, agua u otros servicios.
Lo mismo dijo el ministro de Hacienda misionero, Adolfo Safrán, al respecto de la decisión de la Nación de prohibir a las cooperativas eléctricas cobrar más de un servicio.
En el caso puntual de la cooperativa Cainguás, anoche se reunió el consejo de administración para definir los posibles alcances de la medida conocida ayer.
“Nosotros tenemos los servicios de energía y agua desdoblados y no incorporamos a la boleta de energía otro servicio”, explico López Ricci.
No obstante, aclaró que “hay tres ítems que son de pago voluntario en la boleta del servicio, que son donaciones o aportes para los bomberos voluntarios, el servicio funerario y el hospital del municipio”.
Igual que el resto de las cooperativas de la provincia, “no tenemos la información certera de cómo se va a instrumentar esto, pero creemos que en los próximos días se irá aclarando en el marco de la Federación de Cooperativas (Eléctricas de Misiones, FECEM)”, adelantó.
El presidente de dicha Federación, Ángel Kuzuca, también se mostró sorprendido y no quiso dar una opinión al respecto, teniendo en cuenta que la resolución es reciente y todavía falta conocer los pormenores de cómo se instrumentará y cuáles serán las exigencias de la Nación para este tipo de situaciones.
Margen de 30 días
Por lo pronto, la resolución 3.442 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) plantea que los usuarios “deben poder individualizar y abonar por separado la tarifa por el servicio público de distribución de energía y el precio de otros conceptos ajenos”.
Según explicó el diario El Cronista, la medida entró en vigencia ayer y otorga a las cooperativas un plazo de 30 días para adecuar sus facturaciones.
