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Crearían fondo para compensar quita de subsidios al transporte

21 octubre, 2018

En el Congreso de la Nación se está negociando día a día, frenéticamente, el presupuesto nacional del año próximo que contiene, en su punto más polémico, un fuerte ajuste en el gasto público que seguramente impactará en la economía de las provincias.

Los opositores critican que fue un presupuesto diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con recortes a la salud, a la educación y menos obras, por eso piden que los diputados y senadores nacionales no lo voten. En cambio, quienes lo defienden, argumentan que el ajuste es la única manera de equilibrar el déficit que arrastra el país hace muchos años y normalizar el funcionamiento económico del Estado, corrigiendo errores del Gobierno anterior.

En ese marco, la provincia de Misiones, a través de sus legisladores, junto con otras provincias, viene haciendo presión para lograr algunos cambios que compensen, de alguna manera, el doloroso impacto que tendrán los puntos centrales de ese presupuesto: la quita de subsidios a la energía eléctrica y al transporte público, y la disminución de fondos para obras y programas.

Hay cambios generales, que benefician a todas las provincias, que surgieron de la presión efectuada por todos los bloques que no son de Cambiemos, como por ejemplo Bienes Personales, Impuestos a las Ganancias, beneficios para Cooperativas y Mutuales, fondeo de Cajas Previsionales de las provincias, y un fondo para compensar la desaparición de los subsidios al transporte, entre otros.

Pero, a la vez, están los pedidos puntuales que realizó Misiones y que están vinculados a sectores puntualmente propios, como el caso de la creación del Fondo Especial Yerbatero (FEY), que llevará un poco más de tiempo de debate, y el Monotributo Social para pequeños productores, que podría salir casi en paralelo con el Presupuesto 2019.

En ambos casos son leyes separadas del presupuesto pero que se negocian en paralelo con los votos de los misioneros al proyecto del Gobierno nacional.

Fondo para el transporte

El pasado miércoles, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, participó en la reunión de comisión de Presupuesto donde se puso sobre la mesa la posibilidad de crear un “fondo de asistencia a municipios” que temen no poder afrontar el costo del traspaso de los subsidios al transporte público.

Es que, si los subsidios desaparecen, se calcula que la tarifa de los colectivos debería subir 100%, generando fuertes complicaciones sociales.

La llave para conseguir los votos sobre este tema está en el proyecto para elevar el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales, lo que permitirá aumentar la recaudación hasta alcanzar un total de 35 mil millones de pesos.

La idea es echar mano a la porción del impuesto que le pertenece a la Nación -ronda el 40%- para dar respuesta a distintos reclamos en torno al Presupuesto.

Son “entre 10 y 11 mil millones de pesos” que, según estiman en Cambiemos, podrían utilizarse para costear distintos pedidos del justicialismo por la vía de un acuerdo político.

Jorge Franco, diputado nacional por Misiones e integrante de esa comisión, dijo que “la creación del fondo se está negociando y sería dentro del presupuesto con reasignación de partidas”.

El problema pasaría ahora a las provincias, que deberían implementar un sistema de distribución que llegue a todas las empresas y que garantice transparencia, para frenar eventuales conflictos internos con los transportistas o los usuarios.

Reclamos puntuales de Misiones

Los diputados Jorge Franco y Ricardo Wellbach impulsan en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para crear el Fondo Especial Yerbatero.

Ya iniciaron charlas con diputados de otras provincias y del bloque de Cambiemos para lograr los votos necesarios.  Se da en el marco de las negociaciones por el presupuesto 2019.

El FEY lo que pretende es usar los fondos que recauda el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), por el cobro de estampillas, para crear un subsidio y asistir a las familias tareferas durante los seis meses en que no se realiza la cosecha de yerba mate y, como consecuencia, quedan muchos desempleados.

También establece beneficios a los pequeños productores como créditos, becas, obra social y viviendas.

El dinero no sale de las empresas, sino que es un componente del precio que pagan los consumidores de yerba.

Otro de los pedidos que impulsan los legisladores misioneros, a cambio de los votos al presupuesto nacional es la creación de un régimen especial dentro del monotributo, para los productores tabacaleros y cañeros de todo el país, pero que tendrá un gran impacto en Misiones, donde son muchos los pequeños agricultores que se dedican a esto.

Podrán inscribirse aquellos productores cuya actividad principal sea la venta de tabaco o caña de azúcar de un 80% como mínimo, que no hayan obtenido en los últimos doce meses un ingreso bruto superior al máximo previsto para la categoría D del monotributo, que es $322.500.

Para calcular los ingresos de los productores, no se tomará en cuenta si los mismos tienen ingresos de asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, o programas de inclusión social.

Una vez inscriptos en el régimen quedan exentos del impuesto integrado que reemplaza IVA más ganancias, y únicamente deben pagar aportes jubilatorios y de obra social pero reducido en un 50% en ambos casos.

Esto significa que por ejemplo en la categoría A que es la mínima, el impuesto integrado queda exento, el aporte jubilatorio será de $384 por mes y el aporte de obra social de $536 por mes, que totaliza $920, de los cuales los inscriptos a este nuevo régimen pagarán el 50% de ese monto, es decir $460 por mes. Dicho pago lo podrán hacer mensualmente, o cuando entregan el producto al acopiador, con carácter de pago único de todo un año.

También se contempla la posibilidad de incorporar a la obra social a otros integrantes del grupo familiar primario de manera voluntaria, quienes tendrán también un descuento de 50% al valor de $536, es decir $268 por cada integrante del grupo familiar que el productor pretenda adherir.

Junto con este planteo del monotributo, las provincias tabacaleras están presionando para lograr que la Nación transfiera el Fondo Especial del Tabaco (FET) en forma automática, evitando las demoras en gestiones que todos los años complican la llegada de dinero a los productores.

Pedidos generales de las provincias

Hay otros pedidos impulsados por los legisladores de todas las provincias para atenuar el ajuste que contiene el presupuesto. Entre esos pedidos figuran:

Impuesto a las Ganancias: Se descartarían los artículos 86 y 87 de la propuesta original que eliminaba la exención a los estatales. Con el objetivo de no afectar a trabajadores que pasan por una situación delicada.

Cooperativas y mutuales: Se buscará eliminar el intento de aplicarles el Impuesto a las Ganancias a las cooperativas y mutuales. Por pedido de la oposición, ese artículo sería eliminado.

Bienes personales: La Nación pretendía bajar la carga fiscal y establecer eximiciones, pero los diputados presionaron para subir la presión fiscal y elevar el gravamen a la riqueza, generando mayor recaudación para las provincias. A Misiones, puntualmente, le significaría entre 400 y 500 millones más en el año 2019.

Tags: LegislativasPolíticaPresupuesto 2019SUBSIDIOS
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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