La reforma jubilatoria se encontraba durmiendo en los cajones, junto a otra cantidad de cambios estructurales con los que en su momento se había entusiasmado el macrismo. Pero, la crisis financiera hizo que el Gobierno tomara la decisión de adelantar algunas medidas que parecían condenadas al largo plazo: ahora se impulsarán con “bajo perfil” y algo camufladas dentro de leyes como la del Presupuesto 2019.
Entre ellas se encuentran la iniciativa de restringir el acceso al cobro de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se abona a aquellas personas que llegan a los 65 años pero que no tienen la cantidad de años de aportes necesarios para acceder al beneficio.
Esta idea se estaba trabajando en el anteproyecto de reforma previsional a cargo de un grupo multidisciplinario, pero la necesidad de recortar fondos fiscales para lograr el denominado “déficit cero” hizo que ahora se plasme en el texto que empezará a debatir el Congreso para definir el Presupuesto.
Otro de los temas que se quiere impulsar en el corto plazo es el “principio de sustitutividad” de la jubilación; es decir, el porcentaje que representa el haber si se lo compara con el salario que recibía el beneficiario en su último año como trabajador.
La idea del Gobierno, de acuerdo con las fuentes consultadas por iProfesional, es que ese porcentaje tenga un “techo” de aproximadamente el 60%.
El factor que le imprime urgencia al tratamiento de este tema es un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, que ubicó ese porcentaje en el 70% del salario. La sentencia será cuestionada por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) ante la Corte Suprema, pero desde el Gobierno no quieren correr riesgos de que, con ese antecedente, pueda generarse un efecto multiplicador.
Es que si se confirma ese fallo, se abre la puerta para que miles de jubilados realicen millonarios juicios al Estado por actualización del haber y cobro de retroactivos. El monto que puede resultar de ello es incalculable.
En el macrismo destacan que mantener el sistema vigente es “inviable” y que deben tomarse medidas urgentes para evitar que el déficit siga escalando hasta niveles insostenibles. El Gobierno no puede esperar a que cristalice la reforma integral que está estudiando el Consejo de Sustentabilidad Previsional, impulsado por la Secretaría de Trabajo, por lo que esta iniciativa específica para evitar que se generalice la jubilación al 70% será canalizada por una nueva ley.
Mientras tanto, en el texto que debate el Consejo, se busca generar un sistema previsional sustentable basado en aportes legítimos (comprobables) y se prevén modificaciones en rubros tan sensibles como la edad jubilatoria, sistema de retiro anticipado y régimen de pensiones.
Pero tienen asumido que una reforma de ese tipo requiere tiempo y grandes consensos legislativos, por lo que no se espera que en este período de gobierno de Cambiemos pueda plasmarse.
Avance a “cuentagotas”
El macrismo no tendría previsto eliminar la mencionada PUAM, sino que ahora busca cambiar la ley 27.260 sobre reparación histórica, que la creó, para hacerla incompatible con el trabajo.
De esta manera, aquellos que lleguen a los 65 años de edad (ya sean hombres o mujeres) y no tengan los años de aporte, deberán optar por esta prestación -que en la actualidad es el 80% del haber mínimo- o seguir trabajando, ya sea en relación de dependencia o cuenta propia.
La ley vigente permite una compatibilidad entre llegar a la edad y la prestación de tareas.
Puntos claves
En cuanto a la edad, se evalúa subirla hasta los 70 años y, para ello, hay distintas modalidades en carpeta que apuntan al “gradualismo”.
El especialista Adrián Tróccoli afirmó a iProfesional que se analizará una suba gradual para que no se vea afectada la expectativa de quienes están cerca de acceder al beneficio. En cambio, “afectará completamente a aquellos que les falten 15 o 20 años”, asegura.
Otro de los temas clave es el de la pensión vitalicia. Al respecto, se baraja la idea de adaptarla al sistema de compensaciones del Código Civil. Por ejemplo, que a una persona que enviuda a los 35 años y que estuvo 10 años casada, se le pague la prestación por ese tiempo (para luego perder el beneficio).
Por otro lado, se impondrá un límite a la acumulación de la jubilación y la pensión. En este sentido, se manejan dos opciones: que entre ambas prestaciones se cobre la del beneficio más alto (por lo general, la jubilación) o que valide la alternativa más elevada y se sume un proporcional de la otra.
Lo que sí es un hecho es que en la futura ley no convivirán ambas prestaciones al 100% para un único beneficiario.También se analiza la extensión del período a considerar para el cálculo del haber inicial: 25 años en lugar de los 10 actuales.
Fuente: iprofesional.com
