El juez federal de Posadas, José Luis Casals, ordenó conceder la medida cautelar presentada por trabajadores del organismo de la capital misionera para que la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) suspenda los efectos de la disposición que reduce el ingreso salarial por el lapso de tres meses.
De esta manera, la conducción de la AFIP recibió un duro revés judicial respecto a su decisión de recortar los salarios en casi un 20% en términos nominales. El organismo que conduce Leandro Cuccioli había reducido la “Cuenta de Jerarquización” que perciben los empleados de 0,70 a 0,60% de la recaudación de manera escalonada, lo que en la práctica implica una abrupta caída en los ingresos de los trabajadores.
Cabe recordar que la “Cuenta de Jerarquización” fue sancionada en diciembre de 1923. En mayo de 2016 bajó de 0,75% a 0,72. En la actualidad se mantuvo en un 0,70% de la recaudación. Sin embargo, Cuccioli lo redujo el martes pasado a 0,65% y a partir de enero del próximo año caerá al 0,60%. Atento a esto, 126 trabajadores, de todo el ámbito de la seccional Posadas -que comprende a Oberá, Eldorado, Corrientes y Goya- decidieron presentar en forma individual un amparo con medida cautelar innovativa contra la disposición del administrador Cuccioli.
La razón que impulsó la presentación cautelar es que, en la práctica, la reducción en la alícuota de la “Cuenta Jerarquización” implica una caída de casi un 20% de los haberes de los empleados del organismo.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el secretario general del gremio de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) en Misiones, Horacio Casco, opinó que la decisión del juez Casals “es un fallo ejemplar en cuanto a los fundamentos que tiene y es una gran ayuda para los trabajadores. La administración general de la AFIP ahora tiene que dar marcha atrás sobre los descuentos que ya efectivizó”. Recordó que “al entrar en vigencia la disposición, sufrimos en carne propia, el pasado viernes 14, cuando cobramos el primer fondo de jerarquización con esa reducción del 18%”.
Por su parte, el Secretario Tesorero de la Unión del Personal Superior de la AFIP (UPSAFIP), Javier Florencio, advirtió que “la reducción salarial había sido impulsada para cubrir las inversiones edilicias y actualizar los sistemas informáticos, pero luego se pidió un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo por $3,5 billones para tal fin”.
Al respecto, en su recurso de amparo, los demandantes manifestaron que desde 2009 “el organismo ha disminuido los fondos destinados para el funcionamiento operativo del 20% al 7,5% de su presupuesto y que anualmente sólo ha invertido menos del 1% del total de sus ingresos”, siendo que “ese nivel de inversión resultó insuficiente para realizar inversiones en infraestructura edilicia, actualización de sistemas informáticos, capacitación del personal, adquirir insumos y lograr un mayor nivel de operatividad y gestión”.
Por ello, reclamaron que “el acto administrativo impugnado viola los principios de motivación y razonabilidad porque se basa en argumentos contradictorios; ya que por un lado el organismo alega una disminución en la inversión en los costos operativos desde 2009, pero a su vez reconoce que existe un aumento en la recaudación fiscal. Esto evidenciaría una mala administración de fondos y la intención de hacer pesar sobre los empleados la falta de equipamiento e infraestructura”.
El secretario de la UPSAFIP, Julio Estévez, adelantó que buscará “extender la demanda a nivel nacional para los 22 mil empleados del organismo, para que la catarata de medidas judiciales permita doblar de una vez por todas estas disposiciones arbitrarias, injustas, ilegales y absurdas que paralizan y destruyen al organismo recaudador más importante de Argentina”.
