María del Carmen Sussini, es la mujer que figura en los registros de Cambiemos por haber aportado, supuestamente, 10 mil pesos para la campaña política del año 2015. En los últimos días pidió a la Justicia Federal de Misiones que investigue el delito cometido porque, según ella, “nunca realizó la donación de dinero”.
Su nombre apareció en el listado que presentaron los responsables del balance del frente macrista en esta provincia. A los peritos de la Cámara Nacional Electoral, por alguna razón, les llamó la atención y solicitaron a la justicia local que corrobore sí la mujer había efectuado el aporte. Efectivamente, la sospecha tuvo asidero. Sussini envió una nota al Juzgado negando de forma tajante los hechos.
El caso misionero tomó gran relevancia porque se conoció, casi al mismo momento, que en Buenos Aires estalló una denuncia por más de mil aportantes truchos a la campaña de Cambiemos del año pasado. La mayoría de los nombres fueron extraídos de la base de datos de la ANSES, lo que se considera doble irregularidad: por un lado, el uso de información del Estado y por otro, el blanqueo de un dinero que alguien aportó al partido gobernante pero no podía dar su nombre. En este tipo de casos, la justicia cree que se trata de dinero en negro aportado por alguna empresa que está siendo muy beneficiada por el actual gobierno, como bancos, exportadores o empresas contratistas de la obra pública.
El pasado jueves, el expediente se movió. El secretario electoral, Eduardo Bonetto, por instrucción de la jueza Verónica Skanatta, citó a Sussini al Juzgado a prestar declaración bajo juramento el próximo 14 de este mes, a las 11.
Acta de notificación
El 12 de julio de 2017 la gendarme Karina Gruber, del Escuadrón 50 de esa fuerza federal, a las 10.20 de la mañana, labró un acta dejando asentado que había notificado a María del Carmen Sussini el contenido del oficio judicial 1924/2017, procedente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional de Posadas, Secretaría Electoral a cargo de Alejandra Marcela Rodríguez, en los autos “Expte CNE 1483/2016 – PRO Propuesta Republicana S/ Control de Estado Contable – Balance 01/01/2015 al 31/12/2015”.
Se le solicitó mediante el documento que “en el término de 10 días hábiles de recibido el presente, exprese por escrito su consentimiento del aporte de 10 mil pesos efectuado a la agrupación política PRO – Propuesta Republicana, distrito Misiones, especificando por qué medio se realizó ese aporte, la fecha en la cual realizó efectivamente dicho aporte y que demuestre el origen de los fondos”.
La nota, a la que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN, tiene la firma de la Gendarme mencionada y de la jubilada notificada.
Que se investigue el delito
El 25 de julio del año pasado, Sussini respondió en un escrito a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal, puntualmente dirigido a la doctora Rodríguez, donde indicó que “se presenta y formula descargo”.
La nota indica: “María del Carmen Sussini DNI: 11.429.264, en virtud de lo obrado en los autos mencionados precedentemente, me presento por este acto en salvaguarda de mis derechos y legítimos intereses, solicitándole desde ya se me tenga por presentada y suplica mi concurrencia por medio del presente escrito”. “Que a tal propósito dejo expresamente sentado que no estoy afiliada a ningún partido político y menos aún de haber realizado los aportes dinerarios que se mencionan en la notificación cedularia, los que niego y desconozco expresa y categóricamente. No aporté suma alguna”, agrega de manera enfática.
“Por todas estas razones y ante la posibilidad de la comisión de un delito en los que se ha utilizado mi nombre – el que solicito se investigue – también me reservo el derecho del ejercicio de las acciones que pudieren corresponderme ante los Tribunales y fueros competentes”, finaliza la nota.
¿Cómo seguirá el caso?
En caso que un partido o frente no pueda justificar el origen o los gastos en el balance anual o los gastos de campaña, la justicia podría desaprobar la rendición y, a partir de ahí, hay sanciones como la pérdida de aportes futuros, porcentajes del aporte o multas, dependiendo de la gravedad de la irregularidad.
Si se desaprueba el balance, existe un procedimiento que prevé todos los pasos y la situación puede derivar en una causa penal contra los responsables. Hay antecedentes de sanciones como inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas o suspensión de aportes. Cambiemos ya tiene un antecedente en el caso del humorista Miguel del Sel, exintegrante de Los Midachi, que fue inhabilitado por seis meses por no poder justificar los fondos del balance de 2011.
Otro problema que tuvo el balance del PRO en 2015 fue el aporte de empresas contratistas del Estado o sindicatos, lo cual está prohibido en la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. Este hecho se subsanó recién el año pasado porque la agrupación reintegró el dinero a los aportantes y elevó a la Justicia Electoral los comprobantes del reintegro. También hubo aportantes en provincias como Corrientes y Buenos Aires, en su mayoría empresas conocidas.
