POSADAS. El diputado clossista Daniel Domínguez presentó un polémico proyecto de ley en la legislatura por medio del cual propone herramientas para que el Gobierno tenga el control total sobre las asociaciones civiles sin fines de lucro, incluso con medidas más rigurosas que las que se aplican para el control del mismo Estado.Pretende un control de los afiliados, de los fines y publicidad, propone una organización y conducción similar para todas y un estricto y pormenorizado control de cada peso que ingresa y sale de estas entidades, incluyendo información sobre los aportantes de fondos.El proyecto de Domínguez impulsa la creación de un protocolo “de Calificación, Evaluación y Monitoreo de Organizaciones no Gubernamentales que actúan en el territorio provincial y que reciben fondos de organismos gubernamentales y no gubernamentales, en apoyo del cumplimiento de sus funciones sociales”; incluyendo asociaciones civiles sin fines de lucro, cualquiera sea su función social; fundaciones; cooperativas y mutuales.Se estima que hay más de 5 mil entidades de estas características en la provincia e involucran a casi un millón de personas.En uno de los puntos más polémicos establece que la “evaluación” de las entidades estará a cargo de la Vicegobernación de la provincia, es decir que el Gobierno evaluará a las ONG y podrá aplicar sanciones si considera que no cumplen con sus fines. Deja ese poder en manos de la Multilateral de Políticas Sociales.Entre los fundamentos Domínguez señala en plural: “Creemos que hace falta establecer un protocolo que permita practicar una adecuada calificación y un eficiente monitoreo de estas organizaciones, a fin de conocer de cerca los fines con que se emplean los fondos entregados a las mismas para el cumplimiento de su función social”.“Si bien existen organismos de registro y control de estas entidades, los mismos se reducen a la complementación de sus requisitos jurídicos y contables y la rendición en tiempo y forma de los fondos recibidos en forma de subsidios, sin contemplar el cumplimiento de sus fines”, agregó.En el protocolo, que acompaña al proyecto de ley, señala que “a través de los principios, el donante y el Estado podrán conocer mejor el trabajo y la realidad de las ONG, y contarán con criterios objetivos para decidir con rigor con qué organización colaborar”.Incluso Domínguez avanza en la vida interna de estas entidades pretendiendo obligar funcionar de una determinada manera, restándole autonomía y poder propio de decisión. “Para mejorar el clima de confianza es importante que se conozcan los medios a través de los cuales se financia la ONG y qué entidades, públicas o privadas, están aportando fondos a sus actividades”, se indica. Cada entidad deberá informar “las actividades de captación de fondos privados, su costo y su recaudación anual (donaciones, socios y otras colaboraciones). Serán públicas las fuentes de financiación con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como privados, y las cantidades aportadas por los mismos (…). Y “estarán disponibles al público los tipos de contrato”.En el apartado “Principio de Control en la Utilización de Fondos” se establece que “es importante conocer el destino de los fondos de la ONG, concretamente cuánto se destina a proyectos, cuánto se gasta en la dirección y gestión de la ONG y cuánto en actividades de captación de fondos”.“Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación de Fondos, Programas-Actividad y Gestión-Administración. Se detallarán separadamente los gastos asociados a la actividad mercantil, si la hubiese. Será además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y actividad de la organización”, se agrega.Además “en caso de obtener fondos estatales para proyectos concretos, se realizará una auditoría de cumplimiento, es decir, una comprobación sobre el terreno de la utilización de dichos fondos y los resultados obtenidos”.
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