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Denuncian que el Parque de la Salud prioriza la infraestructura y no al personal

3 enero, 2018

Juan Pasaman, dirigente de la CTA comentó que se lo plantearon a Daniel Hassan: “No se funciona solo con edificios, los trabajadores son imprescindibles”. Multitudinaria marcha en respaldo a los trabajadores. El paro por tiempo indeterminado continúa.El despido de dos bioquímicas y el desplazo de ocho trabajadores del Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) activó una huelga por tiempo indeterminado en ese sector. Los reclamos públicos comenzaron en octubre pasado, pero en realidad desde enero de 2017 ya se había enrarecido la situación laboral. 


Antes dependían directamente del Ministerio de Salud Pública, pero al quedar bajo la injerencia del Parque de la Salud, la relación laboral se volvió precaria. Los mismos trabajadores reconocen la inversión en equipamiento que se ha hecho allí, pero nada de eso ocurrió a la hora de mejoras salariales, al punto de llegar a la situación difícil por la que hoy atraviesan. 

PRIMERA EDICIÓN dialogó con los trabajadores despedidos y desplazados, como así también con Juan Pasamán, el dirigente de la CTA Misiones sobre esta situación. 

“Los sueldos que se pagan en el Parque de la Salud promedian los 13 mil pesos. Inclusive hay profesionales que tienen seis años de formación, más el tiempo que les lleva realizar los posgrados y la residencia. Se preparan en total entre 12 y 15 años para cobrar ese salario bajo, que además está lejos del área de Educación o el de la Justicia”, subrayó el gremialista. 

Indicó que la lógica que se da en el Parque de la Salud es tener cada vez a más contratados en una situación laboral precaria. 

“En el régimen de la carrera sanitaria, el médico y el bioquímico, que estudian la misma cantidad de años, tienen el mismo sueldo y los dos tienen estabilidad laboral. En el régimen laboral de la Fundación Parque de la Salud, el médico gana el doble que un bioquímico y los dos están en condiciones laborales precarias. En este contexto de trabajo, el empleador pasa por arriba de la carrera sanitaria y por encima de las obligaciones laborales con los trabajadores”, dijo el referente local de la Central de Trabajadores de Argentina. 

Recordó que esta es una situación que iniciaron funcionarios de Salud tanto a nivel nacional como provincial. Ginés González García y José Guccione respectivamente. Empezó con ellos y se agravó a través de los años. 

A través de sucesivas inauguraciones que se hicieron en los últimos años, el Parque de la Salud muestra que es un lugar que constantemente recibe inversiones en infraestructura y equipamiento para brindar una mejor atención a los pacientes,  pero eso no se traduce a la situación de los trabajadores. 

“Nosotros se lo planteamos al contador Daniel Hassan (presidente del Consejo de Administración de la Fundación), porque la Salud no puede funcionar solamente con edificios y equipos, el recurso humano es imprescindible y en el caso del Lacmi estamos hablando de personal capacitado y jerarquizado”. 

En ese sentido, Pasamán recordó que la mayoría de los desplazados son docentes universitarios. 

Disciplinamiento 
“Si hablamos de números, el despido de las bioquímicas representa un ahorro de 32 mil pesos mensuales, cuando el presupuesto anual del Parque es de más de dos mil millones de pesos. Si bien nunca hablaron de dinero, “esto muestra a las claras que las echan por una cuestión de disciplinamiento y autoritarismo” dijo el dirigente. 

El despido de las trabajadoras tampoco se inscribiría en una sobreabundancia de personal, ya que, según comentó, ahí se realizan aproximadamente 600 análisis diarios, y se emite esa misma cantidad de turnos. En promedio pasan por allí diariamente una 1.500 personas que son atendidas por el número justo de trabajadores en distintos puestos. 

La policía no las dejó ingresar
Cristina Aguirre, una de las bioquímicas que sufrió el despido encubierto al no renovársele el contrato, relató que ayer, martes, sus compañeros ingresaron y firmaron el libro de asistencias, pero se hicieron presentes efectivos policiales y tanto a ella como a Alejandra Manulak les impidieron la entrada al laboratorio. 

El acceso no estaba bloqueado. Los pacientes podían ingresar y ahí se les explicaban los motivos de la huelga. En el lugar solamente se encontraba trabajando el personal del sector administrativo, que entregaba los resultados de análisis que se hicieron hasta antes que comenzara la huelga. 

Unidos
Aguirre comentó que si bien han ocurrido casos similares de despidos en el Parque de la Salud, es la primera vez que todo un sector se une para apoyar a los compañeros que fueron cesanteados. 

Recibieron apoyo de los médicos del hospital de Pediatría, como así también los de algunos sectores del Hospital Escuela, debido a la gravedad de la situación. 

“Nunca cuestionaron nuestro trabajo”
El ministro Walter Villalba declaró a este diario días pasados que “la decisión de no renovación de contrato a esas dos personas tiene que ver con una decisión de quien conduce, que recomendó en su momento su incorporación y que aparentemente no han cumplido los objetivos laborales”. 

La delegada despedida negó esta versión y aseguró que tienen el apoyo de las médicas del sector de endocrinología. “Nuestro trabajo como bioquímicas no fue cuestionado en ningún momento”. 

Declaró que en 2011 inició su residencia en el Lacmi y desde noviembre de 2014 quedó como contratada al Parque de la Salud. Por los años de servicios en el lugar, sería evidente que siempre cumplieron con los objetivos que les exigían. 

“Casualmente” a las únicas contratadas a las que dejaron sin trabajo fueron ellas, las delegadas gremiales que fueron cara visible de las protestas. “Es injusto y es evidente que es un despido arbitrario para ejemplificar a través nuestro que ninguno pueda reclamar nada”, remarcó. 

“Si bien es una situación horrible la que estamos atravesando, también pensamos en los pacientes que no están recibiendo la atención que merecen debido a la irresponsabilidad de los jefes de Salud”, sentenció Aguirre. 

“Quieren desmantelarlo”
Graciela Medina, una de las ocho trabajadoras que fueron desplazadas sin que sepan aún a qué destino las enviarán, comentó que no los quieren más en el laboratorio y buscan “desmantelarlo” al decidir sacar al personal de planta. “No va quedar nadie de los trabajadores de planta con más experiencia”, opinó Medina. 

“De forma encubierta están desmantelando el laboratorio. No quieren que los de planta sigamos ahí, porque como tenemos estabilidad laboral podemos visibilizar lo que está mal sin que nos echen”. 

A su entender se ocuparán esos lugares con contratos precarizados. Eso va a provocar que a futuro por cualquier motivo, puedan despedirlos sin posibilidad de que los demanden. 

Perjudicará su funcionamiento
La docente de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales, investigadora y bioquímica  del Lacmi, Susana Castillo Rascón, subrayó en diálogo con este Diario que los desplazamientos van a perjudicar el funcionamiento del laboratorio, porque la parte de endocrinología va a quedar desmantelada, sin profesionales específicos luego de los despidos.

“Además habrá dificultades en lo que refiere a los análisis neonatales, puesto que la jefa del sector, quien también es jefa del programa a nivel provincial, es otra de las desplazadas. Lo mismo sucederá con los estudios de hematología, orina y parasitología”, comentó la profesional. 

Remarcó que también generará consecuencias desde el punto de vista de la formación de los profesionales, ya que los alumnos de la facultad de Ciencias Exactas rotan por el laboratorio todos los años. “Eso va a generar perjuicios porque van a quedar canceladas esas áreas como así también los proyectos de investigación que los alumnos realizan”, opinó.  

“Hace 35 años que trabajo en el laboratorio. Fui jefa de residentes y de área, nunca nos pasó algo así”. 

Recordó que el problema comenzó en enero de 2017. Hasta el año anterior los trabajadores del Lacmi formaban parte del Ministerio de Salud Pública y luego pasaron a depender del Parque de la Salud. “Desde el punto de vista del funcionamiento, el laboratorio mejoró en el sentido que se incorporó equipamiento,  pero en lo que refiere a los recursos humanos empeoró la situación. Hubo varios que se jubilaron y esos cargos se cubrieron simplemente con contratos”, detalló. 

“Queremos volver a trabajar por eso nos hemos formado durante tantos años, para darle prestaciones a la gente, pero tampoco tienen derecho a que me desplacen después de 35 años de trabajo por  el hecho de defender a mis compañeros. Es muy injusto”, dijo Castillo. 

En el marco del paro por tiempo indeterminado, hoy desde las 8 arrancó una nueva movilización de trabajadores en el arco de acceso al Hospital por avenida López Torres.

Insisten en que se cumplan tres puntos: 1) La restitución de sus puestos a las despedidas. 2) Que se revierta el traslado de los trabajadores de planta. 3) La renuncia de los jefes de servicio quienes fueron los que recomendaron los despidos y traslados. 
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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