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Familiares autoconvocados buscan frenar las exhumaciones en La Piedad

24 agosto, 2017

En la capital provincial, un numeroso grupo de vecinos protestó ante la forma en que se procedió a ejecutar las exhumaciones en el cementerio municipal La Piedad. Los deudos cuestionan al administrador de aplicar una ordenanza de la época de la Dictadura y retirar los cuerpos, no solo de las personas con deudas, sino también de manera compulsiva de quienes pagan. Al respecto PRIMERA EDICIÓN dialogó con Mabel Rivero quien formó parte del reclamo ante las autoridades municipales. “No estamos de acuerdo con las exhumaciones de los cuerpos según lo que dice la ordenanza XIII Nº2 (antes decreto – ordenanza 118/82), la cual explica que superados los cinco años en tierra, a criterio de la Municipalidad, hay que poner a los enterrados en una urna y alzarlos a un nicho”. Durante la mañana del lunes se reunieron en la entrada del cementerio municipal, acompañados de carteles que señalaban el amplio rechazo a los procedimientos realizados en la necrópolis. “Lo que pasa con la ordenanza es que viene de 1982, durante el gobierno militar, la cual nunca se cumplió. Ahora la gestión comunal puso a regir la ordenanza, entonces comenzaron a sacar los cuerpos”, explicó Rivero. Además agregó que “los vecinos planteamos que cuando fuimos a solicitar el servicio al cementerio, desconocíamos totalmente la ordenanza, no nos dijeron cuáles eran las condiciones, no se informó sobre los procedimientos hasta que nos encontramos con la exhumación de los cuerpos”. Desde la MunicipalidadPor su parte este Diario contactó a un funcionario encargado de La Piedad, el director de Administración Descentralizada de la Municipalidad, Alberto Penayo, quien sostuvo que “la aplicación de la ordenanza hay que respetarla, de alguna manera es la que ordena la vida en la ciudad, nuestro trabajo es  implementarla conforme lo establecido”.  Sobre el reclamo de los vecinos agregó que “según ellos es de la Dictadura, les tengo que hacer una corrección ya que en el 2011 se sanciona el Digesto Jurídico Municipal de la ciudad de Posadas, esa norma pasa por ese filtro y, a partir de ahí, es una ordenanza democrática. De ahí recibe su número, el cual cambió porque hoy es la XIII, antes era decreto 182/82”.Sobre la forma en la que se trabajó con las exhumaciones existe una confusión, ya que en general se cree que esto solo se relaciona con aquellos que poseen deudas con el cementerio municipal, pero no es así.“Hay mucha gente que se nos acerca y nos dice a mí no me van a tocar porque tengo todo pago, no debo nada, pero ellos se basan en lo que dicen la ordenanza, los que cumplieron el tiempo en la tierra los sacan”, indicó Rivero. Al consultar cómo se establecían los procedimientos Alberto Penayo reconoció a PRIMERA EDICIÓN que “lo que pasó es que a partir del 2011, o quizás desde antes, se aplicaba de manera parcial en las gestiones anteriores, lo hacían con aquellos que tenían deudas cuando la ordenanza no se aplica por un motivo de deudas, establece un rigor en el tiempo, son cinco años a reducciones simples y luego a criterio del municipio, pasado ese lapso se comunica a los familiares y tienen 30 días para decidir qué hacer, llevarlos o cremarlos”, recordó.Aviso previoEn determinada instancia se debe informar a los deudos de la situación en la que se encuentran. Pero, de acuerdo a lo que denuncian los vecinos, esto a veces no se cumple. “Nos enteramos de distintas maneras, algunos fueron a visitar la tumba del familiar y se encontraron con que había otro muerto recién enterrado, preguntaron qué pasó, les decían que hubo un error, le dan unos huesos; hubo otros casos como el mío que cuando fui a pagar la tasa anual me dijeron de la exhumación del cuerpo de mi hijo, ahí ya te dan la fecha y la hora, la medidas de las urnas para el día del turno del trabajo”.En su defensa, el director del cementerio municipal negó esas acusaciones. “No existe eso de retirar cuerpos sin avisar ni comunicar, algunos dijeron que se los mete en bolsas negras cuando esto no es así, siempre hay un diálogo con los familiares, ni siquiera se usan esas bolsas, tenemos unas rojas especiales, orgánicas, se realizan únicamente las exhumaciones previamente notificadas, luego va a urna y después de ahí a nicho,  según lo establece la ordenanza. Toda es una cuestión mediática”.Además, dio un panorama de cómo se encuentra La Piedad actualmente. “La ocupación aproximada está en el orden de los 43 mil o 44 mil lugares, que no varía por más que salga, porque estamos uno a uno, se retira uno y entra otro así estamos no varía ese monto”, dijo. En el caso puntual de las exhumaciones, Penayo comentó que “se han hecho tres mil desde marzo a agosto del 2017 y hay mil más programados hasta diciembre de este año. Pautados, hay cuatro mil casos”, confirmó. En cuanto a los reclamos sostuvo que son pocos, pero con estos casos que atañen a una ordenanza “para tratarlo deben dirigirse hacia los concejales”.Ahora los familiares autoconvocados reclaman que se analicen soluciones a esta problemática generada por la ordenanza vigente. Por este motivo acercaron su reclamo hasta al Concejo Deliberante y fueron recibidos por su presidente, el edil Alejandro Velázquez quien se comprometió a “presentar en la sesión ordinaria del jueves 24 (hoy) un proyecto de resolución solicitando el inmediato cese de exhumación de los cuerpos que descansan en el cementerio capitalino”.Además afirmó que “existe la posibilidad de que el municipio adquiera tierras para ampliar la capacidad  del mismo”. 

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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